EN TErrENo HoSTIL: LAS VIoLACIoNES A LoS DErECHoS [PDF]

EN Terreno HOSTIL: LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN LA APLICACIÓN DE LAS LEYES DE INMIGRACIÓN EN EL SUROESTE DE ESTADOS UNIDOS

Amnistía Internacional es un movimiento

de más de 3 millones de simpatizantes, miembros, y activistas en más de 150 países y territorios quienes hacen campaña para eliminar los serios abusos de derechos humanos. global

Nuestra visión es que cada persona

disfrute todos los derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros estándares internacionales sobre derechos humanos. Nosotros somos independientes de cualquier gobierno, ideología política, interés económico o religión y somos financiados principalmente por nuestros miembros y donaciones públicas.

www.amnesty.org Publicado por Amnistía Internacional de EEUU 5 Penn Plaza Nueva York, NY 10001 EEUU www.amnestyusa.org © Amnistía Internacional Publicationes 2012 Index: AMR 51/018/2012 ISBN: 978-0-86210-475-7 Idioma original: Inglés Todos los Derechos están Reservados. Esta publicación está bajo derechos de reproducción, pero podría ser reproducido por cualquier método sin ningún costo si es para la abogacía, hacer campañas, o para propósitos educativos, pero no para la venta. Los dueños de los derechos de reproducción piden que todo uso de esta publicación sea reportado con ellos con el propósito de evaluar su impacto. Para copiarlo bajo cualquier otra circunstancia, o para ser utilizado en otras publicaciones, o para traducción o adaptación, se debe obtener permiso por escrito de los editores, y un honorario podría ser requerido.

En la Portada

Cerca fronteriza cerca de Sasabe, Arizona Foto cortesía de Tasya van Ree

EN TERRENO HOSTIL: LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN LA APLICACIÓN DE LAS LEYES DE INMIGRACIÓN EN EL SUROESTE DE ESTADOS UNIDOS

CONTENIDOS

Metodología y Agradecimientos 06 Una nota sobre la terminología 07 Lista de abreviaciones 08

1

INTRODUCCIÓN 09 Recomendaciones clave 12

2

MUERTES DE MIGRANTES EN EL DESIERTO 15 Políticas de control fronterizas – un ‘peligro mortal’ 17 Identificación de los restos de los migrantes 22

3

ABUSOS CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS 25 Documentación para identificación 27 La Nación Yaqui 28 La Nación Tohono O’odham 29

4

EL PERFILAMIENTO RACIAL Y OTRAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN 33 Detención y registro 37 Arrestos, detenciOnes, y deportaciones 42 Leyes estatales anti-inmigrantes 45 Falta de controles y responsabilidad 46

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EN TERRENO HOSTIL

5

ABUSOS DURANTE LA DETENCIÓN Y LA DEPORTACIÓN 49

6

LA NEGACIÓN DE LA JUSTICIA PARA LOS SOBREVIVIENTES DE CRIMENES 57 Fracasos en la identificación de sobrevivientes 59 Cuestionamiento inapropiado – el tema del consentimiento 63 Dificultades en obtener certificados de cooperación 64 Acceso inadecuado a la asistencia para los sobrevientes del tráfico 65 Puestos de registro y retención y patrullas ambulantes de vigilancia 66 Crimenes de odio contra los inmigrantes 67

3

7

BARRERAS A LA EDUCACIÓN, CUIDADO DE SALUD, SERVICIOS SOCIALES Y EMPLEO 69 Acceso a la educación 70 Acceso al cuidado de salud 72

8

RECOMENDACIONES DE AMNISTÍA INTERNACIONAL 75

REFERENCIAS 81

Mapa de la frontera entre México y Estados Unidos

El mapa identifica lugares visitados por los investigadores de Amnistía Internacional para este informe.

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5

Metodología y Reconocimientos

Este informe está basado en una investigación desarrollada en 2010 y 2011 por Amnistía Internacional EEUU. La investigación se enfocó principalmente en dos estados – Texas y Arizona – lo cuales tienen los tramos más largos de la frontera entre EEUU y México en el suroeste. La investigación está basada en entrevistas de Amnistía Internacional con inmigrantes individuales y sus familias, con sobrevivientes de abuso, aliados, activistas, proveedores de servicios, académicos, oficiales públicos, y personal médico forense. La investigación se desarrolló en Austin, Houston, San Antonio, El Paso, Del Río, Webster, y Harlingen en Texas; y en Fénix, Tucson, y Sells (Nación Tohono O’Odham) en Arizona. Los nombres y otros detalles personales de algunos participantes que hablaron con Amnistía Internacional han sido omitidos para respetar sus pedidos de privacidad. En algunos casos, Amnistía Internacional se ha valido de las versiones de defensores y los medios de comunicación para enfatizar el sufrimiento de inmigrantes individuales, debido a que la persona involucrada ya había sido deportada o porque algunos individuos temían hablar sobre sus experiencias, aun si se les prometía que permanecerían anónimas.

de Aduanas y Protección Fronteriza del Departamento de Seguridad Interna de EEUU, la Oficina del Alguacil del Condado de Harris, el Departamento de Policía de Houston, y el Departamento de Policía de Tucson. Amnistía Internacional envió cuestionarios a las agencias de policía en Texas y Arizona buscando información sobre sus leyes de cumplimiento migratorio y de cooperación con agencias federales de inmigración. De las 275 encuestas enviadas a agencias de policía, solamente 23 fueron completadas y retornadas. Veintiséis agencias formalmente declinaron completar la encuesta y 226 no respondieron para nada. Amnistía Internacional también hizo pedidos bajo el Acta de Acceso a la Libertad de Información con Immigration and Customs Enforcement, la Patrulla de Aduanas y Fronteras, y los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EEUU. También se hicieron solicitudes para acceso a Récords Públicos con varias agencias de la ley a nivel local o de condado, o con agencias de bienestar social en Texas y Arizona. Amnistía Internacional entrevistó a oficiales locales y federales

Amnistía Internacional también examinó reportajes de los medios de comunicación sobre incidentes de violaciones a los derechos humanos de inmigrantes, y documentó y monitoreó legislación federal y estatal actual y pendiente sobre la aplicación de las leyes migratorias y los derechos de los inmigrantes.

a todos aquellos que aceptaron hablar sobre sus experiencias. Amnistía Internacional está agradecida con todas las organizaciones, expertos, e individuos que generosamente compartieron información, sus perspectivas y análisis.

Amnistía Internacional desea agradecer

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Una nota sobre la terminología

Ningún término por si solo para describir la situación de los migrantes es aceptado universalmente. El término “migrante” es usado en la ley internacional de derechos humanos para referirse a personas que se mudan de un país a otro a vivir y el término “migrante irregular” se usa con más frecuencia para referirse a personas que no tienen permiso legal para quedarse en un país. Sin embargo, los términos más usados en EEUU para describir estas situaciones son “inmigrantes” e “inmigrantes indocumentados”, y esto se refleja en el lenguaje de este informe.

que respeta los deseos de los individuos o comunidades de los que se habla. Por ejemplo, ningún término es aceptado universalmente por todas las personas de descendencia latinoamericana en EEUU y aunque este informe usa los términos “Hispano” y “Latino/a” en forma intercambiable, esto de ninguna forma busca minimizar o ignorar la complejidad de la diversidad de formas en que las personas pueden identificarse en diferentes contextos, o generalizar sus experiencias. Amnistía Internacional trata de usar lenguaje

es la mayor agencia dentro del Departamento de Seguridad Interna (Homeland Security) responsable del cumplimiento migratorio a lo largo de la frontera. La Patrulla Fronteriza es una sub-agencia de CBP. “CBP”, con frecuencia, es usado por personas en la región de la frontera suroeste para describir a los agentes de la Patrulla Fronteriza. En este informe, la descripción dada a Amnistía Internacional durante entrevistas ha sido usada. Sin embargo, cuando es posible el informe diferencia el tema relacionado específicamente a la Patrulla Fronteriza y al CPB. La Customs and Border Protection (CBP)

han sido guiadas por un número de factores, incluyendo la necesidad de garantizar que el informe es lo más accesible como sea posible para diversas audiencias en EEUU y alrededor del mundo. Las decisiones en la terminología en este informe

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Lista de abreviaciones

ACLU

Unión Americana para las Libertades Civiles

CAT

Convención Contra la Tortura y Otro Tratamiento Cruel, Inhumano o Degradante o Castigo

CBP

Agencia para la Protección de Aduanas y Fronteras

CEDAW Convención para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación Contra las Mujeres CEDAW Committee Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Contra las Mujeres CRC

Convención Sobre los Derechos del Niño

CRECEN Centro de Recursos Centroamericanos (Central American Resource Center) DHS

Departamento de Seguridad Interna

Acta DREAM Acta de Desarrollo, Ayuda, y Educación de Extranjeros Menores de Edad IACHR Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos ICCPR Convención Internacional Sobre Derechos Civiles y Políticos ICE

Agencia de Inmigración y Aduanas

ICERD Convención Internacional para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación Racial ICESCR

Convención Internacional Sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales

INA

Acta de Inmigración y Nacionalidad

IIRIRA

Acta para la Reforma de la Inmigración Ilegal y la Responsabilidad Inmigrante

Migrant Workers Convention

Convención Internacional para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familiares

ONG

Organización no Gubernamental

MALDEF Fondo para la Defensa Legal y Educacional Mexicano Americano PCOME

Oficina del Médico Forense del Condado de Pima

RAICES

Centro de Educación y Servicios Legales para Refugiados e Inmigrantes

SACASA

Centro del Sureste de Arizona Contra el Asalto Sexual

SPLC

Centro Legal de la Pobreza Sureña

UDHR

Declaración Universal de los Derechos Humanos

USCIS

Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos

VTVPA Acta para la Protección de Víctimas del Tráfico Humano y la Violencia

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EN TERRENO HOSTIL

CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

9

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN

1

CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

un ciudadano de EEUU de descendencia dominicana, fue a ayudar a tres empleados de su padre que se habían accidentado. Un policía estatal de Texas fue a la escena del accidente y ya estaba allí cuando llegó Alfredo. Alfredo le describió a Amnistía Internacional como el policía estatal se retrasó continuamente en completar el reporte del accidente: “Yo pensé que era un accidente típico pero se tardó más…Le pregunté al policía estatal cuanto tiempo tendríamos que esperar y él dijo ‘solo un poco más’ y nunca dijo porqué.” Después de tres horas, cuatro oficiales del Alguacil llegaron y rodearon a Alfredo y al resto del grupo con sus vehículos. De acuerdo a Alfredo: “Él fue muy abusivo. Me preguntó, ‘¿cómo están en Estados Unidos?’ y dijo ‘siéntense o les pego’ a todos. Al principio él no creía que yo era ciudadano estadounidense. Cuando se dio cuenta que sí, dijo ‘lo siento’ y se identificó como agente del ICE, mostrándome su identificación… Él trató de intimidar a todos. Él hizo comentarios que eran ilegales. Él nos trató peor que a los animales.”1 En abril de 2011, Alfredo G.,

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Instalaciones centrales del Sector de Tucson de la Protección de Aduanas y Fronteras de EEUU (CBP), Arizona. © Amnistía Internacional

La experiencia de Alfredo es típica de las violaciones de derechos humanos dirigidas contra las comunidades de color que viven en el suroeste de EEUU, específicamente en Texas y Arizona. Los inmigrantes, ciudadanos de EEUU de descendencia Latina y los pueblos indígenas son desproporcionalmente objeto de paradas de tránsito y registros debido al perfilamiento discriminatorio basado en raza, etnicidad y estatus indígena por parte de agentes del orden federal, estatal y local. No hay monitoreo ni responsabilidad por parte de agentes de inmigración y de la policia y como resultado los responsables de abusos de derechos humanos raramente tienen que responder, lo que hace que dichas prácticas se conviertan en algo común y difícil de erradicar. Los inmigrantes también encaran obstáculos cuando buscan acceso a la justicia y soluciones para ciertos crímenes tales como la violencia doméstica y el tráfico humano. Además, la proliferación de leyes estatales establecidas recientemente obstaculiza la habilidad de los inmigrantes de obtener educación y acceso a servicios esenciales. Aunque generalmente se acepta el derecho que poseen los países para regular la entrada y salida de sus territorios de las personas que no son ciudadanas, ellos solo pueden hacerlo dentro del marco de sus obligaciones a los derechos humanos. El Gobierno de EEUU bajo la ley internacional de derechos humanos tiene la obligación de garantizar que sus leyes, políticas y prácticas no ponen a los inmigrantes en mayor riesgo de sufrir abusos de derechos humanos.

con frecuencia las restricciones migratorias previenen a los que viven en la pobreza de entrar al país legalmente.6 Migrantes que no tienen autorización oficial con frecuencia terminan marginalizados y en mayor riesgo de sufrir abusos de derechos humanos mientras migran y una vez que han llegado a su destino. La jornada de muchos migrantes empieza mucho antes de llegar a la frontera entre EEUU y México. En Victimas Invisibles: Migrantes en Marcha en México,7 Amnistía Internacional documenta los niveles increíbles de abuso que padecen decenas de miles de migrantes irregulares centroamericanos en su ruta por México hacia EEUU. Para los que sobreviven la inseguridad extrema y los peligros de su viaje por México, arribar a la frontera trae sus propios peligros. Migrantes indocumentados frecuentemente viajan a pie por los desiertos, o son transportados en baúles, camionetas llenas, camiones, o como carga humana en contendedores de transporte comercial. La creciente aplicación de leyes de inmigración en ciertas áreas fronterizas ha forzado a inmigrantes indocumentados a usar rutas particularmente peligrosas a través del desierto estadounidense; y por eso, cientos de personas mueren cada año. “Podría ser más peligroso cruzar ahora que antes. Aunque parece que menos personas cruzan la frontera, un porcentaje más alto está muriendo.” Doctor Bruce Parks, Jefe Médico Forense, Oficina del Médico Forense del Condado de Pima, 28 de abril de 2011

“Me parece que, si dispararle a estos marranos salvajes inmigrantes funciona, tal vez hemos encontrado una [solución] a nuestro problema de inmigración ilegal.” Congresista de Kansas, Virgil Peck, 13 de marzo de 20112

En años recientes se ha visto un crecimiento del sentimiento anti-inmigrante. Esto se refleja en la proliferación de nuevas leyes anti-inmigrantes en varios estados, incluyendo Alabama, Arizona, y Georgia, y en la polarización, a nivel estatal y federal, de la discusión política y en los medios de comunicación sobre este tema.3 Las razones de la migración son variadas y complejas. Algunos lo hacen para mejorar sus situaciones económicas, reunirse con familias, u obtener educación. Otros dejan sus países para escapar de la violencia, pobreza, o discriminación. Aunque la pobreza es un tema latente que contribuye a la decisión de la gente de migrar,

11 CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN

Una vez que los inmigrantes se establecen en EEUU, corren el riesgo de tratamiento discriminatorio por parte de los agentes federales de inmigración. Esto también ha incrementado el riesgo para otras comunidades que viven a lo largo de la frontera EEUU-México sujetas al perfilamiento racial por agentes de la ley estatales y locales. Ciudadanos de varias naciones indígenas y miembros de comunidades latinas y otros que son ciudadanos estadounidenses o están legalmente en EEUU tienen más posibilidades de ser detenidos e interrogados sobre su estado migratorio y ser arrestados por ofensas menores como pretexto para chequear sus identidades en el sistema migratorio. Los agentes de las leyes locales y estatales no tienen capacitación adecuada sobre cómo implementar las leyes federales de inmigración en una forma no discriminatoria. También falta el control

La Población Inmigrante en EEUU De 300 millones de personas viviendo en EEUU en 2010, aproximadamente 40 millones nacieron en otro país, y casi 1.8 millones de personas migran a EEUU cada año.4 Casi tres cuartos de la población inmigrante está en EEUU legalmente; otros 11.2 millones de personas han entrado sin autorización oficial. Los mexicanos son casi el 60 por ciento de la población indocumentada en EEUU, y otros latinoamericanos, particularmente de El Salvador y Guatemala, comprimen otro 23 por ciento.5

y la transparencia, lo que permite que el perfilamiento racial se convierta en una práctica común. Y finalmente, aquellos que están sujetos al cumplimiento inmigratorio podrían sufrir más violaciones durante el arresto, la detención y la deportación, incluyendo violaciones al debido proceso y la separación familiar. La aplicación inmigratoria en EEUU es exclusivamente una responsabilidad federal.8 Sin embargo, legislación aprobada o propuesta recientemente en varios estados del suroeste específicamente se enfoca en los inmigrantes y los pone en mayor riesgo de discriminación. Por ejemplo, algunas leyes ordenan que los agentes de la ley local y estatal investiguen el estatus inmigratorio de una persona si existe una “sospecha razonable” que la persona está indocumentada. Dichas leyes exponen a los inmigrantes y las comunidades de color a lo largo de la frontera en mayor riesgo de perfilamiento racial por agentes locales de policía. Las comunidades inmigrantes también encaran varios obstáculos para la justicia. Por ejemplo, legislación estadounidense contiene provisiones para que inmigrantes indocumentados que son víctimas de crímenes, tales como el tráfico humano o la violencia domestica, reciban temporalmente estatus migratorio legal y puedan buscar medidas contra los perpetradores del crimen. Aun así, sobrevivientes le han dicho a Amnistía Internacional que mucha gente puede dudar en contactar a las autoridades de la ley para aplicar para dichas medidas porque temen ser detenidos y deportados, o perder custodia de sus hijos. El hecho que agentes del orden local son utilizados para implementar programas federales de inmigración ha exacerbado este problema. Los que deciden reportar crímenes aún pueden tener las puertas de la justicia cerradas si los agentes del orden los ven, no como víctimas de crimen, sino como criminales. Frecuentemente, las leyes y políticas estatales y locales crean barreras o desaniman a los inmigrantes en el acceso a sus derechos a la educación y la salud. Además, los hijos de migrantes indocumentados que son ciudadanos estadounidenses y califican para seguro médico financiado por el gobierno y beneficios alimenticios frecuentemente no los pueden tener porque el proceso de aplicación para los mismos requiere que informen sobre el estatus inmigratorio de los padres, lo que los pone en mayor riesgo de ser deportados y separados de sus familias. Aunque el desarrollo y la implementación de políticas inmigratorias son temas para gobiernos individuales, dichas políticas

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deben ser compatibles con la ley y estándares internacionales de derechos humanos. Todos los inmigrantes, sin importar su estatus legal, tienen derechos humanos. Este informe muestra que EEUU se está quedando atrás en sus obligaciones bajo la ley internacional de garantizar estos derechos.9

Recomendaciones clave Para combatir la discriminación y otros abusos contra los inmigrantes documentados e indocumentados, ciudadanos estadounidenses de origen latino y pueblos indígenas en el Suroeste de EEUU, Amnistía Internacional insta a las autoridades a tomar los siguientes pasos como prioridad. 1. Todos los programas para el cumplimiento migratorio deberían suspenderse para ser evaluados y analizados por la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Interna y determinar si los programas son implementados en forma no discriminatoria.

2. Todos los gobiernos deben garantizar

que las leyes respeten los derechos inmigrantes, incluyendo los derechos a estar libres de discriminación, el debido proceso, y los derechos a la salud y la educación. El gobierno federal también debería tomar algunas medidas para garantizar que leyes estatales no interfieren con su responsabilidad de aplicar las leyes migratorias. 3. E n consulta con gobiernos Tribales ,

la Protección de Aduanas y Fronteras de EEUU debería respetar y facilitar el uso de pasaportes Indígenas/Tribales, documentos de identidad e inmigración para el cruce de fronteras, específicamente para las Tribus del área de la frontera suroeste. El Departamento de Seguridad Interna debería garantizar que los requisitos para dichos documentos no son tan dificiles que crean obstáculos para que califique la gente indígena. 4. E l Congreso Estadounidense debe garantizar la igualdad de acceso a la justicia y la protección de los sobrevivientes de crímenes aprobando legislación que hace la verificación del cumplimiento de la ley opcional para todas las visas temporales para victimas del crimen. En particular, criterios deben desarrollarse para hacer que el proceso para obtener la verificación y cualquier razón para negarla sean transparentes y consistentes.

LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES EN LA LEY INTERNACIONAL “La arquitectura de la ley de derechos humanos está construida sobre el principio que todas las personas, en virtud de su humanidad esencial, deberían disfrutar todos los derechos humanos.” David Weissbrodt, Relator Especial de las Naciones Unidas para los No-Ciudadanos.10

El concepto de los derechos humanos está basado en el reconocimiento de la dignidad inherente y el valor de cada ser humano.11 Bajo la ley internacional, todos los migrantes sin excepción de cualquier tipo tienen: derecho a la vida ;12 derecho a no ser torturados y maltratados;13 el derecho a no ser sujetos a discriminación no permisible;14 el derecho al reconocimiento ante la ley;15 y el derecho a no ser sujetos a la esclavitud.16 Además, todos los migrantes, sin importar su estatus, tienen garantizado buscar los niveles más altos en los estándares de salud mental y física;17 así como también el derecho a la educación.18 El principio de la nodiscriminación es central para la protección de los derechos humanos de todos los migrantes. Cualquier diferencia en los tratos impuestos a los migrantes deben cumplir con la ley internacional – los mismos no deben romper los derechos humanos de los migrantes internacionalmente reconocidos. EEUU ha ratificado, y por lo tanto tiene una obligación de cumplir, muchos de los tratados claves de derechos humanos que garantizan estos derechos fundamentales, incluyendo la Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (ICCPR); la Convención Internacional para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación Racial (ICERD); y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Castigos Crueles, Inhumanos o Degradantes. EEUU ha firmado la Convención Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención para los Derechos del Niño; y la Convención para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación Contra las Mujeres.19 Como firmante de estos tratados, el país tiene la obligación de abstenerse de acciones que podrían derrotar su objetivo y propósito.20 La ley internacional también obliga a EEUU a proteger y promover los derechos humanos y a proteger a las personas de violaciones de estos derechos por terceras partes, el principio de “diligencia debida.”21 Esto incluye la obligación de prevenir las violaciones de derechos humanos, investigar y castigarlas cuando ocurren, y proveer compensación y servicios de apoyo para las víctimas.22

13 CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN

LEY FEDERAL DE INMIGRACIÓN Dos divisiones dentro del Departamento de Seguridad Interna (DHS) son responsables del cumplimiento de la ley federal de inmigración: la Protección de Aduanas y Fronteras (CBP) es responsable del cumplimiento en la frontera estadounidense,23 y la Agencia de Aduanas e Inmigración (ICE) es responsable de su cumplimiento adentro de EEUU. El Acta de Inmigración y Nacionalidad24 define los criterios para determinar los no-ciudadanos que califican para entrar o permanecer en EEUU, y establece reglas y procedimientos para la detención y remoción de los no-ciudadanos. El Acta les da a los agentes de inmigración autoridad para detener inmigrantes sin órdenes si hay una “razón para pensar que el extranjero…está en Estados Unidos en violación de cualquier ley [inmigratoria] y podría escapar antes de que se pueda obtener una orden.”25 Bajo el acta, inmigrantes que han cometido ciertos crímenes deben ser arrestados.26 El DHS tiene poder para detener inmigrantes sin ninguna audiencia ante un juez de inmigración para que el detenido no tenga la oportunidad de cuestionar la legalidad o las condiciones de su detención.27 El sistema de detención mandatorio de EEUU, el cuál provee para la detención automática de personas sin revisiones adecuadas, es una detención arbitraria y una violación de la ley internacional.28 El Acta para la Reforma de la Inmigración Ilegal y la Responsabilidad de Inmigración fue una de varias medidas legislativas activadas en 1996 que expandieron tremendamente las categorías de personas que estaban sujetas a la detención obligatoria. La detención obligatoria se requiere ahora para los que han sido declarados culpables de varios crímenes, incluyendo delitos menores no sujetos a tiempo en prisión.29 Esto viola la ley internacional, la cual obliga a los gobiernos a garantizar a los inmigrantes y los que buscan asilo alternativas a la detención, en la ley y en la práctica. En efecto, para establecer que la detención de una persona es necesaria y proporcional, los gobiernos deben primero considerar medidas alternativas menos restrictivas.30 En años recientes, dos propuestas de ley sobre inmigración han sido introducidas en el Congreso de EEUU que, si son aprobadas, podrían impactar significativamente los derechos de los migrantes. El esfuerzo legislativo más reciente para reestructurar el sistema de inmigración actual es el Acta para la Reforma Comprensiva de la Inmigración de 2011. Introducida en junio de 2011 por el Senador de Nueva Jersey, Robert Menéndez, la propuesta de ley incluye elementos para fortalecer la seguridad fronteriza, desarrollar un programa legislativo, ordenar el uso de alternativas a la detención para algunos inmigrantes indocumentados, y crear una comisión permanente para evaluar el mercado laboral y recomendar cuotas para visas.31 La propuesta de ley también incorpora el Acta para el Desarrollo, la Ayuda y Educación de Menores Extranjeros (Acta DREAM) de 2011.32 Esto podría permitir a un grupo de estudiantes inmigrantes legalizar su estatus si cumplen ciertos requisitos.33 Desde el 2001, el Acta DREAM ha sido introducida en el Congreso varias veces,34 pero hasta enero de 2012, ni el Acta DREAM o el Acta para la Reforma Comprensiva de la Inmigración habían sido aprobadas. 14 EN TERRENO HOSTIL

CAPÍTULO 2

MUERTES DE MIGRANTES EN EL DESIERTO

15 CAPÍTULO 2: MUERTES DE MIGRANTES EN EL DESIERTO

2

CAPÍTULO 2

MUERTES DE MIGRANTES EN EL DESIERTO

“Familias experimentan lo que sicólogos denominan,

‘Perdida Ambigua’, lo que significa que el estatus del ser amado está en duda – no resuelto. El proceso de dolor no puede dar inicio porque la persona no está muerta ni viva. Familias a veces reportan un temor debilitante y una inhabilidad de enfocarse en las tareas diarias. En cualquier momento de su día ‘normal, su ser querido puede estar sufriendo en algún lado, sin ayuda. La búsqueda los consume. Y sin ningún sistema organizado para búsqueda, las familias tienen que hacerlo solas” Robin Reineke, del Proyecto para los Migrantes Desaparecidos y No Identificados en la Oficina del Médico Forense del Condado de Pima, hablando con Amnistía Internacional sobre la experiencia de las familias de migrantes desaparecidos.35 En junio de 2010 ,

un hombre guatemalteco de 32 años desapareció mientras trataba de cruzar el desierto de Arizona. El había venido a EEUU a buscar trabajo para mantener a su esposa y bebé de 11 meses. Su esposa recibió una llamada anónima diciendo que su esposo había caminado por tres horas en el desierto antes de darse por vencido, pero la Oficina del Médico Forense del Condado de Pima (PCOME) no pudo confirmar si los restos no identificados en la Oficina eran los de su esposo.36 Esta tragedia familiar se repite en hogares de pueblos y villas en México y Centroamérica. Las políticas de control migratorio de EEUU intencionalmente desvían migrantes que tratan de cruzar a EEUU sin permiso hacia rutas peligrosas, incrementando el riesgo de accidentes o muerte en el desierto a lo largo de la frontera. Miles de migrantes han muerto cruzando la frontera entre EEUU y

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México en la última década.37 De acuerdo a estadísticas de CBP, 3,557 personas murieron entre 1998 y 2008 tratando de cruzar la frontera hacia EEUU. Sin embargo, la colección de datos de CBP no es adecuada y posiblemente es un cálculo muy bajo.39 Por ejemplo, las figuras de CBP no incluyen detalles de muertes que ocurren en el lado mexicano de la frontera, y no todas las muertes son reportadas a la Patrulla fronteriza por agentes locales de la ley. Una auditoria de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) concluyó que la inconsistencia en la colección de datos y la falta de coordinación entre agencias significa que las estadísticas del CBP subestiman la escala del problema tal vez hasta un 43 por ciento cada año.40 Datos de otras fuentes incluyendo ONGs y la Secretaria de Relaciones Exteriores de México sugieren que el número de muertes durante ese

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Un zapato abandonado en las cercanías de la cerca fronteriza de Sasabe, Arizona. Foto cortesía de Tasya van Ree Lado opuesto

Mapa de aridez del Desierto de Sonora hacia donde los inmigrantes son forzados por las políticas de control fronterizo de EEUU.

periodo de 10 años podría en actualidad llegar a los migrantes hacia un “territorio más hostil” 5,287.41 Una colección de datos adecuada es vital que los pondría en “riesgo mortal.”42 La misión del Plan 1994 era controlar y para tener un análisis completo y comprensivo sobre los factores que contribuyen a estas muertes. proteger las fronteras de EEUU al prevenir la La falta de dichos datos es un obstáculo serio para entrada ilegal y facilitar la aprensión de migrantes indocumentados y aquellos involucrados en determinar los pasos que se necesitan tomar para mitigar la prevalencia de las muertes de migrantes actividades de contrabando. Esté predijo que “con las entradas y rutas tradicionales de entrada y a lo largo de la frontera. contrabando interrumpidas, el tráfico ilegal será disuadido, o “Uno no puede imaginar que lo dejen en forzado a un terreno más hostil, el desierto, el grupo con el que uno está menos ideal para cruzar y más viajando. Si uno se detiene para remover una ideal para el cumplimiento.” El Plan 1994 específicamente piedra del zapato, o una astilla del calcetín, reconoció los peligros asociados eso puede significar una pena de muerte. Nadie con la redirección de migrantes te va a esperar. Estas solo, con poca o ninguna hacia un territorio más comida y agua y no tienes idea a donde ir. El hostil, reconociendo que “las montañas, desiertos, lagos, ríos, desierto es peligroso más allá de lo que uno y valles… [Y] el calor agobiante” se imagina.” harían a los migrantes Shura Wallin, una voluntaria con el grupo Samaritanos del Green Valley, indocumentados “cruzar 9 de diciembre de 201038 por extensas áreas remotas e inhabitadas de tierra y mar a lo largo de la frontera…en peligro Políticas de control fronterizas – mortal.”43 El Plan 1994 fue implementado y ‘un peligro mortal’ continúa formando la base par alas políticas En 1994, autoridades de inmigración estadounidenses en la frontera suroeste.44 estadounidenses, con la ayuda del Departamento “Es muerte por medio de la política” de Defensa, desarrollaron un Plan Estratégico para 1994 y Más Allá (Plan 1994). Esté se basó Isabel Garcia, Coalición de Derechos Humanos, en una estrategia de “prevención por medio de la 10 de noviembre de 2010 disuasión” que el gobierno reconoció forzaría a

17 CAPÍTULO 2: MUERTES DE MIGRANTES EN EL DESIERTO

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Los huesos de una mujer inmigrante localizados en el desierto de Arizona y sus pertenencias en la morgue del Condado de Pima. © 2010 Pat Shannahan, Todos los derechos están reservados. Publicada con autorización.

19 CAPÍTULO 2: MUERTES DE MIGRANTES EN EL DESIERTO

La estrategia nacional delineada en el Plan 1994 fue basada en dos operativos locales – Operación Hold the Line y Operación Gatekeeper – introducidas en 1993 y 1994 respectivamente. Ambas operaciones buscaban reducir el número de personas aprendidas en la frontera al disuadir la entrada al país de los migrantes por las rutas tradicionales a lo largo de la frontera en las áreas urbanas de Texas y California. En vez de eso, buscaban forzar a los migrantes hacia los ambientes más hostiles de la frontera suroeste. La Operación Hold the Line inundó áreas de El Paso, Texas, con agentes de la Patrulla Fronteriza.45 Después de que se reportó su éxito en disminuir el número de migrantes aprendidos en los alrededores de El Paso al forzarlos hacia el oeste, CBP inició una operación similar en San Diego, California – Operación Gatekeeper. Esto buscaba forzar a los migrantes indocumentados del extremo oeste de la frontera y moverlos hacia el este, hacia barreras naturales, incluyendo desiertos, ríos, y montañas.46 La Patrulla Fronteriza incrementó el número de agentes alrededor de San Diego y construyó estrechos de cercado en los puntos de cruce tradicionales.47 Además, los operativos fronterizos han sido complementados con adiciones tecnológicas tales como aviones predadores (sistemas aéreos no tripulados) que se usan tradicionalmente en áreas peligrosas y de difícil acceso. Estos drones son operados por pilotos humanos desde ubicaciones remotas y contienen radares, sensores y cámaras, pero no están armados.48 Además, ahora 1,200 tropas de la Guardia Nacional apoyan a los agentes de CBP en el terreno, llevando a cabo patrullas conjuntas y en la protección de la frontera.49

había incrementado a 7.6 muertes por cada 10,000 arrestos.51 En una entrevista con Amnistía Internacional, PCOME en Tucson, Arizona, notó que el 2010 había sido el peor en mortalidad hasta la fecha por ese sector, ya que la Oficina recibió un récord de 231 cuerpos y otros 46 cuerpos fueron recuperados entre enero y abril de 2011.52 En comparación, solo 75 cuerpos fueron procesados por la oficina en 2001.53 En los 10 años anteriores a 1996, el Sector de Tucson tuvo un promedio de 1.4 muertes anuales.54 A pesar del tremendo crecimiento en los recursos dedicados a la frontera suroeste donde las Operaciones Gatekeeper y Hold the Line fueron implementadas, la Oficina de Contabilidad General de EEUU determinó que no había reducción en los cruces fronterizos en los primeros cinco años después que el Plan 1994 fue implementado. En vez de reducir la migración, simplemente la redirigió a nuevas áreas.55 Datos de la Patrulla Fronteriza muestran una disminución en el número de personas detenidas desde 2000, de un alto de 1.65 millones en 2000 a casi 541,000 en 2009, pero esta reducción no está claramente conectada a los cambios en política.56 Aunque el incremento de los recursos a lo largo de la frontera bajo el Plan 1994 ofrece una explicación parcial para la disminución de la migración de México desde 2000, otros factores también pudieron haber tenido un impacto significativo. Estos incluyen el mayor costo en cruzar, los peligros que representan las operaciones de los carteles de drogas operando en la frontera, la creciente oportunidad económica en México, y en años recientes, la prolongada crisis económica en EEUU.57 El impacto de los dos operativos que parece “Ellos han forzado gente hacia las zonas ser menos disputado es más extremas del desierto a morir muertes que ha resultado en flujos horribles. Las políticas de control fronterizas inmigratorios son precedentes a nuevas áreas a lo largo de han forzado a los migrantes más y más lejos de la frontera;58 números más los puntos de cruce tradicionales, hacia áreas grandes de inmigrantes aisladas y remotas del desierto donde es menos indocumentados se quedan probable que se les busque, encuentren ayuda, en EEUU permanentemente 50 o por periodos de tiempo más o se les encuentre...” largos;59la pérdida significante Kat Rodríguez, Coalición de Derechos Humanos, de vida humana;60 y la 10 de noviembre de 2010 expansión de la industria del contrabando.61 Las políticas Después de la implementación del Plan fronterizas de EEUU también han contribuido a 1994, los niveles en las muertes de migrantes la escalada de violencia contra los migrantes a lo comparadas con el número de migrantes largo de la frontera. Los corredores de migración detenidos han continuado incrementándose. actuales en el norte de México hacia EEUU En 1996, había menos de dos muertes por cada son peligrosos no solamente por lo difícil del 10,000 migrantes detenidos. En 2009 esa figura terreno, sino también porque dichos corredores

20 EN TERRENO HOSTIL

Rescate de la Patrulla Fronteriza (BORSTAR) para proveer medidas que salven Doris Meissner, ex-Comisionada del Servicio de Inmigración y la vida de los migrantes en Naturalización responsable de la implementación de las Operaciones el terreno; 64 y programas Gatekeeper y el Plan 1994.63 de CBP dirigidos a disuadir proactivamente a migrantes son utilizados para el contrabando de drogas. mexicanos de intentar cruzar la frontera en Migrantes forzados a dejar rutas tradicionales no primer lugar. 65 Sin embargo, algunas de estas medidas no son suficientes. Por ejemplo, el tienen otra opción que compartir los corredores programa CBP que trata de mantener a los utilizados por los traficantes de drogas y las migrantes fuera del alcance de los contrabandistas pandillas criminales. Como resultado, ellos a lo largo de la frontera deportándolos al interior padecen mayor riesgo de ser forzados a actuar como mulas de drogas o unirse a las pandillas, ser en vez de regresarlos a la frontera es de un alcance muy limitado. Bajo el programa, personas son secuestrados o asesinados, o quedar atrapados enviadas en aviones a la Ciudad de México, entre el fuego de la “guerra contra las drogas”.62 donde el Departamento de Estado de EEUU “Aunque es costoso, ¿cómo se le puede poner les da un boleto de ida a sus ciudades de origen. Muertes Documentadas de un precio a la vida?” Esto es primariamente para los que cruzan la Inmigrantes 1999-2009, frontera por primera vez que son de mayor edad George Allen, Jefe Asistente de Protección de Aduanas y Radiofaros de la Patrulla o tienen problemas de salud y solo opera durante Fronteriza de Rescate Fronteras en el Sector de Tucson, hablando sobre el alto costo operativo del Programa de Repatriación al Interior de EUU y las Estaciones los meses de verano cuando las muertes surgen de México, 25 de abril de 2011. de Agua de Fronteras cada año.66 La continuación e incremento de las Humanas. muertes de migrantes a lo largo de la frontera El gobierno de EEUU ha tomado algunas Los mapas de las muertes sugieren que dichas medidas tienen que ser de migrantes fueron medidas para tratar con el problema de las examinadas en su efectividad si EEUU va a obtenidas por cortesía de muertes de migrantes en la frontera. Éstas cumplir con sus obligaciones de proteger la vida Humane Borders, Inc. Diseño cartográfico y incluyen la instalación de radiofaros de rescate en de los migrantes. desarrollo de datos hecho el desierto donde migrantes pueden llamar a la Frustrados porque no se está haciendo lo por John F. Chamblee, Patrulla Fronteriza directamente en emergencias; suficiente para prevenir a los migrantes de Mike Malone, y 1999 - 2009de RECORDED MIGRANT USBP AND HB WATERMatthew STATIONS Reynolds. uso de la Unidad Búsqueda, Trauma, y DEATHS, morir en losRESCUE ambientesBEACONS, extremos del desierto

“Ahora la tremenda paradoja es los resultados inesperados que oscurecen lo positivo.”

PHOENIX

LA PAZ

NAVAJO APACHE

Salt River Indian Reservation

GILA MARICOPA

San Carlos Indian Reservation

GREENLEE

Gila River Indian Reservation Ak-Chin Indian Reservation

YUMA

Barry M. Goldwater Bombing Range Ironwood Forest National Monument

AJO Cabeza Prieta National Wildlife Refuge

BLM

Organ Pipe Cactus National Monument

Water Stations* USBP Rescue Beacon Migrant Deaths Surface Management BLM

TUCSON

Tohono O'odham Nation

COCHISE

243 W. 33rd Street Tucson, AZ 85713 520-398-5053 www.humaneborders.org

Buenos Aires NWR

Pima County Medical Examiner United States Border Patrol Cochise County Medical Examiner Yuma County Sheriff

USFS Wilderness Area (BLM or USFS)

SASABE

Spatial Data Sources:

Arizona Land Resource Information System Southern Arizona Data Services Program Surface Management Data Published, 1988

Native American State

San Xavier Indian Reservation

Humane Borders Fronteras Compasivas

NPS National Wildlife Refuge

Coronado National Forest

PIMA SELLS

Migrant Death Data Sources:

Military

GRAHAM

PINAL

YUMA

San Miguel

*Humane Borders has deployed equipment for 73 stations at remote, strategic locations in Mexico and the USA.

0

25

50 Miles

El Tortugo

Coronado National Forest

SANTA CRUZ NOGALES

NACO

This map shows a total of 1755 deaths.* Este mapa muestra un total de 1,755 muertes * Some points indicate more than one death. Algunos puntos incluyen más de una muerte.

*The map reports deaths recorded by the Pima County Medical Examiner's Office, United States Border Patrol, Cochise County Medical Examiner's Office, and Yuma County Sheriff between October 26, 1999 and October 28, 2009.

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DOUGLAS

de Sonora, el que cruza partes de la frontera entre México y EEUU en Arizona y California, varios grupos ofrecen ayuda humanitaria tales como la instalación de estaciones de agua y agua embotellada a lo largo de las rutas migratorias. Grupos como No Más Muertes, Fronteras Humanas, y grupos Samaritanos locales, entre otros, reciben permiso para dejar botellas y tanques de agua en las tierras de los rancheros donde se sabe que viajan migrantes. Sin embargo, estos grupos constantemente encaran obstáculos en sus esfuerzos, incluyendo la destrucción, el daño, o vaciado de tanques de agua. Por ejemplo, de acuerdo a un informe del grupo No Más Muertes, voluntarios han sido testigos y han documentado la confiscación por parte de rancheros y agentes de la Patrulla Fronteriza de materiales para salvar vidas que han dejado en rutas migratorias.67 Estos grupos también confrontan la lucha constante de seguirle paso a los cambios en las rutas migratorias ya que los migrantes continuamente son forzados hacia nuevos territorios.68 Un miembro de Fronteras Humanas notó, “Hasta que haya reforma inmigratoria, vamos a seguir viendo gente que es empujada más y más al oeste.”69 “Toda la sangre en esta tierra nos está afectando nuestro bienestar espiritual.” Ofelia Rivas, ciudadana Tohono O’odham y activista de derechos indígenas, 3 de marzo de 2011

A la vez que la migración es forzada más y más hacia el oeste en el Sector de Tucson, más y más muertes están ocurriendo en la nación Tohono O’odham donde, de acuerdo a Fronteras Humanas, más del 70 por ciento de los restos recuperados han sido encontrados.70 El Gobierno Tribal Tohono O’odham ha negado permiso a organizaciones de afuera o a sus propios miembros tribales para colocar estaciones de agua en la tierra de la Nación porque están preocupados que la mayor presencia de migrantes y contrabandistas está resultando en un crecimiento del crimen en tierra Tribal.71 Aun así, algunos miembros individuales de la Tribu continúan ayudando a aquellos que cruzan las tierras Tribales.72

Identificando los restos de migrantes Muchas familias nunca reciben confirmación que seres queridos han muerto tratando de cruzar la frontera para entrar a EEUU. Para evitar ser identificados si son detenidos por la Patrulla Fronteriza, muchos migrantes que cruzan desde

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Marcas creadas anualmente por la Coalición de Derechos Humanos para cada uno de los restos de migrantes recuperados que murieron mientras cruzaban desde la frontera de México hacia Arizona. Foto cortesía de Tasya van Ree

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México no llevan documentos de identidad y los cuerpos se descomponen rápidamente en el calor extremo del desierto, lo que hace difícil la identificación.73 Familiares que viven afuera encaran obstáculos al utilizar la Base de Datos de Nacionales de EEUU Desaparecidos y Personas No Identificadas (NAMUS), y CBP repetidamente en ocasiones no ha querido ayudar a localizar los restos de migrantes, aún si hay buena información sobre donde la persona fue vista por última vez.74

PCOME, dijo a Amnistía Internacional que hay un mayor porcentaje de mexicanos entre los casos identificados y un mayor porcentaje de centroamericanos entre los casos no identificados ya que la oficina no recibe consistentemente datos de personas centroamericanas desaparecidas.77 Es claro que se puede mejorar el acceso a datos relevantes en el sistema de la base de datos para ayudar en la identificación de los restos de ciudadanos extranjeros. PCOME ha establecido un sistema que permite a familias que no sienten confianza llamando a “Yo tuve un agente que me dijo, ‘Por qué ayudar una agencia gubernamental con los muertos cuando podemos buscar a los como PCOME contactar a una ONG. Empleados de vivos y detener gente’” la Coalición de Derechos Robin Reineke, PCOME, Humanos, una organización 10 de mayo de 2011 defensora de derechos PCOME en Tucson, Arizona, recibe un gran humanos en Tucson, Arizona, recaba información porcentaje de los restos no identificados de sobre personas desaparecidas, incluyendo migrantes, 1,700 en los últimos 10 años. detalles físicos y dentales. La Coalición de PCOME opera un programa para identificar Derechos Humanos ha trabajado con PCOME los restos de los que cruzan la frontera sin desarrollando un proceso de almacenamiento de autorización a través de la coordinación de información para la identificación.78 También contacta al equipo de Búsqueda, Trauma y información con las autoridades, familiares que Rescate de la Patrulla Fronteriza (BORSTAR) buscan a sus parientes desaparecidos y oficinas para solicitar información cuando se sabe lo consulares. Cuando CBP encuentra restos, suficiente para iniciar una búsqueda de un notifica a las agencias del orden locales para migrante desaparecido. De acuerdo a Kat abrir una investigación. Los restos se envían Rodríguez de la Coalición de Derechos Humanos a PCOME, donde se hace una autopsia para de Arizona, “Es difícil encontrar a alguien en determinar la causa de muerte.75 Casi un tercio de los restos recuperados están sin identificar. la comunidad que no conoce a alguien que En abril de 2007 había entre 150-200 restos no desapareció o murió cruzando la frontera.” identificados en PCOME.76 Para tener acceso y Todos los países tienen derecho a proteger subir información de identificación en la base sus fronteras. Pero también están obligados a de datos NAMUS, hay que llenar un reporte de proteger los derechos de migrantes, incluyendo el persona desaparecida con la policía local. Los derecho a la vida. O sea, tienen responsabilidad familiares muchas veces no saben en qué parte de de garantizar que las políticas migratorias la frontera desapareció un pariente lo que evita fronterizas directa o indirectamente no lleven a que hagan un reporte de persona desaparecida la muerte de migrantes.79 Como miembro del ICCPR, EEUU debe garantizar que sus políticas con la policía local. Sin un reporte policíaco, migratorias y prácticas activamente protegen y los familiares no pueden agregar información promueven el derecho a la vida, sin importar el sobre sus desaparecidos en la base de datos, lo estatus de los migrantes o como llegan y viajan. que, a su vez, hace más difícil para PCOME y otros oficiales identificar los restos. Robín Reineke, quien trabaja identificando restos en

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CAPÍTULO 3

ABUSOS CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS

25 CAPÍTULO 3: ABUSOS CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS

3

CAPÍTULO 3

ABUSOS CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS

nació en tierra de la Nación en México. En 1985 él obtuvo su tarjeta de identificación Tribal Tohono O’odham y trabajó en un rancho de EEUU cerca de la frontera. En 2001, él estaba cruzando en Sonoyta, Estado de Sonora, México con su tarjeta Tribal igual que en ocasiones previas cuando agentes de la Patrulla Fronteriza le preguntaron de dónde era, nerviosamente dijo que nació en EEUU. Él le dijo a investigadores de Amnistía Internacional que no cree haber mentido ya que pertenecía a la Nación Tohono O’odham que abarca ambos lados de la frontera entre México y EEUU. Los agentes de CBP le pidieron salir del auto, lo esposaron y lo llevaron a la estación. Los agentes del CBP en la estación de la Patrulla Fronteriza le dijeron que era mexicano y lo llamaron “pendejo” (un insulto vulgar en español). Él se sentó esposado a una silla entre dos y tres horas. Agentes del CBP le tomaron las huellas dactilares y fotos y le quitaron los zapatos. Él tenía miedo y sintió que lo estaban tratando como criminal, “Así que firmé una orden de deportación y me tiraron como a las 3 am en Sonoyta.” Él le dijo a Amnistía Internacional: “no entendí la orden de deportación y si hubiera sabido que significaba nunca la hubiera firmado. Lo hice porque me sentí mal por la forma en que me hablaron. Yo tenía miedo de lo que A.B., un ciudadano de la nación Tohono O’odham,

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Cerca fronteriza a lo largo de la Nación Tohono O’odham, Arizona. © Amnistía Internacional

harían si no firmaba. Tenía miedo de estar preso a lo largo de la frontera a mantener sus tierras, por un año.” Una semana después, A.B. cruzó cultura, y religión. Sin embargo, no incluyó de vuelta a EEUU y regresó al rancho donde ninguna referencia explícita sobre los derechos trabajaba, cruzando la frontera casi a dos horas indígenas de cruzar la frontera.81 Existen 26 Tribus reconocidas82 a nivel federal – o sea, de distancia de un puerto de entrada. Él se tribus que son soberanas bajo la ley de EEUU quedó en el lado de EEUU y luego se casó con y mantienen relaciones de gobierno a gobierno una ciudadana Tohono O’odham. Ha vivido entre sí y con el gobierno federal de EEUU – así a escondidas por 10 años con su esposa, quien como muchas Tribus sin reconocimiento federal es ciudadana O’odham y de EEUU. A.B. está que habitan tierras a lo largo de la frontera restringido a permanecer en tierra O’odham ya entre EEUU y México...83 Para estas “Tribus que no puede cruzar por ninguno de los puestos de registro en los caminos que llevan de la Nación Fronterizas” se sigue haciendo más difícil mantener sus comunidades fronterizas y sus hacia Tucson y el resto de Arizona. Él describió derechos a cruzar la frontera. a Amnistía Internacional lo que significa para él y su esposa: “Los últimos 10 años he estado preocupado de ser detenido debido a la orden anterior de deportación, yo solo pasaba por cruces Documentación de identificación “Ellos usualmente piden ver mi identificación tradicionales. Siempre me interrogaron cuando y a dónde voy. Siempre son las mismas pasaba. Yo quiero ir a otras partes, como Tucson, preguntas. ‘¿De dónde eres?’ ‘¿Qué haces pero no puedo. Le digo a mi esposa que vaya aquí?’ Algunas veces me hablan en español, sola a lugares…por los puestos de registro.” A.B. otras veces en inglés. Ellos algunas veces trató de rectificar su estatus migratorio después preguntan: ¿Eres papago,84 u O’odham? ¿Eres de casarse por medio de la exclusión de la orden mexicano? Nunca me hablan en O’odham, no de deportación de su récord inmigratorio, pero saben qué hacer. En algunos de los puertos no ha tenido ningún progreso. “Yo estoy siempre de entrada, ellos no reconocen a la gente aquí pero siempre con miedo. Siempre hay O’odham. Yo aceptó que tienen trabajo que agentes del CBP allá (el pueblo donde vivimos). hacer, pero ellos no respetan a la gente y Yo soy O’odham. Yo no he hecho nada malo, me siento diferente, como que no soy de aquí, pero al continuamente preguntan de dónde somos. Estoy cansado de eso. Ellos han estado aquí mismo tiempo no soy mexicano tampoco. Yo soy todo este tiempo, deberían entendernos parte de la Tribu y pertenezco aquí.”80 mejor. Algunos de los agentes que están aquí Los Pueblos indígenas cuyos territorios regularmente comenzaron a reconocerme y a tratarme mejor, pero otros, esos son los tradicionales y comunidades culturales abarcan que no reconocen mi tarjeta de identificación los dos lados de la frontera entre EEUU y Tribal y no me dejan entrar.” México podrían necesitar cruzar la frontera con frecuencia para estar en contacto con miembros Sylvester Valenzuela, un ciudadano de la Nación Tohono de la comunidad y visitar lugares culturales y O’odham, nacido en EEUU pero que vive en México. Él tiene una tarjeta de identificación Tribal, la que usa para religiosos en ambos lados de la frontera. La falta cruzar la frontera varias veces por semana.85 de reconocimiento adecuado y protección de los derechos a cruzar de estas comunidades los Tribus reconocidas federalmente, tales como la ha puesto en riesgo de ser discriminados y Nación Tohono O’odham en Arizona pueden abusados durante los cruces fronterizos y en los darles a sus ciudadanos Tarjetas de Identificación contactos con agentes de la Patrulla Fronteriza Tribales que son reconocidas como formas en tierras Tribales. legítimas de identificación para cruzar la frontera. “Cuando cruzo la frontera ellos me preguntan, El Gobierno de EEUU comenzó a trabajar con ‘¿Eres Americano?’ Yo les digo, ‘soy O’odham’. las Tribus para proveer tarjetas de identificación Entonces ellos dicen, ‘Yo no te pregunté eso. Tribales más sofisticadas, con microchips ¿Dónde naciste?’, Nací acá en EEUU).’ Todos y que pueden usarse para cruzar fronteras somos O’odham. Por eso les digo, no soy internacionales por tierra.86 Sin embargo, hay mexicano o americano, soy O’odham.” preocupación que algunos de los miembros Tribales no califican ya que, por ejemplo, no Raymond Valenzuela, ciudadano Tohono O’odham, pueden mostrar certificados de nacimiento.87 Aun 27 de abril de 2011 aquellas personas con tarjetas de identificación El Tratado de Guadalupe-Hidalgo que estableció Tribal pueden tener problemas ya que agentes la frontera entre México y EEUU en 1853 afirmó de la Patrulla Fronteriza a veces dudan la validez los derechos de los pueblos indígenas que viven o no aceptan la tarjeta de identificación Tribal

27 CAPÍTULO 3: ABUSOS CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS

como un documento válido para cruzar la frontera.88

obtener derechos similares ya que no tiene reconocimiento federal.90

“Si queremos visitar nuestras tierras sagradas en México, necesitas un pasaporte, pero hay obstáculos para obtenerlos. Nosotros estamos conectados a nuestras tierras…Tenemos que pedir permisos, lo que significa que ellos han quitado el derecho [de viajar a tierras sagradas]” Antonio Díaz del Consejo Indígena de Texas, 14 de abril de 2011

Tribus que no tiene estatus Tribal reconocido federalmente pueden encarar ciertas dificultades en adquirir documentos de identificación. La Banda Texas de la Nación Kickapoo hizo una campaña exitosa en pro de legislación federal garantizando sus derechos de cruzar libremente la frontera y permitiéndoles cruzar con tarjetas de identificación extendidas por líderes Tribales para tener acceso a tierras tradicionales en México.89 Sin embargo, otra Tribu en la frontera, la Tribu Coahuiltecan en Texas, no ha podido

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La Nación Yaqui

Los Yaquis son una Tribu de 30,000 personas que viven en el Estado de Sonora, México, y el Estado de Arizona, EEUU, así como en partes del sureste californiano y el suroeste de Texas.91 Los Yaquis que viven en tierras tribales en México y EEUU regularmente cruzan la frontera para ir de compras en pueblos cercanos, ver a familiares, y asistir o desarrollar ceremonias tribales. De acuerdo a un activista Yaqui, los problemas en cruzar la frontera se han intensificado desde el 11 de septiembre de 2001: “La actitud ha cambiado de ser respetuosos y cooperativos hacia ‘todos son sospechosos.’ La gente es interrogada cuando entran a EEUU. Cuando interrogan a alguien, si no se responde bien, ellos pueden confiscar

Mapa que muestra las tierras de la Tribu Pasqua Yaqui en Arizona y la región aproximada del pueblo Yaqui en México.

las tarjetas para cruzar la frontera y negar la en México es que, de acuerdo a informes, admisión.”92 Defensores locales contaron a ninguno de los agentes de la Patrulla Fronteriza Amnistía Internacional que miembros tribales estacionados en los puertos de entrada habla Yaqui son repetidamente hostigados por agentes Yaqui, mientras la mayoría de los Yaquis que de la Patrulla Fronteriza cuando cruzan hacia viven en México hablan poco o ningún español Arizona. Isabel García de la Coalición de o inglés. Agentes de policía local en contacto Derechos Humanos (Human Rights Coalition) con Yaquis que viajan cerca de la frontera describió un incidente en el cual una pareja también, con frecuencia, no reconocen su estatus Yaqui, ambos ciudadanos de EEUU, trataron de indígena. De acuerdo de José Matus, un activista cruzar la frontera con su hijo pequeño, pero los de Tucson que trabaja con la Alianza Indígena agentes de la Patrulla Fronteriza les dijeron que Sin Fronteras, si los Yaquis son detenidos por el niño no se parecía a los padres; no lo dejaron oficiales del Departamento de Policía de Tucson cruzar. La familia se quedo varada en la frontera y solo hablan Yaqui o poco español, el oficial va por varias horas hasta que el cambio de turno a llamar a CBP. “Nosotros hemos estado aquí reemplazó al agente, y en nuevo agente de turno desde tiempos inmemoriales cruzando la frontera. no tuvo ningún problema con la documentación, Ahora los indígenas son tratados como mexicanos. permitiéndole a la familia cruzar. Agentes de CBP No somos mexicanos, somos indígenas. Ellos también han sido reportados por cortar tambores deberían establecer un sistema que reconoce a la ceremoniales en búsqueda de contrabando y gente indígena de México que tiene familiares en drogas,93 y por confiscar objetos ceremoniales éste lado de la frontera para que se les pueda dar y documentos para cruzar.94 José Matus, de la una visa sin ningún problema.”96 Alianza Indígena Sin Fronteras, explica, “Sin poder cruzar, se nos niega nuestra libertad La Nación Tohono O’odham religiosa; eso no es libertad.”95 Otro factor que hace difícil cruzar la frontera “¿Cuando el viento sopla, ellos le preguntarán por documentos? ¿Cuando el agua corre, le para los Yaquis que viven en tierras tribales

29 CAPÍTULO 3: ABUSOS CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Mapa mostrando las tierras de la Nación Tohono O’odham en Arizona y la región aproximada del pueblo Tohono O’odham en México

van a preguntar por documentos? ¿Qué acerca de los animales? ¿Qué acerca de las plantas? Eso no está en harmonía con nuestra forma de vivir.” Ofelia Rivas, ciudadana Tohono O’odham, 3 de marzo de 2011

La Nación Tohono O’odham es una Tribu del suroeste de Arizona reconocida federalmente de aproximadamente 28,000 ciudadanos. La Nación es la segunda reservación más grande en Arizona, en población y extensión geográfica.97 La Nación se extiende hacia adentro de México, donde viven casi 1,500 ciudadanos Tohono O’odham.98 De acuerdo a Margo Cowan, quien fue consejera legal de la Nación, hasta 1993 no había agentes de la Patrulla Fronteriza en tierras de la Nación.99 En los noventas, la seguridad fronteriza al este y al oeste comenzó a endurecerse, y como resultado las rutas de migrantes y del narcotráfico fueron forzadas hacia la Nación Tohono O’odham. Desde el 11 de septiembre de 2011, las políticas migratorias y de seguridad nacional de EEUU han incrementado los recursos para el control de fronteras a en los bordes de la Nación. Una cerca fronteriza ha sido construida, una base de operaciones de vanguardia de CBP ha sido establecida con espacio temporal para acomodar a los migrantes detenidos; y cientos de más agentes de la Patrulla Fronteriza, junto con agentes de otras agencias federales, han sido estacionados en el área.100 Ciudadanos Tohono O’odham que viven en México con documentos de identidad Tribales O’odham101 informan que a ellos rutinariamente se les pone en duda la validez de sus tarjetas por parte de CBP cuando cruzan a través de una de las tres puertas en la cerca que divide a la Nación a lo largo de la frontera entre EEUU y México.102 Uno de los ciudadanos O’odham que vive en Arizona remarcó, “si alguien tiene una tarjeta de identificación Tribal, la Tribu les da el beneficio de la duda [al recibir servicios], pero con CBP eso depende del agente individual en servicio cualquier día en particular [si se te va a permitir cruzar la frontera].”103 En otros casos, personas han sido detenidas y deportadas por las autoridades de migración o tienen otros problemas, incluyendo la separación de familiares cuando cruzan la frontera. Una ciudadana Tohono O’odham, C.B. fue detenida en la frontera por agentes de CBP cuando cruzaba hacia EEUU con otros familiares y sus hijos. Los agentes les pidieron identificación y sus licencias de conducir. C.B. les mostró a los agentes su licencia

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mexicana. Dos de los familiares que iban con ella tenían sus identificaciones Tribales, pero uno no. Los agentes de CBP se llevaron a la persona sin identificación Tribal y a otra de las mujeres debido a una violación migratoria previa. Los agentes registraron el vehículo buscando drogas y detuvieron a C.B. por intentar pasar a un familiar sin identificación Tribal hacia EEUU. Los hijos de C.B, de dos y tres años de edad, fueron llevados a los Servicios de Protección Infantil. Los agentes de CBP tomaron las huellas dactilares de C.B. y la llevaron a Tucson. Allí, detenida, ella tuvo que buscar a alguien que fuera a recoger a sus hijos a los Servicios de Protección Infantil. Más tarde, cuando se dieron cuenta que C.B. no había, en efecto, violado ningunas leyes, la soltaron en Tucson, a más de 70 millas del territorio de la Nación.104 Investigadores de Amnistía Internacional tenían citas para hablar con C.B. y sus familiares. Sin embargo, el día que ellos llegaron a la Nación Tohono O’odham a hablar con ellos, C.B. y sus familiares fueron detenidos en la frontera y les negaron entrar a EEUU. Ellos, eventualmente, pudieron cruzar la frontera y llegaron dos días después.105

Los ciudadanos Tohono O’odham sobresaltan la historia de abusos por agentes de CBP, incluyendo casos de abuso verbal y físico contra ciudadanos Tribales. Amnistía Internacional ha recibido informes que muchos O’odham que sufren abusos por parte de agentes de CBP tienen miedo de documentarlos y hacer querellas. Por eso, los incidentes no son reportados. De acuerdo a una activista, “Hemos escuchado historias [de abusos de CBP] y pedido a la gente que los documenten con declaraciones,

La Patrulla Fronteriza de EEUU en una de las cercas fronterizas en las proximidades de Sells, Arizona, en tierras Tohono O’odham. © Amnistía Internacional

pero la gente tiene miedo de las represalias.”106 Además, miembros de la Tribu expresaron preocupación por la falta de responsabilidad aún cuando se hacen denuncias. Por medio del Acta para el Libre Acceso a la Información, Amnistía Internacional pidió documentación a CBP relacionada con las denuncias hechas contra agentes de CBP debido a incidentes en la Nación Tohono O’odham. CBP identificó 26 páginas de documentos relevantes al pedido de Amnistía Internacional, pero indicaron que no estaban obligados a entregarlos bajo argumentos que incluyeron la privacidad personal y la interferencia con investigaciones desarrolladas por las agencias de la ley. 107 Raymond Valenzuela, un ciudadano Tribal O’odham y ex-miembro de las Fuerzas Armadas de EEUU, vive con su familia en el lado mexicano de la Nación. En Septiembre de 2009, Raymond iba en camino al funeral de un familiar con miembros de su familia cuando agentes de CBP pasaron por su auto y

31 CAPÍTULO 3: ABUSOS CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS

los forzaron a detenerse al lado del camino. El agente de CBP les preguntó, “¿A dónde van?” Raymond respondió, “voy a casa [en el lado mexicano de la Nación Tohono O’odham].” De acuerdo a Raymond, el agente de CBP le dijo “bien, te voy a arrestar y rociarte con pimienta. Si cruzas la frontera sin una tarjeta de identificación te arrestaré.” Raymond salto al otro lado de la frontera y otra vez de vuelta al otro. El agente de CBP lo agarró y lo tiró al suelo y lo roció con pimienta. El agente de CBP entonces, supuestamente, puso su rodilla sobre la espalda de Raymond y le jaló el hombro hasta que se zafó. Raymond le dijo a Amnistía Internacional: “No me importa si hace su trabajo, pero necesita saber quiénes somos. Ellos reciben información sobre como no dañar las cercas o los cactos, pero nada sobre la gente. Ellos tienen que aprender sobre la gente porque si no la gente se va a enojar…Solo porque tengo la piel café no significa que soy una mala persona.

Ofelia Rivas, ciudadana y activista Tohono O’odham, hablando sobre el impacto de la cerca fronteriza en la gente Tohono O’odham en EEUU y México. © Amnistía Internacional

Defensores Tohono O’odham también denuncian “Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, desarrollar, y transmitir que los ciudadanos Tribales O’odham son víctimas del perfilamiento racial y discriminación sus tradiciones espirituales y religiosas, por los policías locales durante paradas de tráfico, costumbres y ceremonias; derecho a permanecer, proteger y tener acceso en y por agentes de CBP cuando pasan por puestos privacidad a sus sitios culturales y religiosos; de registro a lo largo de la frontera. Ofelia Rivas, derecho a usar y controlar sus objetos una defensora y miembro de la Nación Tohono ceremoniales; y derecho a la repatriación de O’odham viajan con frecuencia entre la Nación sus restos humanos.” Tohono O’odham y Tucson, Arizona, y otras ciudades en Arizona. Ella le dijo a Amnistía Artículo 12(1), Declaración de las Naciones Unidas Internacional: “Hay puntos de registro de sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. CBP en las tres salidas de la Nación [Tohono Aunque la Declaración de los Derechos de los O’odham] y nos registran pare ver si somos Pueblos Indígenas aplica a todas las comunidades migrantes o por drogas. Yo vivo a 130 millas indígenas, el texto de la Declaración y el de Tucson y tengo que pasar por esos puntos Foro Permanente de la ONU sobre Temas de registro para ir de compras regularmente. Yo Indígenas, un organismo asesor que trata hablo O’odham con ellos y siempre me paran en temas indígenas relacionados a los derechos un punto de registro secundario y usan un perro humanos, ha destacado derechos específicos para detectar drogas; pasa todo el tiempo.” de comunidades indígenas cuyos territorios y Ciudadanos Tohono O’odham hablaron con Amnistía Internacional sobre los efectos negativos comunidades culturales están divididos por una frontera internacional. Por ejemplo, el Foro de la cerca fronteriza en sus costumbres, religión, Permanente de la ONU sobre Temas Indígenas y modo de vida. repetidamente ha urgido a los estados a cumplir “Cuando la cerca fue construida [a lo largo de sus compromisos bajo el Artículo 36 de la la frontera y en tierras O’odham] en tiempos Declaración y asegurar que los Pueblos Indígenas de mis padres, solo dijeron que es una cerca, divididos por fronteras estatales puedan no una frontera. Esto afecta todo, nuestra mantener sus vidas como comunidades y sin gente, nuestros animales, y nuestra tierra… interferencia.111 Cuando cruzamos a traer nuestros animales, Las acciones de las autoridades de EEUU nos interrogan. Esto nos hace sentir pequeños, en el contexto del cumplimiento inmigratorio tienen armas e insignias.” efectivamente están negando estos derechos a los Pueblos Indígenas que viven a lo largo de la Raymond Valenzuela, ciudadano Tohono O’odham, frontera suroeste. 27 de abril de 2011 Cuando la cerca fronteriza fue construida, había tres cruces tradicionales. Uno de ellos era un paso sagrado que iba a seguir abierto para uso O’odham. Sin embargo, le pusieron puertas y los ciudadanos O’odham tienen que viajar por los otros dos cruces, que están muy remotos y a donde toma más tiempo llegar.108 El Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas urgió a los estados “respetar la espiritualidad indígena garantizando el acceso de los indígenas a todos los sitios sagrados…”109 y ha enfatizado que “las comunidades indígenas mantengan vínculos históricos y espirituales con sus territorios.”110

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“Pueblos indígenas, especialmente los divididos por fronteras internacionales, tienen derecho a mantener y desarrollar contactos, relaciones y cooperación, incluyendo actividades para propósitos espirituales, culturales, políticos, y económicos, con sus propios miembros y también con otros pueblos a través de las fronteras.” Artículo 36(1), Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

CAPÍTULO 4

EL PERFILAMIENTO RACIAL Y OTRAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN

33 CAPÍTULO 4: EL PERFILAMIENTO RACIAL Y OTRAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN

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CAPÍTULO 4

PROFILING EL PERFILAMIENTO AND OTHER FORMS RACIAL OF Y OTRAS DISCRIMINATION FORMAS DE DISCRIMINACIÓN

Johnny (este no es su nombre real) estaba manejando

en la Carretera 86 el 16 de diciembre de 2009 cuando lo siguieron y detuvieron miembros de CBP a orillas de la tierra Tribal de la Nación O’odham. Un Agente Fronterizo detuvo a Johnny y le gritó: “¿Qué haces aquí, recogiendo ilegales, recogiendo drogas?” Johnny le repitió al agente que era ciudadano de EEUU y preguntó porqué había sido detenido. Los agentes lo ignoraron, registraron su carro, lo esposaron y lo asaltaron cuando se rehusó a sentarse en el suelo. Minutos más tarde, llegó una patrulla de la Policía Tribal Tohono O’odham. Johnny comenzó a gritar, ¡Ayúdeme oficial! ¡Soy estadounidense! ¡Me están arrestando sin motivo!” Johnny les dijo a delegados de Amnistía Internacional que pensó que los agentes lo iban a golpear y dejarlo en el desierto. El agente de policía Tohono O’odham escuchó los gritos de Johnny y pidió hablar con él. Entonces, los agentes de la Patrulla Fronteriza se fueron. Johnny contó como en el mes después del incidente fue detenido por la Patrulla Fronteriza no menos de cinco veces mientras manejaba por la misma carretera. Él dijo: “Siempre que un policía se pone detrás de mí, me pongo nervioso.” En febrero de 2010, Johnny hizo una demanda con la Oficina de Derechos y Libertades Civiles, la agencia responsable de investigar y resolver quejas

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Migrantes detenidos por la Patrulla Fronteriza cerca de Arizona. © Amnistía Internacional

de derechos civiles y libertades civiles contra personal del Departamento de Seguridad Interna. Varios meses después, su caso fue transferido a la Oficina de Responsabilidad Profesional (OPR), en el ICE. En noviembre de 2010, Johnny se reunió con agentes de la OPR en la oficina de Tucson. Johnny le dijo a Amnistía Internacional que los agentes lo interrumpieron varias veces y que fueron muy antagonistas y acusatorios. Cuando él se levanto para irse, uno de los agentes se paró, lo agarró, y lo apuñeteó en el pecho. Cuando Johnny finalmente salió afuera y trató de contarle al policía del Departamento de Policía de Tucson lo que pasó, el agente le respondió que él no podía hacer un reporte porque el lugar era propiedad privada y nadie resultó herido.112

El perfilamiento racial y étnico contra los latinos y otras comunidades de color que viven a lo largo de la frontera suroeste, incluyendo comunidades indígenas y ciudadanos de EEUU, ha escalado en años recientes. El mayor riesgo del perfilamiento racial es parte de la expansión de las medidas federales para el cumplimiento inmigratorio y que nublan en la práctica las responsabilidades entre oficiales locales/estatales/federales en el cumplimiento de las leyes inmigratorias, especialmente en el contexto de legislación anti-inmigrante establecida por los estados. A pesar del mayor riesgo del perfilamiento racial a lo largo de la frontera, las autoridades no han implementado un mecanismo de control efectivo para evaluar la prevalencia e identificar, prevenir, y tratar con las

EL DERECHO A NO SER DISCRIMINADO “Cada estado…se compromete a respetar y garantizar a todos los individuos dentro su territorio y bajo su jurisdicción los derechos contenidos en el presente Convenio, sin distinción de ningún tipo, tales como la raza, color, sexo, lenguaje, religión, opinión política o de otro tipo, origen nacional y social, propiedad, lugar de nacimiento, u otro estatus.” Artículo 2(1) del Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos

La ley internacional prohíbe la discriminación por diversos motivos. Aunque el ICCPR explícitamente permite algunas excepciones para los no-ciudadanos, “la regla general es que cada uno de los derechos en el Convenio debe ser garantizado sin discriminación entre ciudadanos y [no-ciudadanos].”113 La amplia mayoría de derechos protegidos por el ICCPR, por lo tanto, cubren a ciudadanos y no-ciudadanos, incluyendo los derechos a no ser discriminado y estar libre de arresto y detención arbitrarios. Similarmente, aunque ciertas distinciones entre ciudadanos y no-ciudadanos están permitidas bajo el ICERD, distinciones basadas en ciudadanía aún serán consideradas discriminación bajo el ICERD cuando no son proporcionales al objetivo legítimo bajo el ICERD.114 El sistema interamericano de derechos humanos también garantiza el derecho a no ser discriminado y a la igualdad ante la ley e impone una obligación a los estados para que garanticen que “sus políticas de aplicación de leyes de inmigración no afectan injustamente a ciertas personas solamente por sus características étnicas y raciales, tales como el color de la piel, el acento, la etnicidad, o un área residencial que se sabe es poblada por un grupo étnico particular.”115 La Constitución de EEUU no prohíbe explícitamente la discriminación basada en origen nacional y étnico, o la raza. Sin embargo, ella garantiza el derecho a la igualdad de protección ante la ley.116 El Congreso ha establecido un número de leyes federales prohibiendo la discriminación, principalmente el Acta de Derechos Civiles de 1964, la que prohíbe la discriminación basada en “raza, color, religión, u origen nacional.”117 Constituciones estatales, CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE

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Continuación de la página anterior

estatutos y orden ordenanzas municipales también proveen protección adicional contra la discriminación.118 Bajo el ICCPR y el ICERD, la prohibición de la discriminación incluye no solamente las políticas y prácticas que son esencialmente discriminatorias, pero también las que tienen efecto discriminatorio, sin importar su intención.119 Sin embargo, en la mayoría de casos las cortes federales de EEUU solamente protegen contra la discriminación que se pueden probar tenía intenciones discriminatorias. La interpretación de EEUU ha sido rechazada por el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial, y ha instado a EEUU a que examine la definición legal de discriminación racial para garantizar que prohíbe la discriminación en todas sus formas (incluyendo las prácticas y la legislación que podrían tener efectos discriminatorios). También ha instado al Congreso de EEUU a aprobar el Acta para Terminar con el Perfilamiento Racial.120 Las paradas, registros, arrestos y detención basados en perfilamiento racial o étnico en el cumplimiento inmigratorio han sido específicamente criticados por organismos internacionales de derechos humanos. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha declarado: “Cuando las autoridades desarrollan [chequeos de identidad para controlar la inmigración ilegal], las características físicas o étnicas de las personas a las que se aplican no deberían por si solas ser indicativas de su presencia ilegal en el país. Tampoco deberían ser aplicadas en una forma que afecta solo a personas con características físicas o étnicas específicas. Actuar de otra manera no solamente afectaría negativamente la dignidad de las personas involucradas, pero también podría contribuir a expandir las actitudes xenofóbicas entre el público y sería contra productiva para la eficiencia de las políticas que combaten la discriminación racial”.121 Similarmente, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial insta a los estados parte del ICERD, incluyendo a EEUU, a “tomar los pasos necesarios para prevenir la interrogación, arrestos, y registros que se basan solamente en la apariencia física de una persona, los rasgos de la persona o su pertenencia a un grupo racial y étnico, o cualquier perfilamiento que expone a él o ella a mayor sospecha.”122 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha instado a EEUU a garantizar que “sus políticas de aplicación inmigratoria y prácticas no se enfocan injustamente en ciertas personas solamente por sus características raciales o étnicas, tales como el color, acento, etnicidad, o un área residencial que se sabe está poblada por un grupo étnico particular.123 La Comisión también advirtió contra la duplicación y mezcla potenciales en agencias de la ley locales en la aplicación de las leyes de inmigración y criminales, lo que podría crear más perfilamiento racial y tratamiento discriminatorio contra comunidades inmigrantes y comunidades de color. También ha criticado prácticas tales como el uso de investigación supuesta de crímenes como pretexto para llevar a juicio y detener a inmigrantes indocumentados124 y recomendado que a “socios estatales y locales solo se les permita participar en el cumplimiento de las leyes civiles de inmigración una vez que un individuo ha sido declarado culpable o un procedimiento criminal ha sido completamente adjudicado.”125

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prácticas discriminatorias impermisibles durante las paradas, registros, arrestos y detenciones de inmigración.

Paradas y registros El 9 de noviembre de 2007, un agente de CBP detuvo dos vehículos y observó lo que él pensó que era “contacto ocular cuestionable” de uno de los pasajeros de apariencia latina en uno de los vehículos. Cuando el vehículo estaba a casi 500 yardas de la frontera, el agente los detuvo y llevo a cabo un chequeo inmigratorio. Así se descubrió que los tres pasajeros en el auto estaban en EEUU sin permiso. El conductor del vehículo, Cipriano Rangel-Portillo, fue acusado de “transportación ilegal de inmigrantes indocumentados.”126 Después de examinar varios factores relacionados con la parada, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de EEUU determinó que el agente de CBP no tenía sospecha razonable para detener el vehículo. Aunque la corte reconoció que la proximidad de la frontera al alto del vehículo debería recibir mayor consideración, también declaró que “este factor por sí solo no constituye sospecha razonable para detener y registrar el vehículo de una persona.” La corte determinó que la evidencia restante de “incriminación” era que los pasajeros parecían estar “sudando”, nerviosos y tenían cinturones de seguridad puestos en el asiento trasero. Cuando la corte comparó el comportamiento observado con el comportamiento de ciudadanos que cumplen la ley, no había diferencia: “No hay motivo razonable para concluir que los ciudadanos

que cumplen la ley van a usar los cinturones de seguridad con menos frecuencia.”127 Además, la corte rehúso “concluir que un agente tiene sospecha razonable para detener cuando sea a un individuo que está sudando mientras viaja a bordo de un vehículo en las cercanías de la frontera suroeste de la nación.”128

Hay evidencia que sugiere que los latinos y miembros de otras comunidades de color a lo largo de la frontera sufren desproporcionadamente detenciones, chequeos de identidad, y registros como parte del cumplimiento inmigratorio. Por ejemplo, investigación desarrollada por ONGs locales determinó que latinos en Texas y Arizona sufren más detenciones y registros que los blancos y que tienen más posibilidades de ser detenidos frecuentemente por violaciones menores de tráfico y otro tipo.129 En un número de instancias, los únicos factores que los agentes de la ley parecen haber tomado en cuenta cuando decidieron detener gente para registros fue su raza o etnicidad aparente, o el idioma de habla. Entrevistas e investigación desarrolladas por Amnistía Internacional también han sugieren que agentes de la ley a nivel federal, estatal y local cerca de la frontera frecuentemente seleccionan individuos para paradas de tráfico y chequeos de identidad basados solamente en las características étnicas o raciales. Cuando los agentes de la ley hacen sus decisiones de parar y registrar solamente en la percepción de raza, etnicidad, u origen nacional, esto constituye perfilamiento racial.130 Las paradas que se basan en violaciones menores

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Punto de control permanente de la Patrulla Fronteriza en la carretera entre las ciudades de Tucson y Nogales, Arizona. © Amnistía Internacional.

“CBP regularmente hostiga a gente en los caminos de esta área [a lo largo de la frontera de Arizona]. Ellos detienen a la gente solo porque dicen que nadie en esos caminos está haciendo nada legal, entonces registran todos los autos. Algunas veces toma horas para pasar por los puntos de registro.” Juanita Molina, Fronteras Humanas, 26 de abril de 2011

de tránsito u otro tipo pero que se enfocan específicamente en los latinos y otras personas de color como pretexto para investigar su estatus inmigratorio son también discriminatorias. El uso de criterios étnicos en los perfilamientos policiales algunas veces es justificado. Por ejemplo, un perfil basado en información específica y fidedigna indicando que los perpetradores de una ofensa particular pertenecían a un grupo étnico particular obviamente ayudará a la policía a identificarlos y detenerlos. Sin embargo, no todos los usos de dichos perfiles son justificados y, en evaluar si una instancia particular es discriminatoria, la legitimidad del objetivo y la razonabilidad y proporcionalidad de los medios empleados son factores claves. La identificación de personas para arresto o interrogación sobre la base de criterios tales como el color de la piel, idioma, religión, nacionalidad, u origen étnico es discriminatorio si no existe justificación razonable u objetiva. Lo que casi nunca será justificado es el uso de criterios étnicos para poner a comunidades enteras bajo sospecha, o sujetar a miembros de un grupo particular a medidas de seguridad intrusivas que interfieren con sus derechos humanos. La Corte Suprema de EEUU ha decidido que para que la detención y registro de una persona sea legal, los agentes de la ley deben tener sospecha razonable de que un crimen ha sido o está siendo cometido, y que el individuo es peligroso y está armado.131 En el contexto de las paradas inmigratorias cerca de la frontera, la Corte Suprema sostuvo en EEUU versus Brignoni-Ponce que los agentes de la Patrulla Fronteriza en patrulla necesitan una “sospecha razonable” que un vehículo lleva inmigrantes indocumentados para poder detener el vehículo e interrogar a sus ocupantes sobre su ciudadanía y estatus migratorio.132 La Corte sostuvo que la Patrulla Fronteriza no debería detener un vehículo cuando la única base para tener sospecha razonable es que los ocupantes parecen tener descendencia mexicana. Algunos de los otros factores relevantes que necesitan ser tomados en cuenta incluyen la proximidad de la frontera y las características del área circundante en la que se

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encontró el vehículo, la conducta del piloto y los pasajeros, así como la apariencia del vehículo.133 Sin embargo, cortes de EEUU han sostenido que ningún factor individual por si solo es suficiente para 134 detener un vehículo. Una vez que un vehículo ha sido detenido, los agentes necesitan ya sea consentimiento o causa probable para registrarlo, ya sea durante una patrulla o en un punto de registro.135 El estándar de “sospecha razonable permite a los agentes la consideración de raza, etnicidad, idioma en combinación con otros factores como potencialmente relevantes cuando se hace una parada y sé cuestiona sobre el estatus inmigratorio. Sin embargo, esto no provee dirección clara sobre cuanta consideración los agentes de la ley deberían darle a dichas características. Como resultado, con frecuencia es difícil garantizar en la práctica que los agentes de la ley no tomen parte en perfilamiento discriminatorio.

Aplicación de la ley federal La Patrulla Fronteriza usa varios tipos de detención cerca de la frontera como métodos para el cumplimiento inmigratorio. Puntos de chequeo de tránsito son instalados en muchos de los caminos que corren a lo largo o cubren la frontera y todos los vehículos son detenidos y sus ocupantes interrogados sobre su estatus inmigratorio.136 Vans y camiones de la Patrulla Fronteriza también patrullan las calles de pueblos y ciudades cerca de la frontera y detienen vehículos que agentes sospechan que llevan inmigrantes indocumentados. Además, agentes de la Patrulla Fronteriza desarrollan “chequeos de transportación”, abordando y desarrollando barridas en buses, trenes, y otros vehículos de transporte público que operan cerca de la frontera.137 [Agentes del ICE] están haciendo perfilamiento lingüístico. Ellos le preguntan a la gente que espera por buses preguntas básicas en inglés. Si la persona no puede responder en inglés, los agentes le piden papeles.” Linda Brandmiller, Caridades Católicas, una organización que trabaja con inmigrantes y sobrevivientes del tráfico humano en Texas, 28 de septiembre de 2010

¿Qué es el perfilamiento racial? El perfilamiento racial o étnico ocurre cuando la policía incluye criterios tales como el color de la piel, lenguaje, religión, nacionalidad, origen étnico, en la identificación de personas a las que busca interrogar o arrestar. Aunque el uso de dichos criterios por las actividades de cumplimiento de la ley no es siempre discriminatorio, es discriminatorio si no hay justificación objetiva o razonable.

De acuerdo al Jefe Asistente George Allen del Sector de Tucson de CBP, agentes de la Patrulla Fronteriza deben tener sospecha razonable de actividad ilegal antes de decidir si paran o detienen brevemente a un individuo, y causa probable de actividad ilegal a bordo de un “trasporte”, tal como un tren o bus. Los estándares de lo que constituye sospecha razonable y causa probable están definidos por la jurisprudencia de EEUU.138 Sin embargo, decisiones recientes de la corte en Texas han determinado que agentes de CBP están participando en detenciones de inmigración sin ninguna sospecha razonable de actividad criminal.139

Aplicación de las leyes locales y estatales La creciente participación de agencias de la ley estatales y locales en el cumplimiento inmigratorio ha contribuido al crecimiento de denuncias sobre perfilamiento racial. Varios programas de ICE, conocido colectivamente como ICE ACCESS (Acuerdos de Cooperación en Comunidades para Mejorar la Tranquilidad y Seguridad),140 involucran a agencias estatales y locales en el cumplimiento de las leyes inmigratorias. Éstas incluyen los tres programas siguientes. • El programa de la Sección 287 (g)

permite al gobierno de EEUU autorizar a los representantes de las agencias de la ley locales desarrollar deberes como oficiales de inmigración federal en investigar, detener, e iniciar procesos de deportación contra inmigrantes.141 Bajo la 287(g) la aplicación puede desarrollarse en dos contextos – El Modelo de Fuerza de Tarea, en el cual agentes conscriptos hacen determinaciones sobre el estatus inmigratorio en el terreno, y el Modelo de Encarcelamiento, en el cual agentes conscriptos hacen determinaciones después del arresto.142 En su totalidad, la actividad del programa 287(g) ha declinado significativamente en años recientes. Solo un 10 por ciento de las deportaciones han sido por medio de referencias del 287(g) y ese porcentaje ha estado declinando desde su apogeo en 2008.143 • El Programa de Criminales Extranjeros (CAP). Éste investiga reclusos en prisiones y cárceles de EEUU para identificar posibles inmigrantes cuyos datos son entonces pasados al ICE.144 Un individuo puede ser transferido al ICE aun si él o ella nunca han sido acusados o declarados culpables de ningún crimen.145 CAP ha existido desde los ochentas

pero se ha expandido en años recientes.146 Para marzo de 2008, CAP había sido implementado en todas las prisiones estatales y federales y en más de 300 cárceles locales.147 • El Programa de Comunidades Seguras.

Éste permite a las autoridades federales de inmigración investigar las huellas dactilares de personas arrestadas por agencias de la ley estatal y local para determinar si están presentes ilegalmente en EEUU. Si ICE determina que el individuo está presente ilegalmente en el país, puede ordenar un pedido de detención – una petición para que la cárcel mantenga a la persona para que ICE pueda entrevistarla.148 En febrero de 2012, Comunidades Seguras operaba en 2,274 jurisdicciones locales y estatales en 45 estados.149 DHS espera implementar el programa en toda la nación para el 2013.150 Cuando Comunidades Seguras fue implementado originalmente, ICE aseguró a las jurisdicciones locales y estatales que era voluntario y que dichas jurisdicciones podían “salirse.” En 2010, un número de jurisdicciones presionaron para salirse del programa porque, entre otras preocupaciones, podría llevar al perfilamiento racial por parte de agentes de la ley locales y hacer que los inmigrantes que son víctimas de crímenes hagan denuncias ante la ley. Aun así, ICE respondió anunciando que el programa era mandatorio151 y las jurisdicciones no podían mas rehusarse a compartir información con ICE.152 Varios estados, incluyendo Nueva York, Massachusetts e Illinois, han declarado

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Agentes de la Patrulla Fronteriza de EEUU patrullando las carreteras afuera de Tucson, Arizona. © Amnistía Internacional.

que no participarán en Comunidades Seguras debido a preocupaciones constantes.153 Defensores también argumentan que el enfoque generalizado del programa Comunidades Seguras separa familias y destruye comunidades inmigrantes.154

sido arrestados por acusaciones criminales o investigando personas cuando se llevan a cabo operaciones policiales.159 Algunas de estas prácticas claramente contradicen las directivas extendidas por las autoridades federales de inmigración, las que rutinariamente han puesto prioridad para Agencias de la ley estatales y locales en estos el cumplimiento inmigratorio en personas programas frecuentemente desarrollan involucradas en serias ofensas criminales.160 Por ejemplo, en septiembre de 2007, ICE detenciones, registros y chequeos de identidad clarificó su política sobre el uso de violaciones que se enfocan en individuos debido a su de tránsito para el cumplimiento de las leyes identidad racial o étnica. Estudios y encuestas de inmigración durante la implementación del demuestran que latinos y otras comunidades programa 287(g). De acuerdo a una Hoja de de color son detenidos desproporcionalmente Datos de ICE del 2007, “Agentes entrenados y por infracciones y violaciones menores de certificados en el programa 287(g) podrían usar tránsito y que estas paradas son frecuentemente su autoridad cuando tratan con algún sospechoso son usadas como pretexto para averiguar sobre de cometer un crimen estatal que es mayor que el estatus inmigratorio o de ciudadanía. Por una ofensa de tránsito [énfasis agregado].”161 Sin ejemplo, un estudio de 2008 de la Coalición de Justicia Criminal de Texas, la cual tiene el análisis embargo, aunque nunca ha cambiado la política públicamente, ICE ha removido de su sitio de reciente más completo sobre el perfilamiento Web esta información y la ha reemplazado con un racial en Texas descubrió que dos de cada tres agencias de la ley en el estado reportaron registrar documento que no menciona cuando la policía local puede utilizar sus poderes federales durante vehículos con pilotos latinos en niveles más paradas de tránsito rutinarias.162 altos que los de conductores blancos, con más En diciembre de 2011, el Departamento del 25 por ciento de esas agencias registrando a de Justicia hizo públicas sus conclusiones en conductores latinos a un nivel dos veces mayor la investigación de la Oficina del Alguacil del que el de conductores blancos.155 La ACLU de Arizona reportó que entre el primero de julio Condado de Maricopa (MCSO) en Arizona. La de 2006 y el 30 de junio de 2007 agentes de investigación descubrió que, desde 2007, MCSO la ley registraron a americanos indígenas en había llevado a cabo una política discriminatoria un nivel tres veces mayor que el de blancos y en la cual los conductores latinos tenían que los afroamericanos y los hispanos tenían posibilidades entre cuatro y nueve veces mayores posibilidades 2.5 más altas de ser registrados que de ser detenidos que los conductores no latinos los blancos.156 en situaciones similares.163 Después de examinar las conclusiones del Departamento de Justica, “287(g) mantiene a la gente temerosa y ellos la ICE canceló el acuerdo usan para detener a la gente y prevenirlas de restante con MCSO organizarse porque cuando queremos ir a algún para el Cumplimiento Carcelario, restringió a lado a protestar la policía, ICE y CBP están allí.” dicha agencia de la ley el Tarsha Jackson, Grassroots Leadership, acceso a Comunidades 27 de enero de 2011 Seguras e informó Muchas de las críticas dirigidas al 287(g) se a la Oficina del Alguacil que ICE dejaría de han enfocado en agentes conscriptos que responder al Alguacil de Maricopa County sobre hacen paradas de tránsito basados en la raza del paradas de tránsito, infracciones civiles, y otras conductor y los pasajeros.157 Además, agencias ofensas menores.164 Aunque MCSO claramente conscriptas también participan en los llamados representa un caso extremo en estos tipos de “controles de carretera de inmigración” donde programas de cumplimiento discriminatorios, en la policía establece puntos de chequeo en áreas la actualidad no hay investigaciones en marcha de con altas poblaciones hispanas. Bajo el manto otras jurisdicciones donde el 287(g) es aplicado. de chequear licencias y violaciones de tránsito Se necesitan más estudios sobre este programa misceláneas, la policía demanda que los que para garantizar que está siendo implementado pasan por allí verifiquen su estatus legal.158 En en forma no discriminativa contra inmigrantes la práctica, el programa 287(g) típicamente y comunidades de color. El uso de los acuerdos es desarrollado por agentes de la ley locales 287(g) deberían ser suspendidos hasta que haya investigando personas en cárceles que han sido demostrado que no lleva al perfilamiento

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racial en las jurisdicciones donde está siendo implementado. En Texas, el programa Comunidades Seguras está siendo implementado en varias jurisdicciones desde 2008. Desde entonces, defensores reportan preocupaciones sobre el incremento potencial en el perfilamiento racial por parte de agentes de la ley locales y estatales, que parecen detener a personas por “manejar mientras son cafés” (driving while brown) para chequear si la persona tiene licencia de conducir o identificación, o para preguntar sobre el estatus inmigratorio de él o ella.165 Defensores creen que este tipo de paradas son más prevalentes en comunidades rurales más pequeñas.166 Inmigrantes indocumentados en Texas y Arizona no pueden conseguir identificación autorizada por el estado,167 tales como licencias de manejar y, por lo tanto, tienen más riesgos de que los detengan o les tomen las huellas dactilares para verificar sus identidades, y esto activa el programa Comunidades Seguras.168 En algunos casos agentes de la ley parecen estar actuando como agentes de inmigración aun sin acuerdos formales con ICE. Por ejemplo, después de que ICE retirara su acuerdo de Fuerza de Tarea 287(g) con el Condado de Maricopa, Arizona, en 2009, el Alguacil del Condado de Maricopa, Joe Arpaio, declaró públicamente que “continuaría ejerciendo autoridad para aplicar las leyes federales de inmigración en el terreno,” citando un estatuto federal no existente para justificar las paradas de inmigración e investigaciones.169 El Alguacil agregó que el “conduciría a la frontera a los que agarraba en las calles si los agentes federales se rehusaban a ponerlos bajo custodia.”170

donde más del 60 por ciento de la población se identifica como hispana, la policía detiene a los residentes latinos en las calles y en sus autos e implementa controles de carretera para chequear el estatus inmigratorio de la gente en vecindarios predominantemente latinos.173 María Jiménez, una defensora de derechos humanos local, participó en una reunión con el Congresista Luis Gutiérrez de Chicago cuando él Vehículo de la Patrulla Fronteriza de EEUU patrullando las calles de Tucson, Arizona. Foto cortesía de Tasya van Ree

vino al área en marzo de 2010 para reunirse con grupos de derechos inmigrantes.174 Ella le contó a Amnistía Internacional que el Departamento de Policía de Pasadena había puesto un punto de chequeo afuera del lugar para chequear el estatus inmigratorio de la gente asistiendo a la reunión, evitando que mucha gente asistiera al evento.175

El 9 de diciembre de 2009, María y su esposo iban manejando con sus dos hijos y la hermana de María a un evento familiar. Un agente del Departamento de Policía de Tucson en Arizona empezó a seguirlos, puso las luces, y los detuvo. “El límite de velocidad “Agentes están haciendo preguntas sobre el eran 45 [mph] y es exactamente lo que estatus inmigratorio bajo la autoridad del estábamos haciendo.” 287(g) o entrenando para evaluar el estatus El agente de policía inmigratorio de alguien. O ellos asumirán que una le pidió al esposo de persona es indocumentada solamente porque no María que le diera las llaves del auto y habla inglés.” presentara su licencia, Marisa Bono, Fondo de Defensa Legal y registro, y seguro. Educacional Mexicano-Americano (MALDEF), María recuerda que 24 de febrero de 2011171 el agente dijo que los detuvo debido a que la registración del auto ya no era válida. María Los abogados de inmigrantes y defensores niega que la registración había expirado: “El reportan que agentes en pueblos en el sureste policía no tenía excusa [para pararnos]. Su de Texas hacen perfilamiento racial y paran a escusa era que mi esposo era mexicano.” la gente bajo la excusa de ofensas menores y Cuando el agente preguntó a su esposo si entonces llaman al ICE para averiguar sobre el tenía papeles, el esposo dijo “no” y el estatus migratorio de la persona, sin la autoridad oficial se rió. del contrato 287(g).172 Por ejemplo, defensores informan que en la Ciudad de Pasadena,

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Cuando llegó CBP, María se reusó a meterse en la van de ellos, porque iba a dar nacimiento en tres semanas y media. El agente del Departamento de Policía de Tucson trató de empujarla hacia adentro. “[El agente de inmigración] quería que todos nos metiéramos al carro. El policía me empujaba y empujaba. “El trató tan duro de meterme, que creo que se me rompió el agua.” A María la pusieron bajo custodia y la llevaron a un hospital donde agentes de CBP se pusieron de guardia adentro de la sala de parto y afuera de la puerta. Poniéndose impacientes sobre lo que estaba tardando el parto, el agente de CBP en la sala de parto seguía diciéndole a María, “Vamos, vamos, empuje, empuje, porque se va a México con su bebé.” “Fue una pesadilla…yo traté de concentrarme pero desafortunadamente no pude dar a luz, porque seguía pensando en mis hijos, y en vez de tener a mi esposo a mi lado tenia a la migra [el agente de inmigración]” Después de varios pedidos, los doctores y el personal médico sacaron al agente de la sala de parto. Sin embargo, después de que María dio a luz, el agente se sentaba afuera del cuarto y abría la puerta de vez en cuando diciendo, “Acuérdate, cuando salgas te van a deportar” y continuó molestándola. La pareja aceptó una salida voluntaria a México el 31 de diciembre de 2009.176

“Hay una variedad amplia de acciones como el nerviosismo, admisiones, imposibilidad de hablar inglés. Éstas se explican fácilmente. [La sospecha razonable] se vuelve una cuerda de balance que nuestros agentes caminan porque es difícil explicarla.” Jefe del Departamento de Policía de Tucson, Roberto Villaseñor, 25 de abril de 2011

El uso del idioma por agentes del TPD para determinar sospecha razonable de la presencia ilegal en el país causa preocupación debido a la gran cantidad de gente en Arizona que se identifica como latino y que hablan español178 y el impacto que podría tener en las comunidades indígenas a lo largo de la frontera, ya que mas idiomas indígenas se hablan en Arizona que en cualquier otro estado.179 Además, la proximidad de la frontera Mexicana significa que la Ciudad de Tucson y aéreas circundantes son tratadas como un Puerto de entrada, y los que son residentes por mucho tiempo pueden sufrir los mismos procedimientos de deportación que sufre un inmigrante que viaja por el desierto por vez primera. Por lo tanto, cualquier contacto con CBP podría tener serias consecuencias para los inmigrantes locales sin documentos ya que pueden ser removidos del país sin ningún proceso judicial bajo un proceso que se llama deportación acelerada.180

El Departamento de Policía de Tucson en “Vivimos en un ambiente donde la gente le Arizona les da discreción a sus agentes para tiene terror a la ley” averiguar sobre el estatus inmigratorio de una persona cuando existe sospecha razonable.177 Jaime Ferrant, Red de Acción en la Frontera, Sin embargo, el Jefe de la Policía de Tucson, 11 de noviembre de 2010 Roberto Villaseñor, previamente ha expresado preocupación por la participación de la policía Arrestos, detenciones, y deportaciones local en la aplicación de las leyes inmigratorias. En las primeras horas del 15 de abril de Cuando Amnistía Internacional expresó su 2010, más de 800 agentes, algunos con preocupación que agentes del Departamento capuchas negras cubriéndoles las caras, de Policía de Tucson (TPD) estaban reportando de agencias de la ley federales, locales, y a personas a CBP, él explicó que TDP trabaja estatales, incursionaron cinco operadores localmente con CBP para transferir inmigrantes sospechosos de ser indocumentados y tiene reglas de buses shuttle en un número de poblados para que los agentes no puedan detener o arrestar de Arizona, incluyendo a Fénix y Tucson, y también Nogales y Río Rico. Las incursiones a una persona solamente por sospechar que la persona está en EEUU ilegalmente. Sin embargo, involucraron helicópteros, armas al aire como rifles y pistolas, y docenas de vehículos durante las paradas de tránsito autorizadas ellos policiales. Los operadores de los buses shuttle pueden preguntar sobre el estatus inmigratorio y los empleados fueron acusados de traficar de la persona basados en sospechas razonables gente de México hacia EEUU. Liderado por que la persona es indocumentada. Cuando se ICE, la incursión, denominada “Operación le preguntó como los agentes del TPD evalúan Plain Sight”, ha sido descrita como uno lo que es sospecha razonable del estatus de una de los despliegues gubernamentales más persona que no está basada en acciones claras, grandes contra una operación de tráfico él dijo: humano.181 Aunque representantes de ICE

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dijeron que la operación no se enfocó en capturar a inmigrantes indocumentados, la agencia dijo que tomaría las acciones apropiadas de aplicación si se encontraban a inmigrantes indocumentados durante las incursiones.182 Los locales describieron los eventos a la prensa como actos de intimidación, “paralizándolos con miedo y pánico.”183 Un activista local de Tucson reportó ser amenazado con arresto por un agente de ICE si ella interfería en cualquier forma.184 La Coalición de Derechos Humanos recibió llamadas de personas preocupadas después de la incursión.185 Reportes de los medios de prensa indican que los residentes locales tenían miedo de ir a trabajar o a comprar y que los buses llenos de niños fueron detenidos por agentes de la ley. Iglesias locales abrieron sus puertas a las familias temerosas, especialmente a niños que fueron separados de sus padres durante las incursiones.186

Operaciones masivas para el cumplimiento inmigratorio, que algunas veces involucran un uso desproporcional de fuerza, han contribuido a incrementar el riesgo del perfilamiento racial y a un clima de temor entre las comunidades inmigrantes y latinas que viven a lo largo de la frontera. Los poderes adicionales de CBP, que permiten la “deportación acelerada” dentro de 100 millas de la frontera, crean preocupaciones adicionales sobre si los respetos de los inmigrantes están siendo respetados durante la deportación. Para ser legal, el arresto debe estar basado en demostrar causa probable que un crimen estaba siendo cometido.187 Los arrestos basados solamente en la identidad racial y étnica de la persona no cumplen con el estándar de causa probable.188 Barridas, incursiones, y arrestos masivos por parte de agentes de la ley federal y estatal resultan en la detención de varias personas simplemente por su origen racial o étnico lo que puede después activar programas federales de aplicación inmigratorios y llevar a las detenciones de inmigración prolongadas, incluyendo de personas que están legalmente en EEUU. La amplia discreción dada a los agentes de la ley sobre a quién pueden parar y detener puede llevar a arrestos discriminatorios por ofensas leves, o por ninguna ofensa. Programas tales como Comunidades Seguras, CAP y 287(g) que requieren que agentes de la ley verifiquen el estatus inmigratorio de una persona también pueden incentivar la detención arbitraria basada en el perfilamiento racial. Una vez bajo arresto, las personas pueden ser más perfiladas durante el procesamiento en una

cárcel o prisión local, y podrían ser detenidas por periodos prolongados de tiempo mientras las autoridades verifican su estatus inmigratorio. Estadísticas recientes publicadas por ICE muestran que muchas personas son arrestadas por ofensas menores y que personas que nunca fueron declaradas culpables de ninguna ofensa criminal están siendo deportadas, lo que contradice el objetivo oficial de ICE publicado en mayo de 2011 que el enfoque eran aquellos involucrados en ofensas criminales serias.189 A nivel nacional, según estadísticas publicadas por ICE en mayo de 2011, casi el 29 por ciento de los que han sido deportados por medio del programa Comunidades Seguras desde 2008 no han sido declarados culpables de ningún crimen.190 La gran cantidad de personas deportadas por medio de Comunidades Seguras que nunca han cometido algún crimen puede ser indicativo del nivel de perfilamiento que ocurre en jurisdicciones donde este programa está en operación. Igualmente, hay preocupación creciente sobre los arrestos discriminatorios y la detención arbitraria debido a la implementación del programa 287(g). Por ejemplo, la investigación de la Oficina del Alguacil de Maricopa hecha pública por el Departamento de Justicia en diciembre de 2011, descubrió que las barridas para suprimir el crimen iniciadas por esa agencia de la ley no se basaban en informes de actividad criminal, sino que en informes sobre personas con “piel oscura” congregadas en un área especifica y personas que estaban hablando español en un negocio especifico.191 Perfilamiento racial por parte de agencias de la ley local y federal ha sido observado durante los procesos de entrada en prisiones y cárceles donde los acuerdos 287(g) para cárceles locales están en operación. De acuerdo a un ex agente del Condado de Harris que observó este proceso en una Cárcel del Condado de Harris en Texas en 2008, mientras las personas eran procesados se les preguntaba donde nacieron , si una persona respondía “aquí” y parecía caucásico, no le hacían más preguntas los agentes del Departamento del Sheriff conscriptos para enforzar el 287(g). Sin embargo, si la persona parecía “inmigrante” y daba la misma respuesta, se les pedían sus papeles de ciudadanía u otra documentación. Defensores en Texas han expresado preocupaciones similares sobre el perfilamiento racial, lingüístico, y étnico en cárceles locales. Por ejemplo, ellos le han dicho a Amnistía Internacional que si alguien no habla inglés cuando lo o la llevan a la cárcel, él o ella son enviados a hablar con ICE.192 Bajo el CAP, agentes de ICE son destacados en o tienen acceso a cárceles locales.193 Aunque

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Mayores restricciones para los jornaleros Mucha gente viene a EEUU para trabajar y enviar dinero a sus países de origen para sustentar a sus familias. Inmigrantes documentados e indocumentados frecuentemente trabajan en los márgenes del mercado laboral donde hay pocas protecciones legales o físicas. En 2006, se estimó que en cualquier día, 117,600 jornaleros esperaban en esquinas o lugares públicos en EEUU para buscar trabajo. Esta es una de las formas principales en los que la gente obtiene trabajo por jornada, los empleadores van a lugares públicos donde los trabajadores tradicionalmente se congregan para contratar trabajadores para tareas que pueden durar entre pocas horas o varias semanas, o más tiempo.200 Algunos estados han aprobado recientemente legislación que específicamente prevendría a los jornaleros reunirse en lugares públicos. La ley estatal S.B. 1070 en Arizona, por ejemplo, incluye una clausula que prohibe ofrecer trabajo a los inmigrantes indocumentados en lugares públicos.201 Esta sección de la ley actualmente no se aplica debido a una demanda hecha con el Departamento de Justicia relacionada a las medidas para la aplicación de las medidas inmigratorias de la ley.202 En septiembre de 2011 una ley similar en la Ciudad de Redondo Beach, California, la cual prohibió a los jornaleros pararse en las calles o carreteras para pedir empleo, negocios o contribuciones de motoristas, fue declarada una restricción inconstitucional de la libertad de expresión.203 “Una persona que entra a un estado y adopta una relación de empleo, adquiere derechos humanos laborales en el estado del empleo, sin importar su ESTATUS migratorio…el estatus migratorio de la persona nunca puede ser justificar que se le nieguen su trabajo y ejercicio de sus derechos humanos.” 204 Corte Inter-Americana de Derechos Humanos, Opinión de Asesoría sobre la condición Jurídica de los Derechos de los Migrantes Indocumentados, 17 de septiembre de 2003

La creación y aplicación de leyes que se enfocan en los jornaleros y criminalizan a los que buscan trabajo en lugares públicos restringe su habilidad de encontrar trabajo y viola el derecho de trabajar garantizado por la ley internacional. El Comité de la ONU sobre Derechos Económicos, Sociales, y Culturales ha clarificado que la “obligación de respetar el derecho al trabajo requiere que los Estados firmantes se abstengan de interferir directa o indirectamente con el disfrute de ese derecho.”205 Los EEUU han firmado el ICESCR y como tal debe tratar de tomar los pasos para hacer realidad los derechos que garantiza y están obligados a tomar acciones que derrotarían ese propósito.

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esto supuestamente le quita el control de la aplicación inmigratoria a los agentes locales, puede incentivar los arrestos discriminatorios basados en el perfilamiento racial ya que las personas identificadas o interrogadas por ICE pudieron ser arrestadas, en primer lugar, precisamente por agentes locales que se basaron en la identidad racial o étnica como un indicador de estatus indocumentado. En 2009, el Instituto para la Ley y Política Social Chief Justice Earl Warren y la Escuela de Leyes de la Universidad de California-Berkeley analizaron datos sobre arrestos que indicaban un crecimiento marcado en los arrestos a discreción de hispanos por ofensas menores después de la implementación de una colaboración CAP en Irving, Texas, en la cual la agencia de la ley local tenía acceso las 24 horas a una conferencia telefónica y de video con ICE. El análisis de los datos sobre arrestos descubrió evidencia sólida corroborando las denuncias de perfilamiento racial por parte de la policía de Irving. El estudio del Instituto Warren descubrió que los cargos por delitos constituían solamente un 2 por ciento de los pedidos de retención, un 98 por ciento de dichos pedidos eran resultado de arrestos por delitos menores bajo CAP. Estudios también descubrieron que los hispanos eran arrestados en niveles desproporcionadamente más altos que los blancos y los afroamericanos por ofensas menos serias; esto quiere decir ofensas que le daban a la policía mayor discreción en las decisiones de parar, investigar, y arrestar.194

actos tales como no cargar identificación y papeles de inmigración, dar trabajo a jornaleros indocumentados, y pedir trabajo sin autorización. Aunque segmentos de dichas leyes han sido suspendidas por cortes federales hasta que sean examinadas, en varios casos clausulas alarmantes han sido mantenidas y activadas. El 23 de abril de 2010, la Gobernadora de Arizona Jan Brewer firmó como ley el Acta de Apoyo a Nuestras Agencias de la Ley y Vecindarios Seguros (S.B. 1070). La ley estipula que agentes de policía están obligados, “cuando sea práctico”, a detener personas que razonablemente se se sospecha que están en el país sin ninguna autorización y a verificar su estatus con agentes federales, a menos que hacerlo así puede obstaculizar una investigación o un tratamiento médico de emergencia. Si dicha ley es puesta en marcha, hará que no cargar papeles de inmigración sea considerado un delito menor e ilegal para los conductores recoger jornaleros en los caminos, para los jornaleros entrar a un vehículo con el propósito de trabajar en los caminos, y también para las personas solicitar trabajo en espacios públicos. 196 Antes de que la ley sea aplicada, una corte federal de distrito suspendió ciertas clausulas para revisarlas más y en abril de 2011 una corte federal de apelaciones mantuvo este mandato. La corte de apelaciones descubrió suficiente evidencia de que elementos de la ley eran inconstitucionales ya que trataban regular áreas reservadas para el gobierno federal. 197 Al momento de la preparación de este informe, una apelación contra la decisión estaba pendiente en Leyes estatales anti-inmigrantes la Corte Suprema de EEUU.198 Sin embargo, los La aplicación de leyes de inmigración es obstáculos legales a la ley no han disuadido a exclusivamente una responsabilidad federal.195 otros estados que quieren imponer propuestas de Sin embargo, con mayor frecuencia los estados ley y aprobar legislación similar.199 Además, las provisiones en S.B. 1070 que criminalizan a los han aprobado leyes anti-inmigrantes que conductores que recogen obreros para trabajar autorizan y, en ciertos casos, requieren que y a los jornaleros cuando entran a un vehículo agentes de la ley local y estatal verifiquen el estacionado para trabajar han sido activadas, a estatus inmigratorio, sin entrenamiento o pesar de una demanda hecha por organizaciones vigilancia por parte de las autoridades federales de derechos civiles. de inmigración. Estas leyes estatales ponen a los inmigrantes y las comunidades de color en mayor Grupos inmigrantes en Arizona y varias agencias de la ley locales han expresado oposición riesgo de sufrir perfilamiento racial y tienen a la ley.206 El Jefe de la Policía de Tucson, Roberto impactos negativos en el derecho de las víctimas Villaseñor, explicó a Amnistía Internacional que de crímenes a la justicia ya que disuaden a los inmigrantes de reportar crímenes a la policía local él se oponía a la ley debido a que contradice los objetivos de la aplicación de la ley y podría (para una discusión más amplia sobre el acceso a “cerrar Fuentes de información que se necesitan la justicia, véase el Capitulo 6). para aplicar la ley” y también “crear una segunda Varios estados han pasado leyes ordenando clase de residentes que los criminales ven como la recolección de información sobre el estatus blancos fáciles para el crimen.”207 inmigratorio por agentes de la ley, representantes El 9 de junio de 2011, Alabama estableció escolares, y proveedores de beneficios de el Acta de Protección de los Contribuyentes servicios de salud u otros servicios sociales. y Ciudadanos (H.B. 56), la cual emplea las Estas leyes incluyen clausulas que criminalizan

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mismas clausulas de vigilancia de la ley S.B. 2011.219 La constitucionalidad de las leyes puestas 1070 de Arizona, incluyendo la criminalización en efecto en Georgia, Carolina del Sur, Indiana, y del fracaso “voluntario” de no llevar papeles de Utah está actualmente bajo cuestionamiento en la inmigración.208 Aunque basada en la S.B. 1070, corte y porciones han sido prohibidas pendiendo la H.B. 56 de Alabama va más allá e incluye los resultados de revisiones adicionales.220 lo que sus proponentes llaman “las clausulas de inmigración más duras en el país.”209 La “[T]odas las medidas en la frontera…están ley requiere que las escuelas públicas colecten agarrando a Ciudadanos de EEUU y a Residentes información sobre el estatus inmigratorio Permanentes Legales y también afectan a gente de los estudiantes y sus padres y reporten de color. Están fuera de control. Son políticas periódicamente los datos al estado. También autoriza a las escuelas reportar a los estudiantes sin chequeo, sin monitoreo, y con capacitación y padres que se cree son indocumentados al limitada.” gobierno federal y prohíbe a los inmigrantes Jennifer Allen, Red de Acción de la Frontera, indocumentados de inscribirse en o asistir 11 de noviembre de 2010 a universidades públicas o recibir ayuda financiera. La ley criminaliza esfuerzos de entrar en una “transacción de negocios” con una Falta de control y responsabilidad agencia gubernamental, por ejemplo aplicando “No hay estructura para la responsabilidad. por licencias de manejar, y establece también, Nosotros hemos propuesto la creación de con excepciones limitadas, los contratos con una comisión de revisión para monitorear inmigrantes indocumentados carecen de la el impacto de las prácticas de CBP, y las fuerza de la ley. Además, criminaliza “proteger” estrategias e instituciones en la comunidad o “transportar” a inmigrantes indocumentados, fronteriza. No hay responsabilidad para todos y hace ilegal pedir o hacer trabajo sin los programas [de aplicación inmigratoria].” autorización.210 Tan pronto como la ley entró en efecto en septiembre de 2011, la policía local Fernando García, Red Fronteriza para los Derechos detuvo a un yemenita por no presentar papeles Humanos, 18 de mayo de 2011 de inmigración. Luego se determinó que el estaba Hay controles inadecuados por parte de las legalmente en el país con una visa de trabajo.211 Después de un cuestionamiento legal, una autoridades de EEUU sobre las agencias de corte federal de distrito sostuvo la mayoría de inmigración federales tales como CBP e ICE, la H.B. 56, pero bloqueó secciones que no y sobre agencias estatales y locales que hacen permitían proteger o transportar a trabajadores cumplir las leyes de inmigración. Esto ha indocumentados y que les prohibían a ellos llevado al fracaso en la prevención y trato del inscribirse en o asistir a universidades públicas. perfilamiento discriminatorio, y ha incentivado El 14 de octubre de 2011, una corte federal una cultura de impunidad que perpetúa de apelaciones también prohibió clausulas el perfilamiento de los inmigrantes y las requiriendo la recolección de información comunidades de color a lo largo de la frontera estudiantil y la criminalización del acto de durante la aplicación de las leyes inmigratorias. no cargar papeles de inmigración. La corte Los programas ICE ACCESS no tienen de apelación dejó el resto de la ley intacta, suficientes controles y medidas de seguridad para permitiendo que secciones controversiales garantizar que no incentivan el perfilamiento quedaran en efecto mientras continúa el proceso discriminatorio y otros abusos por agentes de apelación.212 de la ley local. Una auditoría de la Oficina Legislación similar para el cumplimiento de del Inspector General del ICE (OIG) en la legislación inmigratoria ha sido aprobada en 2010 descubrió que Ice necesitaba desarrollar cuatro estados: Georgia,213 Carolina del Sur214, protocolos para monitorear adecuadamente Indiana,215 y Utah.216 Además en un número agencias locales que participan en contratos de estados, incluyendo Texas,217 recientemente 287(g); recabar datos y desarrollar estudios se ha propuesto legislación anti-inmigrante para tratar con el tema de abusos potenciales a pero no han logrado aprobarla.218 Más de los derechos civiles; y supervisar a los agentes 1600 propuestas de ley sobre inmigración del 287(g) y darles la capacitación adecuada en fueron introducidas a nivel nacional en 2011, temas de inmigración.221 Un informe de 2011 del Instituto para Políticas de Migración (MPI) haciendo de ese uno de los años más activos documenta como, sin ningún control federal, para las iniciativas legislativas a nivel estatal el programa 287(g) fomenta el perfilamiento sobre la inmigración. Solo ocho estados no racial de los inmigrantes y los miembros de implementaron ninguna ley anti-inmigrante en

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comunidades latinas o hispanas.222 Hasta el momento el programa Comunidades Seguras no contiene monitores adecuados para determinar si el perfilamiento racial está ocurriendo o para prevenirlo. En septiembre de 2011, una fuerza de tarea comisionada por DHS completó una revisión de Comunidades Seguras, la cual buscaba tratar con algunas de las preocupaciones sobre el programa, incluyendo las referentes a la vigilancia comunitaria policial, la posibilidad del perfilamiento racial, y las formas de garantizar que el enfoque del programa son los “individuos que representan una amenaza real a la seguridad pública o a la seguridad nacional.”223 Defensores han criticado el informe de la fuerza de tarea por no ofrecer recomendaciones concretas para tratar con los defectos fundamentales de Comunidades Seguras, y han pedido que se le ponga un alto total al programa.224 CAP ha recibido aun menos control de las autoridades federales. Aunque el programa ha sido estudiado por la Oficina del Inspector General de DHS para determinar su efectividad en la identificación de personas elegibles para remoción, ningún análisis fue hecho para determinar si ha llevado al perfilamiento racial por parte de agentes de la ley local.225 Muchas autoridades estatales no tienen las herramientas legales para evaluar si paradas y registros discriminatorios están ocurriendo y las que lo hacen no tienen mecanismos efectivos para analizar los datos y prevenir y tratar con el perfilamiento racial. Por ejemplo, en Texas, una ley estatal aprobada en 2001 prohíbe el perfilamiento racial y requiere que los agentes de la ley recaben información sobre la raza de las personas que son sujetas a paradas. Sin embargo, la ley puesta en efecto originalmente tenía varias deficiencias, por ejemplo no ofrecía un modelo para estándares uniformes de reportaje o establecía castigos para el no cumplimiento y hacia exentas completamente a las agencias con equipo audiovisual de tener que reportar cierta información estadística.226 Por ejemplo, estadísticas del 2004 sobre el perfilamiento racial no incluyen datos adecuados por parte del 34 por ciento de las agencias de la ley.227 No había ningún requerimiento mandatorio para todos los departamentos de policía de recolectar datos hasta que la ley fue enmendada en 2009 y el reportaje mandatorio no entro en efecto hasta 2011, o sea que data más completa y reciente bajo esta ley no estaba disponible cuando se preparó este informe.228 Después de que se hizo una demanda judicial colectiva, el Departamento de Seguridad Pública de Arizona (DPS) fue requerido a recabar

datos sobre la raza de todos los conductores involucrados en paradas de tránsito durante un periodo de cinco años, empezando desde julio de 2006. Sin embargo, esto solo aplicaba a la policía estatal; agencias de la ley local estaban exentas de este requerimiento.229 El DPS de Arizona estaba requerido a recolectar estos datos como parte de un arreglo legal que estipulaba que si los datos estadísticos sugerían que un agente particular estaba involucrado en perfilamiento racial, el DPS de Arizona tenía que tomar “medidas correctivas y/o disciplinarias” contra el agente.230 No está claro que pasará con los datos recabados por organizaciones locales de derechos civiles después de agosto de 2011, cuando la Junta Asesora que analiza los datos dejará de existir.231 Esfuerzos recientes para introducir legislación contra el perfilamiento racial en Arizona han fracasado.232 Para combatir el perfilamiento racial en el país, el Acta de 2011 para Acabar con el Perfilamiento Racial (ERPA 2001) fue introducida en el Congreso de EEUU en 201. ERPA obligaría a todas las agencias de la ley a prohibir la práctica del perfilamiento racial, a documentar datos sobre paradas, registros, y arrestos desagregados por raza y sexo, y crear un derecho privado de acción para las víctimas del perfilamiento.233 En ese tiempo, estudios mostraban que ciudadanos de EEUU de todas razas y etnicidades creían que el perfilamiento racial era un problema extenso y esto se reflejo en el apoyo bipartito a la propuesta de ley.234 Sin embargo, después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, el apoyo para ERPA 2001 se disipó.235 Desde entonces el Congreso ha tratado de y fracasado en pasar varias versiones de ERPA. La versión más reciente fue introducida en el Senado de EEUU en Octubre de 2011 y estaba esperando acción adicional por parte del Congreso al momento de prepararse este informe.236 Sin la aprobación de ERPA, es difícil para las personas cuestionar las violaciones a sus derechos constitucionales de estar libres de discriminación ya que tienen que mostrar evidencia de intención de discriminar por parte del agente particular. La falta de mecanismos de control efectivos en la aplicación de leyes de inmigración en EEUU debe ser tratada por organismos internacionales de derechos humanos, incluyendo la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos. La Comisión ha instado al gobierno de EEUU a que garantice que las agencias de la ley local que son socias van a recabar data desagregada por grupo étnico, tipo de acusación, número total de arrestos, y número total de personas a las que les fueron retiradas las acusaciones. Estos datos deberían ser revisados

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meticulosamente para identificar tendencias en el perfilamiento racial y hacerlas públicas. Donde se revela un perfilamiento discriminatorio, los agentes de la ley deberían ser objeto de investigaciones de seguimiento y capacitación correctiva.237 La implementación de los programas de cumplimiento inmigratorio a través de las agencias de la ley local se basa en paradas y arrestos que podrían darse inicio sobre la base del perfilamiento racial por parte de agentes de la ley local. Sin ninguna medida de seguridad y control por parte de las autoridades federales de inmigración, estos programas pueden también contribuir a otros problemas, incluyendo la desconfianza hacia los agentes de la ley y temor entre las comunidades inmigrantes y de color que viven a lo largo de la frontera de reportar crímenes. El DHS debería, por lo tanto, suspender el uso de programas que utilizan agencias de la ley locales en la aplicación de las leyes de inmigración hasta que estudios puedan demostrar que esto no lleva a valerse en el perfilamiento racial.

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CAPÍTULO 5

ABUSOS DURANTE LA DETENCIÓN Y DEPORTACIÓN

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CAPÍTULO 5

ABUSOS DURANTE LA DETENCIÓN Y DEPORTACIÓN

el 28 de agosto de 2010 y llevado a la cárcel del Condado de Pima donde, por medio del programa Comunidades Seguras, fue identificado por ICE para ser deportado. H.R. le dijo a los agentes del ICE que él había sido adoptado por ciudadanos de EEUU hace más de 10 años, antes de cumplir 16, y que tenía un certificado de nacimiento en EEUU y un número de seguro social. Sin embargo, fue transferido a una instalación de ICE donde descubrió que sus papas nunca aplicaron para su ciudadanía cuando fue adoptado. Un agente de ICE le dijo a H.R., “si peleas tu caso, te vas a Florencia [Instalación Correccional] por siete meses y con una fianza de $7,000.” H.R. le dijo a Amnistía Internacional: “Yo estaba preocupado que iba para allá. Pensé que solo iba a firmar papeles y pelear mi caso desde México.” Los abogados de ICE interrogaron a H.R. sobre su historia inmigratoria y el papá de H.R. inclusive sugirió que H.R. firmara las formas de salida voluntaria para evitar más detención, lo que él hizo. Más tarde, ICE le dio un segundo paquete de documentación para pedir la ciudadanía, lo que el también firmó. Un agente de ICE le dijo a H.R. que estaría detenido mientras se revisaba su caso. H.R. pasó cinco meses detenido por inmigración antes de que se cerrara su caso y lo pusieran en libertad el 28 de enero de 2011.238 En el momento que se escribió este reporte, Amnistia Internacional no pudo confirmar el resultado del caso de inmigracion de H.R. H.R. fue detenido por la Policía Estatal de Arizona

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Un inmigrante indocumentado camina con las manos en esposas plásticas después de haber sido puesto bajo custodia por alguaciles de la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa en una casa de seguridad en el oeste de Fénix. Los raspones en los brazos fueron causados al caminar por el desierto en la noche. © 2010 Pat Shannahan, The ArizonaRepublic. Todos los derechos están reservados. Publicada con autorización.

El caso de H.R. no es único. Las personas que no pueden fácilmente probar su estatus, incluyendo a ciudadanos y otros legalmente en el país, son detenidos arbitrariamente, algunas veces por mucho tiempo, mientras las autoridades confirman su ciudadanía o estatus inmigratorio. Por ejemplo, un examen por parte de una ONG de Arizona de más de 8,000 expedientes de casos reveló que entre 2006 y 2008, 82 personas detenidas para deportación en dos centros de detención de inmigración, algunos por casi un año, fueron después liberados por jueces de inmigración al determinar que eran ciudadanos de EEUU.239 La detención de ciudadanos de

EEUU no puede justificarse en ninguna base legal y es por lo tanto arbitraria bajo la ley internacional. Todos los inmigrantes, sin importar su estatus legal, tienen derecho a estar libres de detención arbitraria.240 La decisión de detener a alguien debería siempre cumplir con los estándares internacionales y estar basada en una evaluación individual detallada que toma en cuenta, por ejemplo, la historia personal del individuo y el riesgo de fuga. Bajo la ley internacional las autoridades deben demostrar en cada caso individual que la detención es necesaria y proporcional.241

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Inmigrantes detenidos adentro de un comedor en una instalación en California. © Steven Rubin

Detenidos de inmigración en el Centro de Detención de Willacy, en Raymondsville, Texas. © Amnistía Internacional.

Las personas que son detenidas mientras sus casos navegan por las cortes de inmigración encaran un número potencial de abusos a sus derechos humanos relacionados al debido proceso. Algunos pueden ser sujetos a detención obligatoria sin tener una audiencia de fianza ante un juez de inmigración. Otros pueden no tener acceso a un abogado y ser detenidos en instalaciones que no cumplen los estándares internacionales para la detención administrativa.242 Los inmigrantes sujetos a ser deportados también tienen derecho a garantías de procedimiento, incluyendo la habilidad de cuestionar su deportación; acceso a servicios de interpretación; y acceso a la revisión de una decisión negativa.243 Los procedimientos de deportación en la frontera pueden tomar un número de formas, una de las cuales asigna sanciones criminales y detención por entrada ilegal. En 2005, el gobierno de EEUU inició la Operación Streamline, una iniciativa de varias agencias de la ley de “tolerancia cero” que ha sido implementada en algunos condados fronterizos. Como fue diseñada originalmente, la Operación Streamline ordena el procesamiento criminal de todos los individuos sospechosos de cruzar la frontera entre EEUU y México sin autorización, sin importar su historia criminal o inmigratoria. Sentencias de prisión de hasta seis meses pueden ser impuestas por entrada ilegal; la repetición de la entrada ilegal puede llevar una condena de hasta 20 años de encarcelamiento.244 Aquellos que son procesados por entrar ilegalmente a EEUU tienen acceso a abogados designados por la corte. Sin embargo, el volumen

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de procesamientos ha significado que los abogados frecuentemente representan a grupos de inmigrantes de hasta 70 ó 80 personas en audiencias de inmigración al mismo tiempo.245 La falta de acceso a audiencias individuales y el acceso inadecuado a la consejería legal en la Operación Streamline significa que las cortes no pueden tomar adecuadamente en cuenta las circunstancias relevantes a casos individuales, por ejemplo si alguien es sobreviviente del tráfico humano o está escapando de la persecución, y esto resulta en detención arbitraria. Las sanciones criminales por entrada no autorizada son obstáculos en la identificación de víctimas de abusos a los derechos humanos, tales como el tráfico humano “y es una barrera que las victimas busquen justicia. Las mismas, por lo tanto, socavan las protecciones a los derechos humanos permitidas en la ley internacional, incluyendo el derecho a buscar asilo.246 El Relator Especial para los Derechos Humanos de los Migrantes ha estresado repetidamente que cuando la detención es una medida de castigo, la misma es desproporcional e inapropiada y estigmatiza como criminales a los inmigrantes indocumentados.247 G.H., quien llegó a EEUU en su niñez en 1993 y está ahora casado con una ciudadana de EEUU y tiene un hijo pequeño, fue puesto en detención por inmigración después de servir una sentencia de un día como parte de una acuerdo de súplica por manejar sin licencia en julio de 2010. Él describió a Amnistía Internacional cómo un agente

de ICE trato de forzarlo a firmar una orden de deportación mientras estaba detenido: “Primero él vino cortésmente, ‘Te enviaremos a ti y a Eloy, y puedes estar en tu hogar [en México] esta noche’ Yo respondí: ‘Este es mi hogar.’ La segunda vez me dijo que no tenía otra alternativa que firmarla. La tercera vez se puso más enojado y me dijo que no tenía nada que hacer en EEUU, que cuando cumplí los 18 debería haberme ido. La cuarta vez, comenzó a hostigarme, haciéndome sentir como que no yo no tenía derechos. Él fue muy convincente.” G.H. quería ver a un juez de inmigración, pero en vez de eso el agente de ICE trató de apresurar la papelería de deportación. “Él estaba disgustado que yo leía todo y decía ‘Apúrate, no tenemos todo el día.’ Él fue muy persistente que me apurara así que lo hice. Yo entendía algunos pero no a otros.” Debido a que G.H. se negó a firmar una orden de deportación estipulada lo detuvieron por tres meses hasta septiembre de 2010, cuando fue puesto en libertad bajo una fianza de $3,500. G.H. aun estaba en procedimientos de deportación en abril de 2011.248 En el momento que se escribió este reporte, Amnistia Internacional no pudo confirmar el resultado del caso de inmigracion de G.H.

Aparte de la Operación Streamline, los inmigrantes pueden ser removidos del país por otros medios que no podría resultar en procesamiento criminal pero podría afectar aun más los derechos inmigrantes. De acuerdo a informes recibidos por Amnistía Internacional, las personas son rutinariamente forzadas por agentes de la ley local, de ICE o CBP, a firmar documentos aceptando la remoción sin ninguna audiencia ante un juez de inmigración. Si alguien acepta a una “salida voluntaria”, ellos aceptan dejar EEUU dentro de un periodo específico de tiempo sin que se les extienda una orden de deportación. Tomar esta ruta significa que ellos no encaran barreras a ser readmitidos en EEUU en el futuro y esto se les ofrece a personas sin records previos de violaciones de inmigración. Alternativamente, a las personas se les podría ofrecer una “remoción estipulada”, lo que significa que el individuo recibe una orden de remoción y no podrá reingresar a EEUU por un periodo de tiempo después de salir. Las personas que aceptan salida voluntaria o remoción estipulada efectivamente abandonan sus derechos al debido proceso, tales como el derecho a una audiencia ante un juez de inmigración, y posibles reclamos a permanecer en EEUU. Informes sugieren que la gente que está firmando estos documentos de remoción algunas veces lo hacen sin darse cuenta de las

consecuencias, ya sea porque los documentos no ofrecen un lenguaje que ellos pueden entender o porque no se les da suficiente tiempo para revisar los documentos. Informes también indican que gente que se rehúsa a firmar documentos de salida voluntaria o estipulada son algunas veces amenazados con detenciones largas.249

“Ellos me explicaron algunos de mis derechos – pero me dijeron que no tenía derecho a estar en este país, que mi país es México, que estaba perdiendo mi tiempo con el proceso inmigratorio porque era imposible. Yo sentí como que estaban tratando de lavarme el cerebro. Ellos me dijeron que yo tenía que estar en la cárcel por menos seis meses si yo quería un juez de inmigración… Ellos trataron de poner mi huella del pulgar en una hoja de papel. El agente me torció un brazo atrás de mi espalda y me jaló el otro brazo hacia adelante cuando traté de poner las manos en mi bolsillo. Él continuó diciendo porqué yo no firmaba ya que no tenía ningún derecho a estar en el país. Él me estaba gritando para asustarme y hacerme firmar. Los otros agentes vinieron y le dijeron que se relajara. Finalmente tuve una oportunidad de leerlo [el documento]. Al pie decía algo de regreso voluntario. Yo leí los papeles y ellos marcaron la forma que decía que yo iba a ver a un juez de inmigración.” Un nacional de México de 33 años que ha vivido en EEUU desde 1998, describiendo su experiencia en un centro de procesamiento de detención en Tucson, Arizona, en 2009.250

La Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificada por EEUU en 1992, garantiza el derecho a los procedimientos justos de deportación, incluyendo la habilidad de cuestionar una decisión para deportar, acceso a consejería legal, y acceso a una revisión – idealmente una revisión judicial – de una decisión negativa.251 El Comité de Derechos Humanos ha señalado que “[u]n extranjero debe recibir facilidades completas para buscar alternativas contra la expulsión para que este derecho en todas las circunstancias de su caso sea efectivo.”252 La firma forzada de documentos de remoción voluntaria y estipulada viola los derechos de los inmigrantes al debido proceso. La detención o deportación de individuos puede tener consecuencias devastadoras para las familias. Amnistía Internacional ha recibido informes de familias a lo largo de la frontera que están siendo separadas por la aplicación de las leyes de inmigración, con mujeres y niños

53 CAPÍTULO 5: ABUSOS DURANTE LA DETENCIÓN Y LA DEPORTACIÓN

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“Personal de los servicios de protección para la niñez requieren mucha más capacitación cuando sus políticas se cruzan con el sistema de cumplimiento inmigratorio. MILES de niños nunca se reunirán con sus padres detenidos o deportados por ICE porque las entidades no tienen protocolos para trabajar juntos en mantener a las familias unidas.” Laurie Melrood, defensora de los derechos inmigrantes hacienda trabajo con familias y niños en Tucson, Arizona, 8 de noviembre de 2010

encarando la posibilidad de quedarse sin hogar cuando el sostén de la familia es detenido o deportado.253 Por ejemplo, una mujer cuyo hermano y hermana fueron deportados de Laredo, Texas, ahora cuida a sus niños junto con los propios. Aunque ella es indocumentada, ella tiene pendiente una petición basada en el Acta de la Violencia Contra las Mujeres (véase el Capítulo 6) y es sobreviviente del abuso domestico y está ahora luchando para cuidar a nueve niños que son ciudadanos de EEUU.254 Una vez que están detenidos, frecuentemente es imposible para los padres hacer arreglos para el cuidado de sus hijos y, como resultado, los niños podrían ser separados de sus familias y puestos bajo cuidado temporalmente o, en algunos casos, permanentemente. Personas detenidas por inmigración generalmente son transferidas entre instalaciones y no tienen formas de obtener permiso o transportación para asistir a audiencias de la corte sobre sus niños. De acuerdo a un informe de 2010 de la Comisión de Refugiados de la Mujer, “Los vacíos y fracasos en las leyes de inmigración [de EEUU] y el sistema de bienestar infantil pueden crear separación familiar a largo tiempo, comprometer los derechos al debido proceso de los padres y dejar a los niños con traumas psicológicos persistentes y dependientes del estado.”255 De acuerdo a un estudio, el temor constante de lidiar con las autoridades debido al riesgo de las acciones de cumplimiento de las leyes inmigratorias ha hecho a muchos padres reticentes a proveer información sobre familiares quienes podrían cuidar a un niño. Como resultado, los niños de personas detenidas o deportadas debido al cumplimiento de leyes inmigratorias tienen mayores posibilidades de terminar en un sistema de adopciones temporales en vez irse con sus familiares.256 El Departamento de la Niñez, Juventud, y Familias de Arizona no mantiene datos sobre el número de padres deportados cuyos derechos parentales han sido eliminados o el número de niños que han sido adoptados después de que su padre o madre fue detenido/a o deportado/a.257

55 CAPÍTULO 5: ABUSOS DURANTE LA DETENCIÓN Y LA DEPORTACIÓN

Un inmigrante detenido visita con su hijo y familiares en un centro de detención de California. © Steven Rubin.

Temor a la separación familiar tiene efectos profundos en la forma que las familias en riesgo viven sus vidas. Por ejemplo, Amnistía Internacional fue informada que familias inmigrantes algunas veces toman medidas de precaución cuando viajan a o de eventos familiares, por ejemplo manejan en autos separados uno del otro para garantizar que si un auto es detenido solo uno de los padres correrá riesgo de ser detenido/a.258 Laurie Melrood describió como una organización no lucrativa local, el Centro Kare de Tucson, Arizona, trabaja con familias de estatus mixto para establecer un plan de apoyo para sus niños y también para poder contactarse uno con el otro a través de la frontera en caso de deportación. “Si un padre es arrestado [en Arizona], ellos podrían terminar en Florencia [Centro Correccional] y los chicos en adopción temporal mientras ocurren una serie de tragedias. Yo trabajo con cada familia, familia por familia, pero también trabajamos con la comunidad para que la gente desarrolle un Plan B’.”259 Un memorándum de política envidado el 30 de junio de 2010 a todos los empleados de ICE por el Subsecretario de ICE John Morton delineó las prioridades de ICE para el cumplimiento inmigratorio – en particular los inmigrantes que representan “un riesgo a la seguridad nacional o un riesgo a la seguridad pública”, incluyendo personas involucradas en o sospechosas de terrorismo o espionaje, individuos culpables de ciertos delitos graves y crímenes violentos, y delincuentes asiduos – y da a los agentes de ICE discreción en hacer las decisiones de detención. El memorándum también declara: “Ausentes las circunstancias extraordinarias o los requerimientos para la detención obligatoria, los directores de las oficinas en el terreno no deberían gastar recursos de detención en extranjeros que se sabe que están… embarazadas, o amamantando, o demuestran que son el sustento principal de niños o una persona infirme, o cuya detención no es de ninguna forma en el interés público.”260 Amnistía Internacional aprueba el memorándum y cree que estas políticas, si son implementadas, aliviaran el impacto en la unidad familiar así como en otros derechos. En el contexto de las audiencias de deportación, antes de 1996, Jueces de Inmigración tenían la autoridad de autorizar excepciones discrecionales en los procedimientos de inmigración donde la unidad familiar puede ser amenazada por la deportación. Sin embargo, después de los cambios a la ley de inmigración en 1996, dicha autoridad discrecional ha sido sumamente reducida.261 El derecho a la vida familiar está consagrada en la ley internacional. El Artículo 17 de la ICCPR declara: “Nadie deberá ser sujeto a la

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interferencia arbitraria en su privacidad, familia, [ú] hogar”.262 El Comité de la ONU para los Derechos Humanos ha confirmado que la unidad familiar establece límites en el poder de los estados para deportar individuos,263 y el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial ha declarado que los estados deberían “[e]vitar expulsiones de los no-ciudadanos, especialmente de los que han sido residentes por mucho tiempo, que podrían resultar en la interferencia desproporcional del derecho a la vida familiar.”264 Para cumplir con sus obligaciones bajo la ley internacional, EEUU debe darle seria consideración a las circunstancias familiares, caso por caso, antes de detener o deportar a un inmigrante. Las políticas actuales y prácticas no cumplen con este estándar. Amnistía Internacional también ha recibido informes del uso excesivo de fuerza durante la detención, arresto, y deportación. Agentes de CBP están autorizados a usar fuerza razonable para prevenir un crimen o hacer arrestos legales. Sin embargo, bajo la ley internacional, el uso de la fuerza solo se permite cuando es estrictamente necesario y de acuerdo a lo necesario para hacer su trabajo. Cualquier uso de fuerza debe también ser proporcional a la amenaza presente. Varias ONGs, incluyendo la Red de Acción en la Frontera, La Red Fronteriza para los Derechos Humanos, No Más Muertes, y la Coalición de Derechos Humanos han documentado y señalado a CBP por violaciones a estos estándares en el contexto de la aplicación de la ley inmigratoria. Un agente mexicano que trabaja con inmigrantes que han regresado a México le mencionó a Amnistía Internacional que frecuentemente recibe informes y ve resultados de abusos cometidos por agentes de CBP: “El momento que ellos se sienten mejor, [CPB] los saca. Yo he recibido gente que realmente ha sido golpeada y lastimada [en Estados Unidos.”265 También se han expresado preocupaciones sobre el uso letal de fuerza y tasers266 contra inmigrantes: al menos cuatro balaceras fatales y otra muerte involucrando a agentes de CB han sido reportadas a los medios de prensa desde junio de 201.267 El 26 de enero de 2012, Amnistía Internacional le escribió a los Departamentos de Justicia y de Seguridad Interna sobre los cinco casos, expresando su preocupación que las muertes parecen haber violado los estándares internacionales sobre el uso de fuerza letal, y pidiendo una revisión de los estándares y políticas de CBP, y demandando que los resultados detallados de las investigaciones de cada caso sean hechos públicos.268 Al momento de la preparación de este informe, no se había recibido ninguna respuesta de ninguna agencia.

CAPÍTULO 6

SOBREVIVIENTES DE CRIMENES A QUIENES SE LES NEGÓ EL ACCESO A LA JUSTICIA

57 CAPÍTULO 6: LA NEGACIÓN DE LA JUSTICIA PARA LOS SOBREVIVIENTES DE CRIMENES

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CAPÍTULO 6:

SOBREVIVIENTES DE CRIMENES A QUIENES SE LES NEGÓ EL ACCESO A LA JUSTICIA (nombres ficticios) – fueron vendidas por su tío a un hombre quien las llevó de Honduras a México. En México, Dorotea y Nilda fueron golpeadas y forzadas a prostituirse. Dorotea describió como fue violada y sujeta a abuso psicológico y humillación. Los traficantes de Dorotea la llevaron a la frontera con EEUU y la forzaron a cruzar. Ella recuerda como los traficantes humanos la instruyeron en que decirle a ICE en la frontera y le dijeron que la estaban observando en caso que ella tratara de pedir ayuda. ICE le dio a Dorotea un Aviso para Presentarse (NTA)269 requiriéndole reportarse a la corte de inmigración más tarde, y la dejó entrar a EEUU.270 Dorotea entonces fue llevada a una cantina en Houston donde ella de nuevo fue forzada a la prostitución y advertida de no aparecer en la corte como era requerido. En 2005, Dorotea logró escapar de sus abusadores y fue eventualmente reunida con su hermana, quien había sido llevada a una cantina diferente en Houston y forzada a prostituirse antes de lograr escapar. Dorotea y Nilda después se enteraron que, después de su escape, el tío que las había vendido a los traficantes humanos había sido asesinado; ellas piensan que en represalia por los traficantes. En 2004, dos hermanas, Dorotea y Nilda

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El Juzgado en el Centro de Detención de Willacy, en Raymondsville, Texas. © Amnistía Internacional.

Después de ser visitadas en su apartamento La frontera suroeste sirve como el principal punto por un agente de ICE, las hermanas fueron de entrada para el tráfico humano y Texas y requeridas a reportarse a ICE cada mes. Cuando California son dos de los centros principales para ICE le preguntó a Dorotea como entró a EEUU, dicho tráfico.278 En 2006, el Departamento de Salud y Servicios Humanos reportó que todos los ella describió las circunstancias de su llegada: sobrevivientes del tráfico humano certificados que “Les dije que cuando entré alguien me estaba fueron encontrados en EEUU, un 25 por ciento observando constantemente. Que…no hice nada, fue en Texas.279 Agentes de la ley recientemente yo tenía miedo.” A pesar de esto, ICE no le preguntó más para averiguar si había sido víctima también han designado a Arizona como un centro principal y corredor para el tráfico humano.280 del tráfico humano. Cada hermana tiene una orden de deportación activa por no aparecer en la corte como lo requerían las NTAs que recibieron De acuerdo al gobierno de EEUU, hay al cruzar la frontera. Ni Dorotea o su hermana aproximadamente 14,500-17,000 personas tienen identificación, aparte de identificación consular. Ambas están aplicando para visas víctimas del tráfico humano QUE son especiales de EEUU para los sobrevivientes forzadas a EEUU cada año para la del tráfico (T-Visas). En Octubre de 2011, sus explotación laboral o sexual.277� aplicaciones aun estaban siendo procesadas.271 La legislación de EEUU ofrece estatus legal de inmigración temporal a inmigrantes que son víctimas de ciertos crímenes, incluyendo el tráfico Fracaso en la identificación de sobrevivientes “Hay mucho dinero en el tráfico humano, pero humano y la violencia doméstica. Sin embargo, no pueden encontrar a nadie que ha sido los inmigrantes muchas veces tienen miedo de víctima del tráfico. No es sorpresa con la reportar los crímenes que sufrieron, porque el contacto con la policía podría resultar en acciones forma que interrogan a la gente.” inmigratorias contra ellos u otros miembros de Jennifer Long, Casa Marianella, sus hogares. El sesentaisiete por ciento de los 9 de septiembre de 2010 jefes de policía y fiscales de distrito en las 50 Los métodos principales del tráfico humano en ciudades más grandes de EEUU han indicado que los inmigrantes reportan crímenes con menor EEUU incluyen la esclavitud sexual, la esclavitud por deuda, y la labor forzada. Las mujeres y las frecuencia que otras víctimas. Una mayoría de niñas que son traficadas para la industria del los jefes de policía, fiscales, administradores, y comercio sexual son forzadas a la prostitución líderes comunitarios inmigrantes en EEUU creen en las calles, salones de masaje, y en bórdelos. que las políticas de inmigración requieren que Las personas traficadas hacen trabajo forzado la policía actúe como agentes de inmigración, en muchos servicios e industrias, incluyendo el y esto reduce más los niveles de denuncias hecha servicio doméstico, la agricultura, manufactura, por inmigrantes.272 La reticencia de los inmigrantes en reportar servicios de hotelería, construcción y cuidado crímenes a las autoridades, y el conocimiento de salud.281 La esclavitud por deuda, o sea forzar a la gente a que trabaje hasta que paguen la común de esta situación por los perpetradores “deuda” que incurrieron para venir a EEUU y de crímenes incrementan las posibilidades recibir acomodación después, puede tomar varias que personas sospechosas de ser inmigrantes formas, incluyendo las que están listadas arriba. indocumentados serán victimizados por el Frecuentemente, las “deudas” son imposibles de crimen.273 Los agentes de la ley en varios estados reportaron que los latinos sufren más pagar debido al “interés” y otros cargos que son victimización que el resto de la población ya agregados a la deuda original.282 274 El gobierno de EEUU tiene la obligación de que son vistos como blancos “fáciles”. Por ejemplo, los jornaleros se han vuelto blancos prevenir y confrontar el abuso a los inmigrantes frecuentes de robos. Después de un día de y asegurar que los inmigrantes pueden tener trabajo, los jornaleros tienen más posibilidad acceso a soluciones inmediatas.283 Esto incluye la acción con diligencia debida para investigar de llevar efectivo y algunas veces lo guardan en o castigar la conducta criminal, tal como sus casas porque no les permiten,275 o tienen miedo de abrir cuentas bancarias.276 El hecho que la violencia doméstica o el tráfico humano ellos también podrían reportar los crímenes a la cometido por personas privadas, y garantizar el policía en caso que esto resulte en la detención acceso a la justicia para las victimas inmigrantes o deportación aumenta la confianza de los que de crímenes.284 cometen crímenes contra ellos de que pueden hacerlo con impunidad.

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A pesar de las protecciones importantes de la El 13 de noviembre de 2005, más de 100 agentes de agencias federales, estatales, y ley, los sobrevivientes del tráfico humano y la locales de la ley hicieron redadas en cinco violencia doméstica encaran constantemente cantinas en el noreste de Houston, liberando obstáculos grandes para tener acceso a la a aproximadamente a 120 mujeres y niñas. justicia. Agentes de la ley podrían no participar Los agentes arrestaron a ocho miembros de activamente en la identificación de quien tiene una banda de coyotes liderada por Maximino derecho a las protecciones disponibles mientras “El Chimino” Mondragón de El Salvador. Las algunos parecen no saber nada de las clausulas mujeres y niñas de Nicaragua, El Salvador legales relevantes. Requisitos estatutarios y Honduras le dijeron a las autoridades restringentes y el clima de temor dentro de que ellas habían sido traídas a EEUU bajo las comunidades inmigrantes causado por la preocupación sobre la detención y la deportación promesas falsas de trabajo legítimo, entonces las hicieron pagar de vuelta tarifas para son barreras adicionales. meterlas a EEUU por medio de trabajo sexual. Las visas T son un recurso que ha sido muy A ellas les dijeron que sus familias serian poco utilizado. A pesar del financiamiento golpeadas si ellas no cooperaban, las mujeres significativo dedicado a educar y capacitar a y las niñas fueron forzadas a ofrecer favores las agencias de la ley con respecto al tema del sexuales a los clientes de la cantina. De tráfico humano y los mecanismos disponibles acuerdo a algunas de las mujeres, uno de los para ayudar y proteger a los sobrevivientes socios de Maximino Mondragón hizo abortos del tráfico,298 los defensores informan y forzados en algunas de ellas. Maximino estadísticas indican que esto no ha resultado Mondragón y sus socios fueron acusados de en un incremento notable en la proporción tráfico humano, contrabando de extranjeros, de sobrevivientes del tráfico humano que son mantener a las mujeres en condiciones de identificados y que actualmente reciben visas labor forzada, dar protección a las mujeres T.299 De más de 5,000 visas T disponibles para lucro personal, y obstrucción de la “La policía llegó con mascaras. Ellos vinieron justicia. En abril de 2009, con armas y nos tiraron al piso y me buscaron el Maximino Mondragón fue ESTÓMAGO. [E]llos dijeron que si les veíamos las sentenciado a 13 años caras nos dispararían. Yo estaba embarazada y de prisión federal y a tres años de supervisión muy asustada y nerviosa…Estábamos asustados y obligatoria después de nadie nos ayudó. Después de todo lo que paso no cumplir la condena. A sabíamos que hacer…ellos no nos protegieron él y sus socios se les para nada.” ordenó pagar $1.7 millones en restitución Susana, una de las mujeres presentes durante la redada de cinco cantinas en a las sobrevivientes. A Houston en 2005, describiendo la redada a Amnistía Internacional pesar de la cooperación de las sobrevivientes del tráfico humano, anualmente para los sobrevivientes del tráfico más de dos años después de las redadas en humano, estadísticas hechas públicas durante la Reunión de Enero de 2010 de los Stakeholders del las cantinas, solo 67 de 120 de las mujeres y las niñas presentes durante las redadas Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) habían recibido visas T. En algunos casos, indican que solo un 6 por ciento de estas fueron las sobrevivientes del tráfico humano fueron utilizadas en 2009. De acuerdo a USCIS, 313 inicialmente identificadas equivocadamente solicitudes para la visa T fueron aprobadas en como criminales. el año fiscal 2009. Aunque el número de visas aprobadas subió de 113 en 2005 y el número Aunque a Susana la encontraron en una de negaciones ha declinado durante el mismo de las cantinas, ella nunca fue entrevistada periodo,300 comparado con las decenas de miles por la policía o recibió información sobre de sobrevivientes del tráfico humano que el las soluciones disponibles a través de gobierno de EEUU estima están presentes en al los servicios de inmigración para los país en un momento dado, el bajo número de sobrevivientes del tráfico humano. Al visas T extendidas pone en relieve la inadecuada momento de preparar este informe, más identificación de los sobrevivientes del de seis años después de la redada, Susana tráfico humano. estaba en proceso de ser certificada como sobreviviente del tráfico humano. Susana

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REMEDIOS LEGALES PARA LOS SOBREVIVIENTES DEL TRÁFICO HUMANO Y LA VIOLENCIA DOMÉSTICA El Acta de 2000 para la Protección de las Víctimas del Tráfico y la Violencia provee estatus legal temporal para los inmigrantes que son sobrevivientes del tráfico humano para que puedan ayudar con las investigaciones o procesos judiciales. Las tres metas del Acta son combatir y prevenir el tráfico humano, castigar a los coyotes, y proteger a la gente que ha sido traficada.285 El Acta establece la visa T y la visa U, las que permiten a los inmigrantes sobrevivientes del tráfico humano y otros crímenes que cumplen criterios estrictos de elegibilidad permanecer en EEUU temporalmente; recibir asistencia, por ejemplo beneficios de comida y salud, y buscar estatus legal permanente. La visa T es una visa no-inmigrante que generalmente no pasa de cuatro años.286 La gente que recibe visas T tiene autorización de trabajar y elegibilidad para aplicar para residencia legal permanente.287� Para calificar para una visa T, una persona debe ser víctima de “tráfico humano severo”;288 ser menor de 18 o haber sido certificado por el gobierno como disponible a ayudar en la investigación y procesamiento del tráfico humano;289 y poder demostrar dificultades extremas si son enviados de vuelta a sus países de origen.290� L a visa U291 es una visa no-inmigrante, creada para proteger a las víctimas de una variedad de crímenes, incluyendo el tráfico humano, la violencia doméstica, el servicio doméstico forzado, y la esclavitud por deuda. La visa U fue establecida para incentivar las denuncias de crímenes que de otra forma no serian reportados debido al temor de deportación. Un recipiente de visa U obtiene estatus legal temporal por entre dos y cuatro años, y podría pedir residencia legal permanente después de tres años.292 Algunos familiares inmediatos293 de los sobrevivientes también pueden obtener los beneficios de la visa, incluyendo a los niños y esposos del solicitante. Para obtener visas U, los solicitantes deben demostrar que han sufrido “abuso físico o mental substancial”; poseer información sobre actividad criminal; y proveer una forma de certificación, completada y firmada por una agencia de la ley, estipulando que el solicitante puede ser de ayuda en la investigación o castigo de la actividad criminal, a menos que aplique una excepción.294 El Acta Sobre la Violencia Contra las Mujeres (VAWA) de 1994295 buscaba remover las barreras al estatus de inmigración que prevenían a los inmigrantes indocumentados de escapar y denunciar situaciones de violencia domestica. Los perpetradores de violencia doméstica frecuentemente usan la amenaza de deportación para prevenir a sus CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE

61 CAPÍTULO 6: LA NEGACIÓN DE LA JUSTICIA PARA LOS SOBREVIVIENTES DE CRIMENES

Continuación de la página anterior

compañeras indocumentadas de reportar abusos a la policía o de abandonar una relación abusiva.296 Bajo el VAWA, los sobrevivientes y sus hijos pueden pedir residencia legal sin el conocimiento o consentimiento del esposo que las abusa. La elegibilidad para la protección bajo VAWA requiere que las solicitantes demuestren que se han casado en buena fe, han vivido con sus esposos que son residentes permanentes legales o ciudadanos de EEUU; que sufrirían dureza extrema si son deportadas; y tener “buen carácter moral.”297 no tiene identificación y no puede recibir beneficios para los que ella calificaría si hubiera sido identificada más temprano como sobreviviente del tráfico humano. Cuando Amnistía Internacional habló con la defensora de Susana en octubre de 2011, ella esperaba que fueran entre seis y nueve meses antes de que supieran si ella recibiría algún tipo de asistencia o beneficios.301

Aunque el contrabando y la obtención de entrada ilegal para una persona que no es nacional de EEUU o residente permanente de EEUU,302 no es en sí mismo una violación de derechos humanos, dicho tráfico podría poner a los inmigrantes involucrados en serios abusos. Muchas personas que piensan que están siendo transportadas luego descubren que en realidad han sido raptadas o engañadas con el propósito de explotarlas, incluyendo a través del trabajo sexual forzado y la labor forzada. Una vez que ellas se convierten en víctimas del tráfico humano en esta forma, ellas también tienen derecho a las protecciones ofrecidas bajo la ley de EEUU. Determinar cuando alguien acepta a ser transportado a EEUU se convierte en una persona víctima del tráfico humano, especialmente cuando la coerción es sicológica y no física, podría ser difícil identificar, inclusive para los agentes de la ley. “[E]s extremadamente común, especialmente para las mujeres, ser mantenidas en casas para guardar a las personas traficadas y ser forzadas a cocinar o limpiar para los coyotes y otros inmigrantes, o ser enviadas a trabajar afuera de la casa para pagar la ‘deuda’ incurrida al entrar a EEUU. Muy frecuentemente… [ellas] son violadas y abusadas sexualmente. Cuando las condiciones son reportadas a la policía por

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defensores, la ley algunas veces ignora el tema de la labor forzada e ignora las circunstancias como las de un caso de tráfico porque las mujeres contrataron a un coyote para venir a Estados Unidos y por lo tanto deberían saber que serán abusadas. Por lo tanto, los sobrevivientes son culpados del engaño, en vez de procesar legalmente a los coyotes por engañarlos y después forzar a la gente a trabajar en condiciones casi de esclavitud.” Erica Schommer, una abogada que anteriormente practicaba la ley de inmigración en el área fronteriza de Texas, agosto de 2011

Discutir algunas de las razones por las cuales ICE no identifica o no protege a muchos de los sobrevivientes del tráfico, Linda Brandmiller de Caridades Católicas, una organización que trabaja con inmigrantes y sobrevivientes del tráfico humano en Texas, explicó:

“ICE lleva a cabo las redadas, pero entonces no les da a las victimas visas [para las que ellAs califican]…Entonces existe la percepción de que si tú no estás físicamente encadenado/a, no eres víctima, lo que no es correcto.” Linda Brandmiller, Caridades Católicas, 28 de septiembre de 2010

El Departamento de Estado de EEUU reporta que, aunque la mayoría de investigaciones sobre el tráfico humano en EEUU y los procesamientos legales involucran al tráfico sexual en vez del tráfico laboral, la mayoría de las victimas inmigrantes actualmente se encuentran en el tráfico laboral, por ejemplo en fincas, fábricas, y hogares privados.303 Aunque esta discrepancia bien podría ser en parte debido al hecho que es más fácil esconder a las víctimas del tráfico

laboral en la fuerza laboral regular, defensores si hubo coerción, fraude, o violencia contra la también informan que los agentes de la ley persona ya sea en ruta hacia o después de haber no se enfocan en casos de tráfico laboral, y no entrado a EEUU. están capacitados para identificar a las víctimas Carolina hizo una decisión difícil de dejar a del tráfico laboral.304 En un ejemplo ofrecido sus dos niños pequeños en Honduras y viajar a Amnistía Internacional, un trabajador de un a EEUU para reunirse con su esposo. “Yo restaurante logró pasarle una nota a agentes de la pensé que era lo mejor para todos nosotros.” ley describiendo las condiciones bajo las cuales En Veracruz, México, Carolina fue secuestrada él estaba siendo forzado a trabajar. Los agentes por tres hombres y luego conducida cientos monitorearon el lugar por varios días y vieron de millas hacia una casa aislada cerca de como trabajadores eran llevados del restaurante Reynosa, México, donde le quitaron sus a la casa al lado, lo cual puede ser indicativo que documentos de identificación y la encerraron el lugar estaba utilizando trabajadores traficados en un cuarto. ya que no podían vivir ni viajar libremente. Sin embargo, debido a que los agentes tenían la “[Una mujer] me regó maquillaje en mi cara idea que los trabajadores del restaurante no tomaban ventaja de las oportunidades breves para y entonces me llevó a otro cuarto con una cama. Un hombre entró y le dio dinero. Yo escaparse del lugar cuando eran transferidos, la traté de oponerme pero él era mucho más situación nunca fue investigada como un caso grande que yo, él fácilmente me controló de tráfico humano.305 Esta evaluación por los y me violó mientras yo lloraba… A mí varias agentes no tomó en cuenta las tácticas comunes veces me vendieron para sexo, me golpearon, utilizadas por los coyotes y los negocios que usan amenazaron, drogaron y me hicieron labor forzada, por ejemplo la confiscación de padecer hambre. Algunas veces más de documentos de viaje y dinero y amenazas a las un hombre me violó al mismo tiempo. Si yo vidas de los familiares de las víctimas. trataba de gritar me tapaban la boca con un trapo. Algunas veces ellos tomaban fotos cuando “En vez de identificar a las víctimas, encuentra estaba siendo ultrajada.” formas de evitar que las gentes sean identificadas como víctimas.”

Uno de los perpetradores le dijo a Carolina que la David Walding, Centro Bernardo Kohler, una organización de Austin, Texas, que habían vendido y llevado ofrece educación y ayuda a inmigrantes y miembros de la profesión legal en temas de inmigración, 5 de mayo de 2010. a Hidalgo, Texas. Ella fue encerrada en el baúl de un auto y transportada por la frontera entre México y Cuestionamiento inapropiado – EEUU. Agentes de inmigración detuvieron el el tema del consentimiento auto y encontraron a Carolina en el baúl con Para poder calificar para una visa T, un moretes y mordidas en todo el cuerpo. Ella recuerda que los agentes le hicieron muchas sobreviviente del tráfico humano debe demostrar preguntas y grabaron su testimonio con que él o ella están en EEUU o en un Puerto video para usarlo contra los coyotes. Carolina de entrada debido al tráfico.306 Agentes que pasó seis meses en detención en Pearsall, entrevistan a los sobrevivientes rutinariamente Texas, antes de que otra detenida llamara a hacen sus evaluaciones sobre si en cualquier Caridades Católicas en su nombre, y Linda momento una persona intentó o consintió a Brandmiller, la Directora de los Servicios de entrar a EEUU sin permiso. David Walding, Inmigración de San Antonio, vino a verla. un defensor que trabaja en el Centro Bernardo Kohler, explicó que los empleados de la Oficina “Esa fue la primera vez que alguien me de Reasentamiento de Refugiados preguntan a dijo que yo era una víctima del tráfico las victimas una lista de preguntas de respuesta humano……Me dijo que alguien vendría a “sí”/“no”, una de las cuales es: “Quería usted venir entrevistarme otra vez para que yo pudiera a EEUU?” De acuerdo a Walding, si la persona calificar para beneficios… Una semana responde “sí”, ellos no la consideran como después o algo así, yo me sorprendí que sobreviviente del tráfico humano, sin importar

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una mujer trajo a un hombre con ella para entrevistarme. Cuando me encontraron en el baúl del auto, al principio yo no podía hablar, y también tenía mucho miedo de los hombres. Aun los empleados del centro de detención mantenían a los hombres alejados de mí porque sabían todo el trauma que yo había sufrido. Yo estaba nerviosa durante la entrevista y no me sentía bien para nada. Varias semanas después, Carolina descubrió que expertos en el tráfico humano no la certificarían a ella como víctima del tráfico porque ella inicialmente dijo que quería venir a EEUU. “Yo estaba deprimida por las noticias y traté de suicidarme cortándome las muñecas.” Eventualmente, Carolina puesta en libertad mientras se revisaba su caso. En febrero de 2011, más de dos años después de que fuera descubriera en el baúl del carro, la aplicación de Carolina para una visa T fue aprobada, permitiéndole permanecer en EEUU, recibir tratamiento mental y servicios de ayuda y eventualmente aplicar para la residencia. “Por primera vez en años, yo dormí bien y finalmente me sentí segura. Ahora puedo finalmente comenzar a sanar.” El abuso que sufrió Carolina fue denunciado a la policía, pero los perpetradores nunca fueron procesados judicialmente por el crimen y fueron deportados a México.307

Dificultades en obtener certificados de cooperación En 2004, Kamchana (no su verdadero nombre) vino a EEUU de Tailandia creyendo que tenía un empleo en un restaurante. Una vez en EEUU, la mantuvieron captiva y fue forzada a la industria del sexo. Después de varios meses, ella pudo pagar su “deuda” a los coyotes e hizo contacto con una organización anti-tráfico humano la cual la identificó como sobreviviente del tráfico, la ayudó a obtener servicios, tales como cuidado de salud y clases de inglés, y un pasaporte de la Embajada Tailandesa; y comenzó a preparar su aplicación para la visa T. En mayo de 2006, se reunió con un agente de la Alianza para el Rescate del Tráfico Humano, una coalición que incluye a la Oficina del Sheriff del Condado de Harris, el FBI, ICE, y ONGs locales. Kamchana le dio al agente información sobre los coyotes y en donde

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la habían tenido captiva. A principios de 2007, Kamchana supo que el FBI no podía poner acusaciones criminales basada en la información que ella dio y, como resultado, declinó apoyar su aplicación apara una visa T, calificándola de no ser “cooperativa”. De acuerdo al abogado que entonces la representaba, “alguien quien se reúne con el FBI tres o cuatro veces para dar su declaración y viaja a otra ciudad para hacerlo, y alguien que está dispuesta a ser interrogada – para mí, eso define a alguien que está cooperando.” Kamchana se volvió a esconder, porque tenía miedo de lo que los coyotes le podrían hacer si la deportaban a Tailandia. Eventualmente, Kamchana fue detenida por ICE. Solo después que se negó a firmar los documentos de deportación y obtuvo la ayuda de un defensor pudo convencer a un juez de inmigración que abriera su caso de nuevo para permitirle aplicar para la visa T. Varios meses después, después de pasar un año en detención, Kamchana fue puesta en libertad. Con la ayuda de su defensor, la aprobaron para una visa T en 2010.308

Aunque a los solicitantes para la visa T, al contrario de los solicitantes para la visa U, no se les requiere que obtengan un certificado309 declarando que están dispuestos a ayudar en la investigación y procesamiento del crimen, es sin embargo evidencia útil en probar la cooperación del sobreviviente. Si agentes de la ley no quieren o no están seguros de extender los certificados de cooperación para los solicitantes de visas, ellos pueden negarle a los sobrevivientes los remedios a los que tienen derecho bajo la ley de EEUU. En la práctica, puede ser difícil, pero no imposible, para los sobrevivientes obtener certificación. Una guía sobre las visas T comisionado por el Departamento de Justicia reconoce que hay muchas otras circunstancias en la que los agentes de la ley no han podido otorgar certificados, incluyendo pero no limitando situaciones en las que “[La agencia de la ley] no ha respondido a la denuncia hecha por la victima sobre un incidente de tráfico humano, la agencia de la ley no ha podido completar las entrevistas necesarias para determinar que la víctima es víctima del tráfico humano, la agencia de la ley tiene una política de no otorgar certificaciones o tiene un periodo de tiempo para otorgar dichas certificaciones.”310 Sin embargo, el requisito de certificación para las solicitudes de visa U podrían servir de

obstáculos para las víctimas de otros crímenes. a ir de una agencia de la ley a otra en busca de la Un abogado de inmigración narró a Amnistía certificación, o a tener su aplicación determinada Internacional que agentes de una agencia local por el estatus de un caso criminal, en vez de su habían rehusado firmar certificaciones para visas estatus como sobrevivientes y testigos. U por un número de razones incluyendo que el Aun si una persona ha obtenido certificación agente: fracasa en entender los requisitos para las peticiones ara visas U podría durar un año o la visa; no tiene voluntad de documentar la más en ser completadas y, de acuerdo a USCIS, participación de un sobreviviente en los esfuerzos el tiempo que se toma para procesar solicitudes, para el cumplimiento de la ley; o guarda a finales de 2011, era más de ocho meses.316 Durante ese tiempo, los solicitantes individuales actitudes negativas contra los inmigrantes en 311 no están autorizados a trabajar o a tener a acceso general. Aun cuando agentes de la ley locales son capacitados sobre el propósito y detalles a servicios sociales tales como estampillas de de la visa U, defensores informan que algunas comida, ayuda para la vivienda, o Medicaid. agencias de la ley aun rehúsan firmar las formas Además, su status irregular inmigratorio los deja de certificación para inmigrantes, creyendo bajo riesgo de arresto, detención, o deportación incorrectamente que al firmar la certificación el por parte de las autoridades de inmigración. agente le está dando una visa a la persona.312 Como Luis González, quien trabaja con Algunos informes indican que los fiscales sobrevivientes y testigos de crímenes en la Ayuda requieren que los testigos testifiquen en la corte Legal del Rio Grande de Texas, en Del Río, Texas, para obtener la certificación, aun cuando el narró a Amnistía Internacional: “lo que realmente testimonio en la corte no es requerido por la duele es preguntarse cómo van a sobrevivir.”317 ley. Además, si un caso es resuelto sin que el testigo tenga la oportunidad de testificar (aún Acceso inadecuado a la asistencia para los si ellos tenían la voluntad de hacerlo), el fiscal sobrevivientes del tráfico humano puede rehusar el otorgamiento de la certificación Muchos de los sobrevivientes del tráfico humano dando como razón el hecho que el testigo no 313 no tienen idea que existen protecciones para ellos ayudo realmente en el procesamiento. De acuerdo a Wayne Krause del Proyecto para los bajo la ley de EEUU o encuentran el proceso de Derechos Civiles de Texas, un fiscal le informó buscar ayuda de inmigración y otros beneficios que el testimonio de un cliente ante un jurado demasiado difícil de navegar sin la ayuda de no era suficiente para la certificación y que ella un defensor. Sin embargo, las interrogaciones necesitaría participar en todo el juicio. Él le para el cumplimiento inmigratorio de DHS dijo a Amnistía Internacional: “[Los fiscales] muchas veces se desarrollan sin la presencia de están usando el estatus inmigratorio [de los los defensores.318 Y una vez que los sobrevivientes del tráfico humano están en detención, a los sobrevivientes] como un instrumento de presión defensores y los proveedores de servicios se les para lo que necesitan.”314 Amnistía Internacional ha discutido estos hace difícil localizarlos e identificarlos. temas referentes a la certificación de visas U De acuerdo a Dottie Laster, una defensora con el Jefe de Policía Roberto Villaseñor de anti-tráfico humano: “Sin procedimiento Tucson, Arizona. Él describió los protocolos para lidiar con el hecho que las victimas están actuales, incluyendo el requisito para un informe detenidas, no hay manera [para los defensores] adjunto del caso, la participación del solicitante de identificar casos. La gente está haciendo en la investigación criminal y el requisito que presentaciones sobre “conozca sus derechos” en la investigación debe estar abierta. Sin embargo, él declaró: “Nosotros no tenemos ninguna “Si eres una víctima de la violencia doméstica y vas obligación de otorgar recomendaciones para a la corte a buscar una orden de protección o si visas U. Puede ser hecho por alguien más si no lo hacemos. Si es una investigación activa de un caso, eres testigo de un crimen, tú tal vez no quisieras entonces podemos hacerlo. Las personas también denunciarlo y poner el cuello afuera. Hay pueden ir a la Oficina del Fiscal del Condado ramificaciones para la seguridad comunitaria [por el o a las Cortes Municipales para la certificación 315 temor a las operaciones de inmigración].” si nosotros no lo hacemos.” Amnistía Internacional está preocupada que el tipo de Marisa Bono, Fondo para la Defensa Legal políticas descritas crean obstáculos innecesarios y Educacional Mexicano-Americano, 24 de febrero de 2011 para los sobrevivientes de crímenes, forzándolos

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las cárceles, pero no es suficiente porque es difícil identificar a estas víctimas.”319 Como un ejemplo, ella le contó a Amnistía Internacional como una clienta fue forzada a una interrogación que duró más de tres horas con un agente hombre después que ella había expresado previamente su temor de estar sola en un cuarto con un hombre. Elizabeth Crooks, quien también trabaja con sobrevivientes del tráfico humano en Texas, explicó: “Las agencias de la ley se ofenden si yo demando tener un defensor en el cuarto durante la interrogación. Muchos se van por un lado debido a eso.”320

evaluación psicológica, u otra ayuda relevante para documentar el abuso y calificar para remedies, un proceso que puede durar meses o aun años para completarse. Para tener acceso a los servicios y documentación necesarios, los inmigrantes indocumentados cerca de la frontera frecuentemente tienen que viajar por puntos de chequeo de inmigración o dar prueba de su estatus legal cuando son detenidos por patrullas. Como resultado, los inmigrantes indocumentados podrían ser detenidos para ser cuestionados, algunas veces por periodos largos, ya que los agentes no reconocen o aceptan “Un abogado que previamente representaba sus documentos a inmigrantes buscando las visas U en la temporales de inmigración. En frontera describió como una de sus clientas algunos casos, con documentación interina de visa U había sido a la gente le han detenida y ordenada deportada porque los agentes destruido sus de la Patrulla Fronteriza se habían rehusado a documentos antes de deportarlas.321 reconocer la validez de los documentos. Una clienta,

quien tenía ocho meses de embarazo fue detenida durante una parada de transito en mayo de 2007 y detenida por una noche en la estación de la Patrulla Fronteriza con su hijo de siete años. Los agentes le dijeron varias veces que su documento temporal de visa U era falso, se rehusaron a dejarla llamar a su abogado, y la amenazaron con enviar a su hijo de vuelta a México con familiares que estaban siendo procesados para ser removidos. Finalmente, a las 3pm del día siguiente, fue puesta en libertad. En otro incidente similar, una clienta que viajaba con sus cuatro niños, todos ciudadanos de EEUU, y dos niños con documentos de visa U fueron detenidos en un punto de control en septiembre de 2007 cuando iban saliendo del valle del Rio Grande. Los agentes de CBP no le creyeron que la documentación era válida y le dijeron que si no aceptaba una salida voluntaria, la iban a detener a ella y a sus dos hijas que tenían visas U y enviar a los otros niños a la custodia de los Servicios de Protección Infantil, entonces ella aceptó ser deportada hacia México.322”

Puntos de Chequeo y otros obstáculos Los inmigrantes indocumentados que piden la visa T o la visa U, o ayuda bajo VAWA, podrían necesitar obtener testimonio medico,

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Para tener acceso a los remedios disponibles para ellos con una visa U, los sobrevivientes de la violencia sexual podrían tener que someterse a exámenes médicos para obtener evidencia forense. Sin embargo, los sobrevivientes que son inmigrantes indocumentados podrían no estar seguros de ir a un hospital o clínica por temor a que el personal médico pueda actuar unilateralmente denunciándolos a las autoridades de inmigración. Monserrat Caballero del Programa Su Voz Vale en Centro del Sureste de Arizona Contra el Asalto Sexual en Tucson, el cual provee servicios culturalmente adecuados para los sobrevivientes latinos del ataque sexual, narró a Amnistía Internacional que algunas enfermeras en hospitales locales toman la decisión ellas mismas de llamar a CBP si una

sobreviviente de ultraje viene sin documentos: “si CBP las agarra, nosotros podemos usar a rape kit [para obtener evidencia[, pero el sobreviviente igual será [rápidamente] deportado.”323 La denuncia de sobrevivientes indocumentados de ataques sexuales a las autoridades de inmigración por personal de los hospitales impide la habilidad de los sobrevivientes de buscar justicia y remedios que están disponibles para ellos.

Las pocas denuncias de la violencia en el hogar y familiar La violencia en la familia y el hogar es uno de los crímenes menos reportados en general y las comunidades inmigrantes no son ninguna excepción.324 Estudios sugieren que solo un 50 por ciento de mujeres que sufren violencia domestica en la sociedad buscan ayuda de las agencias de la ley. Para las mujeres inmigrantes sin documentos o que tienen estatus legal temporal, el número baja al 20 por ciento.325 En un estudio sobre violencia domestica en los hogares inmigrantes latinos, la razón principal mencionada por las mujeres por la que no reportan es el temor de que van a poner en peligro su propio estatus inmigratorio, el estatus del perpetrador, o de otros en su comunidad.326 Los perpetradores frecuentemente usan el estatus inmigratorio de la pareja como herramienta de control para evitar que la victima busque ayuda. 327 Por ejemplo, Isaac Harrington del Proyecto de Derechos Civiles de Texas describió un caso en el cual una sobreviviente de violencia doméstica estaba en proceso de recibir una visa U cuando fue a la policía para un chequeo de su historial personal para ponerlo con su aplicación para la visa. Sin embargo, los agentes locales llamaron a ICE y la detuvieron por una semana, aunque ella estaba amamantando a un niño de seis semanas. Él narró a Amnistía Internacional: “si esa es la actitud que tienen hacia los inmigrantes, ¿porqué van [los inmigrantes] a reportar [la violencia doméstica]?” El Proyecto de Derechos Civiles de Texas ya no envía clientes a la policía para obtener documentos a menos que vayan acompañados por un trabajador de apoyo. Para calificar para beneficios de inmigración y protección bajo VAWA, las víctimas de la violencia doméstica deben demostrar “buen carácter moral.” Este requisito ha sido vigorosamente criticado porque las leyes de arresto mandatorio y las políticas y la naturaleza de la ley sobre violencia domestica pueden resultar en un record criminal para la sobreviviente de la violencia.328 Los récords de

arrestos previos, aun los que resultan debido a incidentes de violencia doméstica por los cuales una persona busca protección pueden resultar en la negación de beneficios y protección para las mujeres debido a este requisito.329

Crímenes de Odio contra Inmigrantes En mayo de 2010, Juan Valera fue baleado y acecinado en Fénix, Arizona, por su vecino, Gary Kelley, quien gritó comentarios racistas contra Juan Varela y le dijo “regresa para México”. Gary Kelley entonces trató de dispararle al hermano de Juan Varela pero el arma no funcionó. La familia de Juan Varela culpabiliza de la muerte de él a las tensiones étnicas extremas que acompañaron la aprobación de la ley anti-inmigrante S.B. 1070 en Arizona, la cual estaba a punto de entrar en efecto en ese tiempo (véase el Capítulo 4).330 Agentes locales inicialmente declararon que no pensaban que el crimen fue motivado por asuntos de raza. Un mes después, la Oficina del Fiscal del Condado declaró que en efecto el incidente era considerado un crimen de odio.331 Durante los procedimientos criminales, un jurado declaró culpable a Gary Kelley de homicidio en segundo grado, pero no lo declaró culpable del crimen de odio como un factor agravante. En julio de 2011, Gary Kelley fue sentenciado a 27 años y medio en prisión.332

Estadísticas oficiales han mostrado un incremento marcado en los “crímenes de odio” – crímenes que son motivados por la identidad percibida de la víctima, incluyendo raza, origen nacional religión, orientación sexual, genero o disparidad – contra los latinos. De acuerdo a los Reportes Unificados de Crímenes del FBI, que capturan solamente un pequeño porcentaje de dichos crímenes,333 los crímenes de odio contra los latinos se incrementaron regular y dramáticamente un 32 por ciento entre 2003 (426) y 2008 (561).334 De las ofensas relacionadas con crímenes de odio cometidas en 2008 que fueron motivadas por el prejuicio contra la etnicidad u origen racial percibido de la victima, 64 por ciento fueron contra latinos, una proporción mucho más grande que en 2003, cuando fue solamente un 43 por ciento.335 Este incremento dramático en los crímenes de odio contra personas que son vistas como latinos o inmigrantes es particularmente problemático

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debido a que los crímenes de odio en su totalidad se han reducido un 6 por ciento durante el mismo periodo. Durante este tiempo, otros grupos raciales, étnicos, y religiosos tuvieron reducciones en los niveles de crímenes de odios que sufrieron.336 El incremento en los crímenes de odio contra los latinos está correlacionado con el incremento marcado en el número de grupos activos que son hostiles a los inmigrantes en EEUU, de acuerdo a un estudio reciente hecho por el Centro Legal de la Pobreza del Sureste. Mucho del crecimiento de dichos grupos ha ocurrido en los estados del sureste, Texas, Arizona, y California, donde la controversia sobre la inmigración está particularmente polarizada.337 Como respuesta a este problema creciente, el Congreso ha dirigido al Instituto Nacional de Justicia a que investigue y evalúe las tendencias y las causas de los números crecientes en los crímenes de odio contra los inmigrantes, los que se cree que son inmigrantes, y la gente de herencia latina.338 Al momento de la preparación de este informe, dicho estudio estaba en marcha.

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Es importante también señalar en vista de estas estadísticas que se estima que un 56 por ciento de las víctimas de crímenes de odio no los denuncian a la policía, frecuentemente porque piensan que la policía no podrá o no tiene la voluntad de ayudarlos.339 Los inmigrantes tienen también temor de que al reportar un crimen, ellos van a atraer aun más a las autoridades y van a ser sujetos a la detención y la deportación.340 Los inmigrantes indocumentados encaran problemas adicionales para reportar un crimen o actuar como testigos de un crimen cuando tienen que presentar formas válidas de identificación. Por ejemplo, la Ciudad de Houston, Texas, tiene un acuerdo con el gobierno mexicano que permite el uso de las Tarjetas de Matriculación Consular Mexicanas como formas válidas de identificación. Sin embargo, los agentes del Departamento de Policía de Houston tienen discreción para aceptarlas.341

cAPÍTULO 7

BARRERAS A LA EDUCACIÓN Y CUIDADO DE SALUD

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cAPÍTULO 7:

BARRERAS A LA EDUCACIÓN Y CUIDADO DE SALUD

encaran barreras particulares en al acceso al cuidado de salud y educación esenciales. Nuevas leyes y políticas a nivel estatal y local crecientemente se enfocan en los latinos para la aplicación de leyes inmigratorias y han contribuido al creciente temor de deportación entre las comunidades inmigrantes, restringiendo aun más los derechos de los inmigrantes a la salud y la educación.342 Inmigrantes en EEUU

Acceso a la Educación La educación es un derecho humano en sí mismo y un medio indispensable para lograr otros derechos humanos.343 La educación tiene un papel protector en reducir la vulnerabilidad a la explotación, el tráfico humano, y la labor infantil. También sirve como “el vehículo primario por medio del cual adultos marginalizados económica y socialmente y sus niños pueden salir de la pobreza y obtener los medios para participar completamente en sus comunidades.”344 Todos los estados de EEUU tienen leyes sobre la educación obligatoria y la educación pública gratuita es disponible en los niveles primarios y secundarios.345 La educación es principalmente una responsabilidad estatal en vez de federal y las comunidades locales determinan los requisitos de matriculación y graduación. Sin embargo, estados y escuelas en distritos locales tienen la obligación de proveer educación en una forma consistente con las protecciones constitucionales de EEUU contra la discriminación.346 En 1974, la Corte Suprema de Justicia afirmó el deber gubernamental de educar efectivamente a los que no hablan inglés.347 En 1982, la Corté decidió en

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Plyler versus Doe que la retención de fondos por parte de los estados para que los distritos escolares ofrezcan educación a los niños de inmigrantes indocumentados es inconstitucional.348

“El resultado sería la creación de una subclase permanente de niños vulnerables y sin educación y vulnerables” Laurie Melrood, quien trabaja en temas de custodia para niños en el área de Tucson, Arizona, hablando con Amnistía Internacional sobre legislación propuesta en Arizona que posibilitaría a los estados excluir a los niños indocumentados del sistema de educación pública, 8 de noviembre de 2010

Sin embargo, estados de la Unión y distritos escolares locales han propuesto, y en algunos casos implementado, leyes y políticas que limitarían el acceso a la educación estableciendo barreras para los estudiantes que son indocumentados o cuyos padres son indocumentados.349 De acuerdo al Centro Hispano Pew, en 2010 había aproximadamente un millón de niños indocumentados en EEUU.350.

La ley H.B. 56 de Alabama, promulgada el 9 de junio de 2011, incluye una clausula que permitiría a las escuelas averiguar sobre el estatus inmigratorio de los nuevos estudiantes. El ACLU y el Centro Legal de la Pobreza del Sureste basado en Alabama han hecho una demanda colectiva contra el estado de Alabama, buscando prevenir la aplicación de la nueva ley.351 La ley fue inicialmente reafirmada por una corte federal de distrito en Alabama. Sin embargo, el 14 de octubre de 2011, la corte federal de apelaciones bloqueó la aplicación de dicha provisión hasta que la constitucionalidad de la ley sea examinada más detenidamente.352 Al momento de la preparación de este informe dicha revisión no había sido completada. Sectores de estudiantes hispanos en el estado dejaron de ir a la escuela tan pronto como la corte baja determinó que la H.B. 56 de Alabama entraría en efecto, a pesar de que la recolección de datos sobre el estatus inmigratorio de los estudiantes no empezaría hasta el siguiente año escolar. De acuerdo a informes de los medios de prensa, varios días después de que el juez federal reafirmara partes de la H.B. 56 de Alabama, más

de 100 estudiantes se salieron de la escuela en el pequeño poblado de Albertville y aun más faltaron a clases. En todo el estado, casi 2,000 estudiantes hispanos, se reporta, estuvieron ausentes de la escuela inmediatamente después que se anunciara la decisión del Juez, lo cual representó casi un incremento de un 80 por ciento comparado con la semana anterior.353 Aunque la H. B. 56 posiblemente continuará siendo cuestionada en la corte, es claro que ha servido para disuadir a los inmigrantes y a las familias con estatus mixto y a sus niños de matricularse e ir a clases. Leyes similares han sido propuestas en Arizona, Oklahoma, Tennessee, Texas y Virginia.354 En 2011, las legislaturas de Texas y Arizona propusieron pero no aprobaron, propuestas de ley requiriendo a las escuelas recolectar información sobre si los estudiantes estaban residiendo legalmente en EEUU.355 La propuesta de ley de Texas requeriría que las escuelas recaben datos sobre cuántos estudiantes indocumentados asisten a las escuelas de Texas, quiénes son, y dónde viven.356 Algunos líderes hispanos y representantes escolares se oponen a

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Un doctor carga en sus brazos a un niño inmigrante mexicano en una clínica del Valle del Río Grande, Texas. © Alison Wright/Corbis Imagen Previa

Foto cortesía de Tasya van Ree

El Acta DREAM Ciertos estados han tomado pasos proactivos para garantizar que los estudiantes indocumentados tienen acceso a la educación superior. California, por ejemplo, promulgó legislación en 2011, la cual permitiría a estudiantes indocumentados en las universidades públicas que cumplen ciertos requisitos de tener acceso a becas financiadas privadamente así como a ayuda financiera provista por el estado.359 La legislación en California fue una respuesta al fracaso del Congreso en aprobar el Acta Federal para el Desarrollo, Ayuda, y Educación de Extranjeros Menores (Acta DREAM). El Acta DREAM daría la oportunidad a algunos estudiantes inmigrantes indocumentados de buscar una educación superior al devolverle a los estados la autoridad de determinar quien califica para matriculación estatal. También proveería estatus legal condicional a los estudiantes inmigrantes si terminan la escuela secundaria y van a la universidad o entran en las fuerzas armadas por dos años. Estudiantes que completan todos los requerimientos tendrán la oportunidad de legalizar permanentemente su estatus de inmigración.360 El Acta DREAM ha sido introducida en el Congreso varias veces361 en los últimos 10 años pero al momento de la preparación de este informe la misma no había sido aprobada. estos tipos de propuesta de ley bajo el argumento que disuaden a los niños de inmigrantes de ir a las escuelas y ordenan a los administradores escolares a actuar como agentes federales de inmigración.357 La Administración de EEUU ha tratado resolver la exclusión de los estudiantes debido al estatus inmigratorio de sus padres y mitigar los efectos negativos de legislación estatal propuesta y promulgada. La División de Derechos Civiles del Departamento de Educación de EEUU y el Departamento de Justicia de EEUU han indicado en una carta enviada a todos los distritos escolares de la nación que las prácticas en distritos escolares que podrían afectar negativamente o disuadir la matriculación escolar debido al estatus inmigratorio violan la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia en Plyler v. Doe.358

Acceso al cuidado de salud “El estatus inmigratorio triunfa sobre el cuidado de salud.” Montserrat Caballero, Centro contra el Asalto Sexual del Sureste de Arizona – Su Voz Vale, 9 de noviembre de 2010

Junto con los individuos viviendo en la pobreza y las comunidades de color,362 los inmigrantes documentados e indocumentados encaran barreras considerables en tener acceso a los servicios esenciales del cuidado de salud en EEUU, incluyendo barreras financieras y temor de ser deportados por razones inmigratorias.

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Frecuentemente estas preocupaciones retrasan o evitan que los inmigrantes indocumentados busquen cuidado de salud y terminan en las salas de emergencia de hospitales debido a enfermedades y condiciones que han empeorado debido a la falta de cuidado preventivo o al tratamiento de intervención temprana.363 Mucha gente que vive en EEUU no tiene seguro de salud y el costo del cuidado médico es muchas veces exorbitante. Aunque se espera que el Acta para la Protección del Paciente y el Cuidado Accesible de 2010 (frecuentemente llamada “reforma del cuidado de salud”) mejorara significativamente el acceso al cuidado de salud no será implementada hasta el 2014 o después. Aun después de ser implementada completamente, los inmigrantes documentados e indocumentados que han vivido en EEUU por menos de cinco años no podrán tener acceso al cuidado de salud financiado o subsidiado públicamente.364 La excepción a esta prohibición es que los estados recientemente recibieron la opción de cubrir a los niños inmigrantes indocumentados y las mujeres embarazadas que entraron a EEUU en los últimos cinco años, si así lo eligen.365 Los inmigrantes tienen mayor riesgo de no tener seguro que los nacidos en EEUU. En 2008, más del 44 por ciento de los no-ciudadanos no tenia seguro,366 y entre los inmigrantes indocumentados, aproximadamente el 60 por ciento de los adultos no tenia seguro.367 En comparación, casi un tercio de todos los hispanos

(36 por ciento) no tenía seguro, comparado con el 13 por ciento de la población blanca y un 22 por ciento de los afroamericanos.368 De los cinco estados con los mayores porcentajes de gente sin seguro, cuatro estados – Arizona, Nevada, Nuevo México, y Texas – están ubicados en o cerca de la frontera suroeste y tienen un alto porcentaje de inmigrantes indocumentados, y el quinto, Florida, también tiene un alto porcentaje de inmigrantes.369 Aun si un inmigrante indocumentado o documentado de bajos ingresos que ha entrado al país en los últimos cinco años tiene una condición médica seria, aun potencialmente fatal, el financiamiento federal disponible para ellos es bastante limitado. Para recibir seguro, Emergency Medicaid requiere el “comienzo inesperado” de síntomas agudos y de suficiente severidad como para que la ausencia de tratamiento inmediato se podría esperar razonablemente que pondría la salud del paciente en serio peligro, o llevaría al serio deterioro de las funciones fisiológicas, o al fallo serio de una parte corporal.370 Emergency Medicaid no paga por el tratamiento de condiciones crónicas, tales como cáncer, aun si la condición potencialmente o seguramente podría resultar en la muerte.371 El temor de deportación está entre los factores principales que los inmigrantes indocumentados toman en cuenta cuando deciden buscar cuidado médico.372 Amnistía Internacional ha recibido informes que a inmigrantes indocumentados se les ha negado tratamiento, han recibido tratamiento inferior o han sido reportados a CBP cuando buscan cuidado médico en los hospitales de Arizona.373 Defensores en Tucson, Arizona, quienes trabajan con víctimas de crímenes reportan que los hospitales locales frecuentemente chequean el estatus inmigratorio de personas que buscan cuidado médico y llaman a CBP para arrestar a los que se sospecha que son indocumentados.374 Legislación y regulaciones existentes y propuestas incluyen clausulas requiriendo la recolección de información, en los centros de salud, sobre el estatus inmigratorio. Esto ha creado temores que la información será comunicada a las autoridades de inmigración. En 2003, el Congreso autorizó algunos fondos de ayuda para hospitales que ofrecen servicios gratuitos a inmigrantes indocumentados. Sin embargo, para calificar para el reembolso federal por cuidado de emergencia, los hospitales están requeridos a recoger información probando que el paciente no califica para el seguro público, incluyendo datos sobre su estatus inmigratorio.375 Algunos estados han introducido legislación que restringiría aun más el acceso a los servicios

de salud para los inmigrantes. Por ejemplo, la Propuesta de Ley 1405 del Senado de Arizona era una de varias propuestas de ley anti-inmigrantes presentadas ante la Legislatura del Estado de Arizona en 2011. Ésta requeriría que los hospitales verificaran el estatus inmigratorio de los pacientes y notificaran a las agencias de inmigración si no podían confirmar que la persona estaba legalmente en el país.376 Líderes locales médicos y religiosos, entre otros, criticaron la propuesta de ley, diciendo que convertiría a los trabajadores de salud en de facto agentes de ICE y forzaría a los inmigrantes indocumentados a medir el riesgo de deportación contra el riesgo de no recibir tratamiento médico.377 Acceso a servicios médicos es esencial para que las personas disfruten del derecho a la salud. Estados no deberían promulgar legislación que disuade a los inmigrantes indocumentados de recibir cuidado médico o requiere la recolección de estatus inmigratorio. Amnistía Internacional insta a la Oficina de Derechos Humanos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU a que investigue informes que hospitales o personal médico están activamente ayudando en la aplicación de leyes migratorias para garantizar que se les prohíbe preguntar sobre el estatus inmigratorio de los pacientes a menos que sea necesario para determinar si califican para seguro o esto es requerido bajo la ley federal.

“[La Propuesta de Ley de la Cámara de Representantes de Arizona] 2008 se enfoca en familias de estatus [inmigratorio] mixto y PERPETÚA la separación de familias. Los hijos que son ciudadanos de EEUU no están recibiendo lo que necesitan. [Cuando la ley es aplicada y los padres deportados,] los padres tienen que decidir si llevan a sus hijos a un país que nunca han conocido, o los niños terminan con los Servicios para la Protección de la Niñez, aunque tengan padres cariñosos que quieren estar con ellos.” Hannah Hafter, No Más Muertes, 8 de Noviembre de 2010

Aunque los inmigrantes indocumentados no califican para muchos beneficios estatales y federales, sus hijos que son ciudadanos podrían erróneamente ser negados servicios y beneficios a pesar que califican para los mismos. Los hijos de inmigrantes indocumentados ya sufren mayor riesgo que otros niños en EEUU de no tener seguro de salud – en 2007, casi la mitad de los niños nacidos de inmigrantes no autorizados no tenían seguro de salud, en comparación con un 11 por ciento a nivel nacional para todos los menores

73 CAPÍTULO 6: LA NEGACIÓN DE LA JUSTICIA PARA LOS SOBREVIVIENTES DE CRIMENES

de 18 años. Sin embargo, la promulgación de Departamento de Salud y Servicios Humanos de legislación estatal requiriendo que se revele el EEUU, el que declara, “estados podrían no pedirle estatus inmigratorio de la persona durante el a los solicitantes que den información sobre su proceso de aplicación para beneficios podría ciudadanía o estatus inmigratorio de cualquier impactar aun más su acceso a la salud y la nutrición. familiar no-solicitante y miembro del hogar o En Arizona, bajo H.B. 2008,378 los padres que negar beneficios al solicitante porque un familiar son indocumentados y buscan beneficios para no-solicitante o miembro del hogar no ha revelado sus hijos que son ciudadanos de EEUU, tales su ciudadanía o estatus inmigratorio.”386 Los procesos burocráticos que incluyen requerimientos como beneficios de comida, cuidado de salud difíciles de documentación posan significantes y de vivienda, han sido requeridos a presentar obstáculos y retrasos para acceder esos servicios387 identificación y, en algunos casos, declaraciones 379 por parte de los hijos ciudadanos de EEUU de juradas afirmando su propia ciudadanía. Las agencias están requeridas a dar a ICE los inmigrantes indocumentados en violación del nombres de personas que se piensa que podrían derecho a la salud.388 380 La negación de beneficios que ofrecen acceso ser inmigrantes ilegales. Si los empleados del Departamento de Seguridad Económica de a la nutrición y alimentos adecuados, lo cual Arizona, la agencia estatal a cargo de determinar es un componente necesario del derecho a la la elegibilidad para beneficios, no reporta a salud, pone en más desventaja a dichos niños e los solicitantes indocumentados a ICE, el incrementa los obstáculos para que logren los empleado puede ser multado y procesado bajo estándares de salud más altos que son posibles.389 381 El Comité de la ONU para la Eliminación de la ley y estar en prisión hasta cuatro meses. Hasta noviembre de 2010, las dos agencias la Discriminación Racial ha enfatizado que el estales principales en Arizona que administran “tratamiento diferente basado en la ciudadanía o beneficios públicos habían reportado a 1,503 estatus inmigratorio constituirá discriminación personas a ICE.382 si el criterio para dicha diferenciación, juzgado En agosto de 2010, Valle del Sol, una bajo la luz de los objetivos y propósitos de la organización no lucrativa que ofrece servicios Convención, no son aplicados de acuerdo a sociales y de salud a latinos en Arizona hizo sus metas legitimas, y si no son proporcionales una queja de discriminación con la Oficina de al logro de esta meta”.390 Cualquier restricción al acceso a los servicios del cuidado de salud y Derechos Civiles del Departamento de Salud y educación por las autoridades de EEUU tiene que Servicios Humanos de EEUU contra las agencias cumplir con estos criterios y las autoridades de principales aplicando la H.B. 2008.383 En 2011, Alabama promulgó H.B. 56 (véase EEUU deben garantizar que los sistemas de salud el Capítulo 4), Sección 7, que incluye los mismos y educación son equitativos, no discriminatorios, requisitos de reporte para que los inmigrantes y accesibles para todos, incluyendo a los notengan acceso a beneficios, incluyendo los de ciudadanos de EEUU. sus hijos ciudadanos de EEUU, de la H.B. 2008 de Arizona.384 Aunque hay varias provisiones “Estados Miembros se encargan…de garantizar el en H.B. 56 que son actualmente prohibidas por derecho a todos, sin distinción de raza, color, origen cortes federales debido a demandas hechas por el Departamento de Justicia y ONGs locales, la nacional o étnico, de la igualdad ante la ley… en el Sección 7 no fue incluida en las demandas y estaba disfrute de… (e)(iv) El Derecho a la salud pública, en efecto al momento de prepararse este informe.385 cuidado médico, seguridad social y servicios sociales; H.B. 2008 y otras propuestas de ley que (v) El derecho a la educación y capacitación…” afectan la habilidad de los niños de inmigrantes que son ciudadanos de EEUU a tener acceso a Artículo 5, Convención Internacional para la Eliminación beneficios administrados por el estado son una de Todas Formas de Discriminación Racial. violación de los lineamientos proveídos por el

74 EN TERRENO HOSTIL

CAPÍTULO 8

RECOMENDACIONES DE AMNISTÍA INTERNACIONAL

75 CAPÍTULO 8: RECOMENDACIONES DE AMNISTÍA INTERNACIONAL

8

CAPÍTULO 8

RECOMENDACIONES DE AMNISTÍA INTERNACIONAL

el vínculo entre las violaciones a los derechos de inmigrantes en los estados del suroeste, Texas y Arizona, y el fracaso de las autoridades federales, estatales, y locales en hacer cumplir las leyes de inmigración en una forma no discriminativa. El informe demuestra que las comunidades que viven a lo largo de la frontera, especialmente latinos y aquellos que son percibidos como de origen latino, y las comunidades Indígenas – son afectados desproporcionalmente por una variedad de medidas de control de inmigración, lo que resulta en fuertes tendencias de violaciones a los derechos humanos. El fracaso en no respetar y proteger el derecho a la vida de los inmigrantes, en proteger y confrontar el perfilamiento racial por los agentes de la ley; en garantizar el acceso a la justicia para los inmigrantes sobrevivientes de crímenes; en garantizar el acceso igualitario a los derechos de salud y educación, y en hacer que oficiales estatales y individuos privados o grupos respondan por abusos a los derechos de los inmigrantes – todos rompen los estándares internacionales de derechos humanos. Las siguientes recomendaciones establecen pasos específicos que se necesitan tomar para tratar con las violaciones a los derechos de los inmigrantes. Este informe realza

76 EN TERRENO HOSTIL

Asegurar que las leyes federales y estales respetan los derechos inmigrantes 1. T  odos los programas para el cumplimiento inmigratorio (conocidos como programas ICE ACCESS) deberían ser suspendidos para ser revisados por la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Interna para determinar cuáles son aplicados en forma no discriminatoria.

2. E l Congreso de EEUU

debería asegurar que todas las leyes de inmigración, incluyendo las de control migratorio y cumplimiento inmigratorio, respetan los derechos inmigrantes de acuerdo a sus obligaciones bajo las leyes y estándares internacionales.

3. Todos los gobiernos estatales

deberían asegurarse que la legislación estatal respeta los derechos de los inmigrantes, incluyendo el derecho a no ser discriminado, al debido proceso, y los derechos a la salud y educación. Si legislación es aprobada a nivel estatal que interfiere con los derechos de los inmigrantes, el gobierno federal debería intervenir para asegurar que la responsabilidad federal del cumplimiento inmigratorio no es usurpada por la ley estatal, y si es necesario el Departamento de Justicia de EEUU debería revisar la constitucionalidad de la ley e intervenir cuando sea necesario para asegurar que la ley no resulta en discriminación o violaciones de otros derechos.

4. El gobierno de EEUU

debería ratificar la Convención Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención para a Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y Miembros de Sus Familias para asegurar la protección de los Derechos Económicos, Sociales, y Culturales para todas las personas, incluyendo los inmigrantes.

Asegurar que las políticas fronterizas respetan y protegen el derecho a la vida 5. El Congreso de EEUU

debería revisar y modificar la política de “prevención por disuasión” implementada en su Plan 1994 para el control fronterizo y asegurar que las políticas de control y sus prácticas cumplen con las obligaciones de EEUU bajo las leyes y estándares internacionales, incluyendo el derecho a la vida.

6. L a Oficina de Responsabilidad Gubernamental debería poner al día su revisión de 2006 sobre las muertes de migrantes para evaluar si la Protección de Aduanas y Fronteras ha ofrecido protocolos

y procedimientos consistentes a todos los sectores para asegurar la colección precisa de números de migrantes que pierden sus vidas mientras cruzan la frontera EEUU-México. La colección de datos precisa es esencial para tener un análisis completo y comprensivo de los factores que contribuyen a estas muertes y los pasos que se necesitarán tomar para mitigar la prevalencia de las muertes de migrantes a lo largo de la frontera. 7. La División de Derechos Civiles

del Departamento de Justicia de EEUU debería revisar las políticas y prácticas fronterizas para ver si los agentes fronterizos están involucrados en comportamiento que viola los derechos civiles. El Departamento de Justicia, el cual administra el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas, debería reformar el sistema de la base de datos en línea para permitir que nacionales extranjeros suban información sobre familiares desaparecidos que pueden haber cruzado hacia EEUU para ayudar en la identificación de los restos de esos migrantes después de que han cruzado hacia EEUU.

8. Los Estados Fronterizos

deberían incrementar el número de estaciones de agua y torres celulares a lo largo de las brechas migrantes para prevenir las muertes de migrantes y ayudar a las personas que están perdidas y en necesidad el contacto con la Patrulla Fronteriza.

Respeto a los derechos de los Pueblos Indígenas en las fronteras internacionales 9. El gobierno de EEUU

debe asegurar que todas las leyes inmigratorias, políticas y prácticas respetan los derechos de los Pueblos Indígenas y cumplen con los estándares establecidos por la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

10. E l gobierno de EEUU

debería iniciar consultas inmediatas con las Naciones Tribales que cruzan la frontera para desarrollar soluciones, políticas, y prácticas que respetan los derechos humanos de los Pueblos Indígenas en lo referente al cumplimiento migratorio y la aplicación inmigratoria en tierras Tribales.

11. L a Protección de Aduanas y Fronteras

debería respetar y facilitar el uso de pasaportes Tribales/Naciones Indígenas, identificaciones, y documentos de inmigración para el cruce fronterizo, específicamente para Tribus a lo largo de la frontera entre México y EEUU. El Departamento de Seguridad Interna de EEUU

77 CAPÍTULO 8: RECOMENDACIONES DE AMNISTÍA INTERNACIONAL

debería asegurar que los requisitos para estos documentos no son tan duros que se vuelven obstáculos para los Pueblos Indígenas y miembros de tribus no reconocidas federalmente para calificar. 12. L a Protección de Aduanas y Fronteras

debería reconocer y permitir el uso de puntos tradicionales rurales de cruce par a las comunidades indígenas y adoptar políticas y procedimientos que permitan el uso de discreción a los agentes de la Patrulla Fronteriza con respecto al uso de identificación Tribal en los puntos tradicionales rurales de cruce. 13. E n cooperación

y con la participación e los Consejos Tribales y activistas de derechos Indígenas locales y organizaciones de cada Nación Indígena relevante, la Protección de Aduanas y Fronteras de EEUU debería proveer capacitación comprensiva en idiomas Tribales, costumbres y culturas de las Tribus Indígenas donde agentes de la Patrulla Fronteriza están estacionados.

Terminar con la discriminación en la aplicación de las leyes de inmigración 14. E l Congreso de EEUU

debería asegurar que el Acta para Terminar con el Perfilamiento Racial es debatida completamente. También debería establecer estándares nacionales y prevenir que las agencias de la ley se involucren en el perfilamiento racial en las comunidades de color y los inmigrantes. El Acta debería entonces se aprobada como ley como punto de prioridad.

15. T odas las legislaturas

estatales deberían pasar legislación que explícitamente prohíbe el perfilamiento racial por las agencias estatales, de condado, y locales, y que requiere la recolección de datos desagregados por raza, edad, y género para identificar y evaluar si las leyes de cumplimiento de la ley resultan en perfilamiento racial.

16. L a Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Interna debería inmediatamente desarrollar y completar revisiones detalladas de todos los programas de cumplimiento inmigratorio relevantes, incluyendo los Acuerdos del Cumplimiento de Aduanas para la Cooperación en las Comunidades para Mejorar la Seguridad y Estabilidad – el Programa Extranjero Criminal, el Programa Comunidades Seguras y los acuerdos 287(g) – para determinar si están resultando en perfilamiento racial y/ú otras violaciones de derechos humanos. Estos programas deberían

78 EN TERRENO HOSTIL

ser suspendidos pendiendo la conclusión de revisiones y hasta que se pueda determinar que los programas operan en maneras no discriminatorias. Las medidas de control y responsabilidad transparentes deben ser implementadas para identificar y solucionar las violaciones de derechos civiles y humanos. 17. T odos los departamentos de policía estatal, local, y de condados deberían implementar políticas que previenen a los agentes preguntar sobre el estatus inmigratorio de personas cuando las personas reportan crímenes de los que son víctimas o testigos para que los inmigrantes no tengan miedo de denunciar las victimizaciones. La policía tiene la obligación de asegurar la seguridad pública de todos los miembros de la comunidad.

Asegurar que los agentes fronterizos están capacitados adecuadamente 18. E l Departamento de Justicia

debería desarrollar una revisión de las políticas federales de aplicación de la ley y capacitación sobre el uso de la fuerza y armas de fuego, para asegurar que están cumpliendo completamente con los estándares internacionales, incluyendo los establecidos bajo el Código de Conducta de la ONU para Agentes de la Ley y los Principios Básicos sobre el Uso de la Fuerza y Armas de Fuego.

19. E l Departamento de Seguridad Interna

debería garantizar que la capacitación para todos los agentes federales estacionados en la frontera cubre temas tales como los derechos humanos, derechos civiles, sensibilidad cultural, y relaciones comunitarias con las comunidades a lo largo de la frontera, y que también incluye ejercicios prácticos y reales.

Mejorar la Responsabilidad 20. E l Departamento de Seguridad Interna

debería implementar las recomendaciones desarrolladas con la participación de varios stakeholders por la Fuerza de Tarea de Inmigración de la Frontera EEUU-México. Éstas incluyen la creación de una Comisión de Revisión para evaluar, monitorear e investigar todas las políticas fronterizas y de inmigración federales y el desarrollo de un proceso de demandas estructurado, accesible, y transparente; la imposición de la medidas disciplinarias apropiadas y, cuando sea necesario, criminales contra los agentes que son culpables de violaciones a los derechos humanos.

21. E l Departamento de Seguridad Interna

debería asegurar que los inmigrantes detenidos en la frontera son tratados sin discriminación y que todos los inmigrantes detenidos, arrestados, o deportados son informados de los mecanismos disponibles para presentar quejas, incluyendo mecanismos disponibles para documentar y reportar abusos después de ser removidos a sus países de origen. 22. L a Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Interna debería hacer una investigación de las prácticas y abusos de la Protección de Aduanas y Fronteras a lo largo de la frontera, en particular el mal trato a miembros de comunidades de color, incluyendo inmigrantes y Pueblos Indígenas.

23. S i se descubre que

las ofensas cometidas por agentes de la Protección de Aduanas y Fronteras equivalen a violaciones de derechos humanos, los agentes deben ser llevados ante las cortes en procesos que respetan los estándares internacionales a juicios justos, y las victimas reciben compensación.

Asegurar las protecciones de debido proceso durante las detenciones de inmigración y los procedimientos de deportación 24. E l Secretario

del Departamento de Seguridad Interna debería asegurar que cada persona en riesgo de ser removida de EEUU recibe acceso a una audiencia judicial, servicios de interpretación, y una revisión por una autoridad judicial en caso de una decisión negativa. Todos los inmigrantes en detención mientras están en proceso de ser removidos deberían tener acceso a la representación legal para poder cuestionar su detención.

25. I CE debería asegurar

que cada persona bajo riesgo de remoción de EEUU recibe la oportunidad de protección internacional, incluyendo a los sobrevivientes del tráfico humano y los que buscan asilo, y acceso a una revisión por una autoridad judicial por cualquier decisión negativa.

26. L a Oficina de Derechos Civiles

y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Interna debería hacer una revisión de todos los programas inmigratorios de remoción y las prácticas de implementación, investigando específicamente si los agentes de inmigración están forzando a los inmigrantes a renunciar sus derechos de comparecer ante un juez de inmigración. Garantías deberían ser desarrolladas e implementadas para asegurar que los inmigrantes entienden y

hacen uso de sus derechos a aparecer ante un organismo judicial.

Buscar mantener la unidad familiar en los procedimientos de inmigración, detención, y deportación 27. E l Congreso de EEUU

debería restaurar la autoridad a los jueces de inmigración del uso de la discreción y consideración de todos los factores en un caso individual, por ejemplo los lazos por mucho tiempo a EEUU y el posible impacto para las familias de estatus mixto, lo que podría resultar en la interferencia con el derecho a la vida privada y la familia.

28. L a sede central de ICE

debería monitorear si los agentes nacionales y en el campo están hacienda uso de la discreción judicial en todos los puntos de la toma de decisiones y en consistencia con el memorándum promulgado el 30 de junio de 2010 por al Subsecretario de la Agencia para la Protección de Aduanas y Fronteras. Específicamente, el mismo debería asegurar que las decisiones de agentes que buscan imponer cargos inmigratorios y extender órdenes de detención para comenzar el proceso de remover a personas, o para arrestar a personas durante los procesos de remoción, son consistentes con las metas declaradas de preservar la unidad familiar.

29. I CE debería suspender todos los

procedimientos de deportación contra las personas que califican para la residencia permanente bajo cualquier propuesta para el Acta para el Desarrollo, Ayuda, y Educación de Extranjeros Menores y no buscar la deportación de personas con vínculos fuertes a EEUU y lazos mínimos con sus países de origen.

Asegurar la igualdad de acceso a la justicia y a la protección para los sobrevivientes de crímenes 30. E l Congreso de EEUU

debería aprobar la Reautorización de 2011 del Acta sobre la Violencia Contra las Mujeres.

31. E l Congreso de EEUU

debe pasar legislación que haría opcional la certificación para la aplicación de la ley para las aplicaciones de Visa U, y la Visa T. Se deben desarrollar criterios para hacer el proceso de obtención de certificación y cualquier razón para denegarla transparente y uniforme. Esto debería incluir la eliminación de barreras establecidas por las agencias de la ley local.

32. L as agencias

de la ley deberían abstenerse de instituir políticas que no son requeridas por la

79 CAPÍTULO 8: RECOMENDACIONES DE AMNISTÍA INTERNACIONAL

ley para limitar la posibilidad de certificación de visas tipo U y T que podrían imponer restricciones muy duras a los solicitantes que califican para dicha protección. 33. E l Departamento de Seguridad Interna

debería clarificar y dar guías a las agencias de la ley para que cuando no se busca el procesamiento judicial o la investigación o un caso está cerrado los sobrevivientes que quedan sean elegibles para recibir certificación de Visa U. 34. I CE debe inmediatamente desarrollar,

distribuir e implementar materiales de capacitación en colaboración con la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Interna y deben asegurar que todos los agentes son entrenados para estar alerta en cualquier momento si están teniendo contacto con un sobreviviente del tráfico humano u otra razón para la protección. ICE debe asegurar que existen mecanismos adecuados para monitorear el cumplimiento con cualquier capacitación que es desarrollada. 35. E l Departamento de Seguridad Interna

debería incentivar las colaboraciones entre las agencias locales de la ley y las autoridades federales de inmigración en la identificación de crímenes de tráfico humano y otro tipo para evitar el procesamiento y deportación de los sobrevivientes. ICE debería asegurar que los sobrevivientes del tráfico humano y otros crímenes no son detenidos si sus peticiones aun no están resueltas.
 36. L os proveedores de servicios

de apoyo par alas victimas de crimen y el tráfico humano deberían estar presentes en todas las redadas de inmigración y ser permitidos a participar en todas las entrevistas con sobrevivientes de crímenes que potencialmente califican para protección para asegurar que dichos sobrevivientes son identificados y no procesados penalmente o detenidos y para asegurar que ellos reciben los servicios sociales y de salud a los que tienen derecho.

37. Al haberse completado

el estudio desarrollado actualmente por el Instituto Nacional de Justicia sobre las tendencias y causas del creciente número de crímenes de odios contra inmigrantes y aquellos que son percibidos de ser inmigrantes, y la gente de herencia latina, el Departamento de Justicia debería hacer públicos inmediatamente los resultados del estudio e instar al Congreso la adopción de medidas específicas para tratar con las causas de dichos crímenes.

80 EN TERRENO HOSTIL

Asegurar la Igualdad de acceso a la educación 38. L a Seccion de Oportuidades de Educacion

de la Division de Derechos Civiles del Departamento de Justicia debería monitorear la ejecución de Plyler v. Doe e investigar los intentos de Estados de evadirla por medio de legislaciones. 39. E l Congreso de EEUU

debería de aprobar la legislación conocida como el DREAM Act, la cual permite a los estudiantes indocumentados que se gradúan de la secundaria poder ir a la universidad y proveer el acceso a la ciudadanía a los niños que fueron traídos a EEUU sin autorización.

Asegurar la Igualdad en al Acceso al Cuidado de Salud 40. L a Oficina de Derechos Civiles

del Departamento de Salud y Servicios Humanos debería investigar el efecto de la H.B. 2008 de Arizona en el acceso a los servicios para el cuidado de salud disponibles a los inmigrantes y los niños de inmigrantes en ese estado.

41. L as agencias estatales

y los administradores de beneficios deberían implementar regulaciones obligatorias prohibiendo a los empleados que pregunten sobre el estatus inmigratorio o la ciudadanía de los miembros no-solicitantes de la familia, tales como los padres, quienes aplican para beneficios para sus niños nacidos en EEUU, en cumplimiento con las guías provistas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU y el Departamento de Agricultura de EEUU.

42. E l Departamento de Salud

y Servicios Humanos de EEUU y el Departamento de Agricultura de EEUU deberían actualizar y promulgar nuevamente sus guías a las agencias de salud y bienestar social estatales con respecto al cuestionamiento de los miembros del hogar no solicitantes en relación a su estatus inmigratorio y monitorear si las agencias estatales están cumpliendo con sus lineamientos.

43. L a Oficina de Derechos

Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos debería investigar si los hospitales están negándo servicios esenciales para el cuidado de salud a inmigrantes indocumentados, ya sea en la práctica o como política, al reportar pacientes indocumentados a las autoridades de inmigración, inclusive en estados donde legislación ha sido introducida que limita el acceso a los servicios del cuidado de salud para los inmigrantes.

NOTAS FINALES

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Entrevista de Amnistía Internacional con Alfredo G., 12 de abril de 2011. T. Fertig, “Lawmaker’s immigrant remark draws gasps,” The Wichita Eagle, 14 de marzo de 2011, http:// www.kansas.com/2011/03/15/1762925/lawmakersimmigrant-remark-draws.html, consultado por última vez el 10 de febrero de 2012. E. Lach, “GOPer compares illegal immigrants to grasshoppers,” Memorándum de Temas Clave, 30 de abril de 2010, disponible en http://tpmlivewire. talkingpointsmemo.com/2010/04/rep-poe-comparesillegal-immigrants-to-grasshoppers.php, visitado por última vez el 12 de febrero de 2012. Centro Hispano Pew, Unauthorized immigrant population: National and state trends, 2010, 1 de febrero de 2011, disponible en http://pewhispanic.org/reports/ report.php?ReportID=133, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012 (Centro Hispano Pew, Unauthorized immigrant population); Migration Policy Institute, Annual Immigration to the United States: The Real Numbers, No. 16, mayo de 2007, disponible en http://www.migrationpolicy.org/pubs/FS16_ USImmigration_051807.pdf, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. Veáse también DHS, Yearbook of immigration statistics: 2007, Washington, DC, septiembre de 2008, disponible en http://www. dhs.gov/xlibrary/assets/statistics/yearbook/2007/ ois_2007_yearbook.pdf, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. Centro Hispano Pew, Unauthorized immigrant population; M. Hoefer, N. Rytina and B. C. Baker, Estimates of the unauthorized immigrant population residing in the United States: January 2007, US DHS, Oficina de Estadísticas de Inmigración, Directorado de Políticas, Tabla 3, p.4, disponible en http:// www.dhs.gov/xlibrary/assets/statistics/publications/ ois_ill_pe_2007.pdf, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. Por ejemplo, una persona debe tener un patrocinador que gana 125 por ciento de la línea de pobreza federal para recibir una visa de inmigrante a EEUU. 8 U.S.C. § 1183(a)(1)(A) (2011). Index: AMR 41/014/2010. Hampton v. Mow Sun Wong, 426 U.S. 88 (1976), estipulando que el poder del gobierno federal para establecer una Regla General de Naturalización bajo el Art. 1, sec. VIII de la Constitución de EEUU implica el poder federal para regular la inmigración, el cual no poseen los estados. Amnistía Internacional documentó abusos contra inmigrantes en EEUU en tres informes anteriores: Jailed without justice: Immigration detention in the USA (2009); ‘Why am I here?’– Children in immigration detention (2003); y Lost in the labyrinth: Detention of asylum seekers (1999). D. Weissbrodt, Informe Final sobre los Derechos de los No Ciudadanos, UN Doc E/CN.4/Sub.2/2003/23, para. 6 (2003), mencionado en Amnistía Internacional, Living in the shadows, (Index: POL 33/006/2006), p20. UDHR, G.A. Res. 217A, at 71, U.N. GAOR, 3d Sess., 1st plen. mtg., U.N. Doc A/810 (12 Dec. 1948). ICCPR Art. 6; y Convención de los Trabajadores Migrantes Art. 9.

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ICCPR Art. 7; CAT Art. 2; y Convención de los Trabajadores Migrantes Art. 10. ICCPR Art. 2(1), Art. 26; ICESCR Art. 2(2); CRC Art. 2(1); ICERD Art. 1(1); and CEDAW Art. 1. ICCPR Art. 16; y Convención de los Trabajadores Migrantes Art. 24. ICCPR Art. 8(1) & (2); y Convención de los Trabajadores Migrantes Art. 11(1)); ICCPR Art. 11; Convención de los Trabajadores Migrantes Art. 20(1)). ICESCR Art. 12; ICERD Art. 5(e)(iv); CEDAW Art. 12 and 14(b); CRC Art. 24 & 25; y Convención de los Trabajadores Migrantes Art. 28. ICESCR Art. 13 & 14; CRC Art. 28 & 29; ICERD Art. 5(e)(v); y Convención de los Trabajadores Migrantes Art. 30. EEUU aun no ha firmado la Convención de los Trabajadores Migrantes. La Convención de Viena sobre la Ley de Tratados, Art. 18 ICCPR Art 2. Véase el Comité de la ONU sobre Derechos Humanos, Comentario General No. 31, La Naturaleza de las Obligaciones Generales Impuestas a los Estados Miembros, 26 de mayo de 2004, CCPR/C/21/Rev.1/ Add.13; y Comité CEDAW, Comentario General No. 19, Violencia contra las Mujeres. El poder de CBP para controlar la frontera lo establece el 8 U.S.C. § 1347(a) (2) y es explicado en 8 C.F.R. § 287.1. Acta de Inmigración y Nacionalidad (INA) de 1952 (el Acta McCarran–Walter), Pub. L. No. 82-414, 66 Stat. 163 (1952). INA §287(a)(2). INA § 236(c). INA § 236(c) y § 236(e). El Grupo de Trabajo de la ONU Sobre la Detención Arbitraria explícitamente ha declarado que donde la detención de inmigrantes no autorizados es mandatorio, sin importar sus circunstancias personales, esto viola la prohibición contra la detención arbitraria del Artículo 9 del UDHR y el Artículo 9 del ICCPR. Véase el Informe del Grupo de Trabajo de la ONU Sobre la Detención Arbitraria en su visita al Reino Unido, E/ CN.4/1999/63/Add.3, 18 de diciembre de 1998, Recomendación 33. INA § 236(c) and IIRIRA §303(c)(1). Amnistía Internacional, Irregular Migrants and Asylumseekers: alternatives to immigration detention (Index: POL 33/001/2009). R. Menéndez, “Menendez, colleagues re-introduce comprehensive immigration reform”, 22 de junio de 2011, disponible en http://menendez.senate.gov/ newsroom/press/release/?id=0c6c73f2-5366-4fde-bd9d4e5d85c1b8f3, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. H.R. 1482, 112th Cong. (2011). La propuesta de ley ofrece la oportunidad de ganar estatus legal a los estudiantes indocumentados que entraron al país antes de la edad de 15, han estado presentes físicamente en EEUU por al menos cinco años, se gradúan de la escuela secundaria, y completan al menos dos años de Universidad o servicio militar. Eso es si no hay acciones o récords penales que podrían afectar una determinación de “buen carácter moral.”

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H.R. 1918, 107th Cong. (2001) y S. 1291, 107th Cong. (2001); Véase, por ejemplo, H.R. 1684, 108th Cong. (2003); S. 1545, 108th Cong. (2003); H.R. 5131, 109th Cong. (2006); S. 2075, 109th Cong. (2005); H.R. 1275, 110th Cong. (2007); S. 774, 110th Cong. (2007); S. 2205, 110th Cong. (2007); H.R. 6497, 111th Cong. (2010). Correo electrónico de Robin Reineke, PCOME – Proyecto de Migrantes Desaparecidos y No Identificados, 9 de enero de 2012. B. McCombs, “Decade of Death: Medical examiner’s office works to ID illegal border crossers, give families peace,” Arizona Star 24 de agosto de 2010, disponible en http://azstarnet.com/news/local/border/article_ d8972316-b63a-5e4a-ad01-8518b0012730.html, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012 (B. McCombs, Decade of Death). M. Jiménez, Humanitarian crisis: Migrant deaths at the US–Mexican Border, ACLU de San Diego la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, 1ro de Octubre de 2009, p17, disponible en http://www.aclu.org/ files/pdfs/immigrants/humanitariancrisisreport.pdf, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012 (M. Jiménez, Humanitarian crisis). Los Samaritanos del Green Valley son una organización voluntaria que da agua a los que cruzan el desierto (conocidos como water drops), hace búsquedas de migrantes en veredas del desierto de Sonora, y organiza limpiezas de áreas donde los migrantes dejan sus posesiones personales. M. Jiménez, Humanitarian crisis, p.17; GAO, Illegal immigration: Border-crossing deaths have doubled. Números de CBP para el periodo 2005-2008. De acuerdo a un informe de ACLU y la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, las muertes de migrantes documentadas a lo largo de la frontera subieron de 23 en 1984 a 827 en 2007. Los números de CBP, sin embargo, son más bajos; la figura de CBP para 2007 es 329 muertes documentadas. (M. Jiménez, Humanitarian crisis, p.17). La discrepancia en el número de muertes de migrantes documentadas pueden atribuirse en parte al hecho que los números de CBP no incluyen casos donde la agencia de la ley local fue la primera en responder a informes de grupos humanitarios, residentes locales u otros migrantes. GAO, Illegal immigration: Border-crossing deaths have doubled. M. Jiménez, Humanitarian crisis, página 17. Border Patrol Strategic Plan 1994 and Beyond, US Border Patrol, Julio 1994, pp1–14, en la colección de Amnistía Internacional. “Illegal entrants crossing through remote, uninhabited expanses of land and sea along the border can find themselves in mortal danger,” página 2. Border Patrol Strategic Plan 1994 and Beyond, pp. 2, 5 y 7. En 2004, el plan fue revisado para tomar en cuenta más temas sobre seguridad nacional después de los ataques del 11 de septiembre de 2011. Sin embargo, el mismo todavía era la base para las operaciones de cumplimiento a lo largo de la frontera suroeste. Véase, “National Border Patrol Strategy,” US Customs and Border Protection, Office of Border Patrol, en la colección de Amnistía Internacional.

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de febrero de 2012. Véase también, National Congress of American Indians, http://www.ncai.org/StateRecognized-Indian- Tribes.285.0.html, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 83 US Environmental Protection Agency, US Mexico Border 2012, en: http://www.epa.gov/Border2012/ framework/people.html, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012; Véase también U.S. Federally Non-Recognized Tribes, Manataka American Indian Council, en http://www.manataka.org/page237.html, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 84 Una Tribu Nativa Americana del Suroeste de Arizona. 85 Entrevista de Amnistía Internacional con Sylvester Valenzuela, Entrevista de Amnistía Internacional con, 27 de abril de 2011. 86 A. Lipowicz, “DHS approves enhanced Tribal ID cards”, Federal Computer Week, 4 de noviembre de 2009, en http://fcw.com/articles/2009/11/04/dhs-approvesenhanced-tribal-id-cards.aspx, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 87 Entrevista telefónica de Amnistía Internacional conJose Matus, Alianza Indígena sin Fronteras, 10 de mayo de 2011. 88 Las tarjetas para cruzar la frontera son documentos de cruce y también visas de visitante para los ciudadanos de México. 89 Véase 25 US Code § 1300b-13(d). 90 Entrevista de Amnistía Internacional con Antonio Díaz, Consejo Indígena de Texas, 14 de abril de 2011. 91 E. te Wechel, Yaqui: A short history, en http://www. lasculturas.com/aa/vs_EdithYaqui.htm, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 92 Entrevista telefónica de Amnistía Internacional con Jose Matus, Alianza Indígena sin Fronteras, 10 de mayo de 2011. 93 Entrevista de Amnistía Internacional con Isabel Garcia, Coalición de Derechos Humanos, 10 Nov. 2010. 94 Entrevista telefónica de Amnistía Internacional conJose Matus, Alianza Indígena sin Fronteras, 10 de mayo de 2011. 95 Entrevista telefónica de Amnistía Internacional conJose Matus, Alianza Indígena sin Fronteras, 10 de mayo de 2011. 96 Entrevista telefónica de Amnistía Internacional conJose Matus, Alianza Indígena sin Fronteras, 10 de mayo de 2011. 97 T. Ahtone, “ Tribe divided over providing water to illegal migrants crossing Indian Land”, PBS Newshour. com, 16 de septiembre de 2008, en http://www.pbs. org/newshour/updates/social_issues/july-dec08/ waterstations_09-16.html, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 98 E. Ekholm, “In drug war, tribe feels invaded by both sides”, New York Times, 24 Jan. 2010, en http://www.nytimes.com/2010/01/25/us/25border. html?pagewanted=all, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012 (E. Ekholm, “In drug war”). 99 Entrevista de Amnistía Internacional con Margo Cowan, Oficina del Defensor Público del Condado de Pima, 9 de febrero de 2011. 100 E. Ekholm, “In drug war”; Entrevista de Amnistía con el Subjefe de la Patrulla George Allen, CBP, 25 de abril de 2011; Entrevista telefónica de Amnistía Internacional con Ofelia Rivas, Ciudadana Tohono O’Odham, una activista de derechos indígenas, 3 de marzo de 2011. 101 La Nación Tohono O’odham está dividida en cinco distritos en el lado de EEUU de la Nación. Tarjetas de identificación Tribal para los miembros nacidos en EEUU listan uno de los cinco distritos O’odham a los que pertenece la persona, mientras que las tarjetas para los miembros nacidos en México indican “ND”, lo que significa “No Distrito”. 102 Entrevistas de Amnistía Internacional con Mike Wilson 9 de febrero de 2011; Ofelia Rivas, 27 de abril de 2011; and Sylvester Valenzuela and Raymond Valenzuela, 27 de abril de 2011. Ciudadanos Tohono O’odham pueden usar tarjetas Tribales para pasar por las puertas de la frontera. Véase Bulletin from the Office of the Chairman and Vice Chairman, Tohono O’odham Nation, 20 de mayo de 2009, en: http://www. tonation-nsn.gov/uploads/press_release/WHTI_PSA. pdf, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 103 Entrevista de Amnistía Internacional con Mike Wilson, 9 February 2011. 104 Entrevista de Amnistía Internacional con Raymond Valenzuela, 27 de abril de 2011. 105 Correo electrónico a Amnistía Internacional de Ofelia Rivas, 1 de mayo de 2011. 106 Entrevista telefónica de Amnistía Internacional con Ofelia Rivas, Ciudadana Tohono O’odham, activista de Derechos Indígenas, 3 de marzo de 2011.

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Véase la respuesta al Pedido para la Libertad de Información, 21 de junio de 2011, en los archivos de AIUSA. 108 Entrevista telefónica de Amnistía Internacional con Ofelia Rivas, Ciudadana Tohono O’odham, activista de Derechos Indígenas, 3 de marzo de 2011, y 27 de abril de 2011. 109 El Relator Especial Sobre la Situación de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentals de los Pueblos Indígenas, Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights and Fundamental Freedoms of Indigenous People, 40, E/CN.4/2006/78/Add.4 (26 de enero de 2006). Véase también, UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, G.A. Res. 61/295, Annex, U.N. Doc. A/Res/61/295 (Sept. 13, 2007), Art. 25: “Todos los pueblos indígenas tienen derecho a mantener fortalecer su relación especial spiritual con sus tierras tradicionalmente ocupadas y usadas, o en propiedad, territorios, aguas y costas marinas y otros recursos para mantener sus responsabilidades a las futuras generaciones en este respecto. “ 110 El Relator Especial Sobre la Situación de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentals de los Pueblos Indígenas, Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights and Fundamental Freedoms of Indigenous People, 49, E/CN.4/2002/97 (Feb. 4, 2002). 111 Foro Permanente de la ONU Sobre Temas Indígenas, Report on the Sixth Session (May 14-25, 2007), para.151, E/2007/43-E/C.19/2007/12. Véase también, Foro Permanente de la ONU Sobre Temas Indígenas, Report on the Ninth Session (April 19-30, 2010),para.98, E/2010/43-E/C.19/2010/15. 112 Entrevista de Amnistía Internacional con Johnny (nombre en los archivos de Amnistía Internacional), 26 de abril de 2011. Este testimonio es corroborado por documentación obtenida en septiembre de 2011 por medio de un Pedido bajo el Acta Sobre la Libertad de Información a la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Interna. Amnistía Internacional pudo obtener una copia del reporte de la Policía Tribal Tohono O’odham y los récords médicos de Johnny. Ambos informes confirman las declaraciones contradictorias hechas por agentes de CBP para detener a Johnny, y que Johnny fue abusado por agentes de CBP. 113 Comité de la ONU sobre Derechos Humanos, Comentario General No.15: El lugar de los extranjeros bajo el Convenio, 11/04/1986, UN Doc. HRI/GEN/1/ Rev.6 at 140. 114 Comité ICERD, Recomendación General No.30: Discriminación contra los no-ciudadanos, 01/10/2004 CERD/C/64/ Misc.11/rev.3. 115 Informe sobre la Inmigración en EEUU: Detención y el Debido Proceso, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II, doc. 78/10, para. 95, 30 de diciembre de 2010. 116 U.S. Const. Amend. XIV, §1. Véase también, id. Amend. V. 117 Acta de Derechos Civiles de 1964, Pub.L. 88-352, 78 Stat. 241. 118 CERD, Report submitted by the United States of America, CERD/C/USA/6, 1 de mayo de 2007, 42. 119 Comité de la ONU Sobre Derechos Humanos, Comentario General No.18: La No-Discriminación, 10/11/1989, HRI/GEN/1/Rev.6 at 146. ICERD Art. 1. Véase también, T. Meron, “The Meaning and Reach of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination”, American Journal of International Law, Vol.79, 1985, pp.287–8. 120 Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, 8 de mayo de 2008, CERD/C/USA/CO/6, paras.10, 14, en http://daccessdds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/419/82/PDF/ G0841982.pdf?OpenElement, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 121 Rosalind Williams Lecraft v. Spain, CCPR/ 122

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83 REFERENCIAS

United States v. Cipriano Rangel-Portillo, 586 F. 3d 376, 381 (Ct. of App 5th Cir. Texas, 27 de octubre de 2009). 128 United States v. Cipriano Rangel-Portillo, 586 F. 3d 376, 382 129 Por ejemplo, véase M. Totman, An analysis of racial profiling data in Texas, ACLU, 2006 en http://www. aclutx.org/reports/2006racialprofilingreport.pdf, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012; ACLU of Arizona, Driving while black or brown: An analysis of racial profiling in Arizona, 2008, p3, en http://www.acluaz.org/sites/default/files/documents/ DrivingWhileBlackorBrown.pdf, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012, 130 US v. Brignoni-Ponce, 422 US 873, 885-7. La Corte sostuvo que la apariencia Mexicana no era suficiente, por si sola, en justificar el alto a un vehículo. Id. at 8867. 131 Terry v. Ohio, 392 U.S. 1 (1968). Arizona v. Johnson, 555 U.S.323 (2009) 132 US v. Brignoni-Ponce, 422 US 873, 881–882 (1975). 133 La prueba de sospecha razonable es demasiado basado en hechos, bajo la ley de EUUU. Cualquier número de factores podrían ser tomados en cuenta para decidir cuándo hay sospecha razonable para hacerle un alto a un auto, incluyendo: (1) las características del área donde se encontró el auto; (2) la proximidad de la frontera; (3) los modelos usuales de tránsito en un camino particular; (4) experiencias previas con tránsito de extranjeros; (5) información sobre un cruce ilegal reciente en el área; (6) el comportamiento del conductor, e.g. manejo errático o intentos previos de evadir a los agentes; (7) aspectos propios del vehículo, e.g. lo conveniente del diseño para esconder a extranjeros y transportarlos; (8) la apariencia del vehículo, e.g. parece muy pesado; (9) el vehículo tiene un número extraordinario de pasajeros; (10) las personas en el vehículo fueron observadas tratando de esconderse; (11) la apariencia del conductor o los pasajeros, e.g. ciertos aspectos de la vestimenta y estilo del cabello que podrían indicar que el conductor o los pasajeros son de México. Brignoni-Ponce, at 884-885 (citando casos). 134 United States of America v. Cipriano Rangel-Portillo, 586 F. 3d 376 (Ct. of App 5th Cir. Texas, 27 October 2009). 135 US v. Ortiz, 422 US 891, 896-7 (1975). 136 Informe de Política Fronteriza EEUU-México – “Effective border policy: Security, responsibility and human rights at the US–Mexico Border”, US-Mexico Border and Immigration Task Force, noviembre de2008, en http://www.utexas.edu/law/centers/ humanrights/borderwall/communities/municipalitiesUS-Mexico-Border-Policy-Report.pdf, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 137 Informe de Política Fronteriza EEUU-México – “Effective border policy: Security, responsibility and human rights at the US–Mexico Border”, US-Mexico Border and Immigration Task Force, noviembre de 2008, http://www.utexas.edu/law/centers/humanrights/ borderwall/communities/municipalities-US-MexicoBorder-Policy-Report.pdf, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 138 Entrevista de Amnistía Internacional con el Segundo Jefe de la Patrulla George Allen, CBP, 25 de abril de 2011. 139 Véase United States of America v. Jorge OlivaresPacheco, 633 F.3d 399 (5th Cir. 2011). 140 Véase Dr. D. Shriro, Immigration detention overview and recommendations, DHS, ICE, 6 de octubre de 2009, p12, en http://www.ice.gov/doclib/about/offices/odpp/ pdf/ice-detention-rpt.pdf, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 141 R. Capps, M. R. Rosenblum, C. Rodriguez and M. Chishti, Delegation and divergence: A study of 287(g) state and local immigration enforcement, Migration Policy Institute, enero de 2011, p1, en http://www. migrationpolicy.org/pubs/287g-divergence.pdf, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012(R. Capps et al, Delegation and divergence); Véase también INA § 287(g). 142 ICE Fact Sheet: Delegation of Immigration Authority Section 287(g) Immigration and Nationality Act, en http://www.ice.gov/news/library/factsheets/287g.htm, consultado por última vez el 10 de febrero de 2011. 143 R. Capps et al, Delegation and divergence, pp. 12, 18. 144 “Las Advertencias Miranda” no se consideran necesarias porque los procedimientos de remoción que son descritos como de naturaleza civil. Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966). La policía está requerida a dar advertencias Miranda en todos los casos criminales. La persona en custodia debe, antes de ser interrogada, ser claramente informada de sus derechos constitucionales. 145 Los CAP procedimientos CAP son activados simplemente por una orden de arresto y procesamiento 127

en una cárcel sin importar la razón para el arresto de la persona. De esta forma, la persona puede ser transferida a ICE para los procesos de deportación bajo CAP, aún si el arresto fue resultado del perfilamiento racial o si tenía o no cargos. 146 A. Guttin, Esq., “The Criminal Alien Program: Immigration Enforcement in Travis County, Texas”, Immigration Policy Center, February 2010, p4, en http://www.immigrationpolicy.org/sites/default/ files/docs/Criminal_Alien_Program_021710.pdf, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012 (A. Guttin, The Criminal Alien Program). 147 ICE Fact sheet: Secure Communities, 28 March 2008, p1, en http://www.aila.org/content/default. aspx?docid=25045, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012, (ICE Fact sheet: Secure Communities). A. Guttin, Esq., “The Criminal Alien Program”, p6. 148 ICE, Secure Communities, en http://www.ice.gov/ secure_communities, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012, (ICE, programa de internet de Secure Communities). 149 ICE, Secure Communities: Activated jurisdictions, en http://www.ice.gov/doclib/secure-communities/pdf/ sc-activated.pdf, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 150 ICE, Secure Communities: The basics, en http://www. ice.gov/secure_communities, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 151 S. Vedantam, “Local jurisdictions find they can’t opt out of federal immigration enforcement program”, The Washington Post, 30 de septiembre de 2010. Véase, “Confusion over Secure Communities”, The New York Times, 5 de octubre de 2010, en http://www. nytimes.com/2010/10/05/opinion/05tue3.html?_ r=1&th&emc=th, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 152 T. Francis, “Internal documents prove ICE misled public about Secure Communities”, Florida Center for Investigative Reporting, 22 de febrero de 2011, en http://fcir.org/2011/02/22/internal-documentsprove-ice-misled-public-about-secure-communities/, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 153 M. Sachetti and N. Bierman, “US overrules Patrick on immigration”, The Boston Globe, 7 de junio de 2011, p5, en http://www.boston.com/news/local/ massachusetts/articles/2011/06/07/us_overrules_ patrick_on_immigration/ 154 D. González, “Federal immigration program mainly nets low-level criminals, analysis says”, The Arizona Republic, 9 de marzo de 2011, en http://www.azcentral. com/arizonarepublic/news/articles/2011/03/09/201103 09arizona-immigration-analysis.html#ixzz1GK7xYGNy, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 155 M. Totman, An analysis of racial profiling data in Texas, ACLU, 2006 en http://www.aclutx.org/reports/2006ra cialprofilingreport.pdf, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 156 ACLU of Arizona, Driving while black or brown: An analysis of racial profiling in Arizona, 2008, p3, en http://www.acluaz.org/sites/default/files/documents/ DrivingWhileBlackorBrown.pdf, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012, (ACLU of Arizona, Driving while black or brown). 157 M. Capps, Delegation and divergence, pp36–7; Rights Working Group, Faces of Racial Profiling: A Report from communities across America, 2010, pp35–6, http://www.rightsworkinggroup.org/sites/ default/files/ReportText.pdf, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012; American Civil Liberties Union & Immigration and Human Rights Policy Clinic, The policies and politics of local immigration enforcement laws: Program 287(g) in North Carolina, febrero de 2009, pp28–9, 44–5, en http://www. acluofnorthcarolina.org/files/287gpolicyreview_0.pdf, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012; A. Shahani and J. Greene, “Local democracy on Ice: Why state and local governments have no business in federal immigration law enforcement”, Justice Strategies, febrero de2009, p39, en http://www.justicestrategies. org/sites/default/files/JS-Democracy-On-Ice.pdf, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 158 Ryan Gabrielson & Paul Gibline, “Reasonable Doubt”, East Valley Tribune, July 8, 2008, http:// www.eastvalleytribune.com/page/reasonable_doubt., consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 159 R. Capps et al, Delegation and divergence, p1. 160 Para más información sobre las prioridades de ICE para el cumplimiento inmigratorio, véase la discusión del Memorándum de ICE para la Discreción en el Procesamiento Judicial, en el Capítulo 5. 161 ICE, “Delegation and Immigration Authority, Section 287(g), Immigration and Nationality Act” (factsheet, 6 de septiembre de 2007). Archivado con Amnistía Internacional.

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ICE, “Delegation and Immigration Authority, Section 287(g), Immigration and Nationality Act” (factsheet, 6 September 2007). Archivado con Amnistía Internacional. 163 “United States’ Investigation of the Maricopa County Sheriff ’s Office”, US Department of Justice, Civil Rights Division, 15 December 2011, en http:// www.justice.gov/crt/about/spl/documents/mcso_ findletter_12-15-11.pdf, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 164 Letter to Bill Montgomery, Maricopa County Attorney, from John Morton, US ICE, 15 December 2011, on file with Amnesty International, Véase también, “Statement by Secretary Napolitano on DOJ’s Findings of Discriminatory Policing by Maricopa County,” US Department of Homeland Security, Press Release, 15 December 2011, en http://www.dhs.gov/ynews/ releases/20111215-napolitano-statement-doj-maricopacounty.shtm, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 165 Entrevistas de Amnistía Internacional con Nancy Shivers, Abogada, 29 de septiembre de 2010, Lee Teran, St. Mary’s University School of Law, 29 de septiembre de 2010, Tarsha Jackson, Grassroots Leadership, 27 de enero de 2011, y Wafa Abdin, Caridades Católicas, 24 de enero de 2011. 166 Entrevista de Amnistía Internacional con Lee Teran, St Mary’s University School of Law, 29 de septiembre de 2010. 167 Véanse los requisitos para la identificación de vehículos automotores en Arizona, http://mvd.azdot.gov/mvd/ formsandpub/viewPDF.asp?lngProductKey=1410& lngFormInfoKey=1410, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012; véanse los Documentos de Identificación Aceptados por el Departamento de Texas para Vehículos Motorizados: http://www.txdps.state. tx.us/internetforms/Forms/DL-17.pdf, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 168 Entrevista de Amnistía Internacional con un agente anónimo de Houston, 15 de abril de 2011, y Francisco Arguellas, Colectivo Flatlander, 27 de enero de 2011. 169 IACHR informe de EEUU pará 204 y 205. 170 New York Times, “Immigration Hard‐Liner Has His Wings Clipped” (6 de octubre de, 2009), en: http:// www.nytimes.com/2009/10/07/us/07arizona.html, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 171 Entrevista telefónica de Amnistía Internacional con Marisa Bono, MALDEF, 24 de febrero de 24, 2011. 172 Entrevista de Amnistía Internacional con Marisa Bono, MALDEF, 24 de febrero de 2011; Maria Jiménez, CRECEN, 27 de septiembre de 2010; y Justin Tullius and Eric Tijerina, RAICES, 28 de septiembre de 2010. 173 Entrevista de Amnistía Internacional con Maria Jiménez, CRECEN, 27 de septiembre de 2010; KHOU.com, “Hispanics accuse Pasadena Police of harassment”, 15 de agosto de 2001, en http://www. khou.com/news/local/65871062.html, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012, Véase también, KHOU.com, “ACORN demands Pasadena police stop arresting illegal ‘Brown’ people, 21 de agosto de 2008, en http://williamamos.wordpress.com/2008/08/21/ acorn-demands-pasadina-texas-police-stop-arrestingillegal-brown-people/, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 174 H. Chavana, “Reforma Migratoria event a success”, Nueva Raza.com, 14 de marzo de 2010, en http:// nuevaraza.wordpress.com/2010/03/14/houstonreforma-migratoria-event-a-success/, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 175 Entrevista de Amnistía Internacional con Maria Jiménez, CRECEN (Central American Resource Center), 27 de septiembre de2010. 176 Entrevista de Amnistía Internacional con Isabel Garcia, Coalición de Derechos Humanos, 10 de noviembre de 2010. Véase también el video documental: Checkpoint Nation? Building Communities across Borders at [00:50 – 1:27 min], en: http://restorefairness.org/2011/09/ watch-the-new-restore-fairness-documentarycheckpoint-nation-building-community-across-borders/, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 177 Entrevista de Amnistía Internacional con Chief Roberto Villaseñor, TPD, 25 de abril de 2011. Amnistía Internacional recibió una copia de la política actual de TPD y la misma dice, en parte: “Si, después de que una persona es parada, el agente tiene sospecha razonable que la persona es indocumentada, el agente podría… [p]edir a los agentes de CBP responder mientras completa el alto inicial. El sujeto no debe ser detenido más de lo necesario para desarrollar cualquier investigación que sea necesaria para completar el alto inicial.” Véase Orden General de TPD 2110.1, Personas Indocumentadas, en los archivos de Amnistía Internacional. 178 Casi un tercio de la población de Arizona se identifica

84 EN TERRENO HOSTIL

como hispana o latina, mientras más del 20 por ciento hablan español o español criollo en la casa. Véase Oficina del Censo de EEUU, “2010 Census Data,”en ahttp://2010.census.gov/2010census/data/, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012; Véase también, Oficina del Censo de EEUU, “2010 American Community Survey 1-Year Estimates – Language Spoken at Home: Arizona,” en http://factfinder2. census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview. xhtml?pid=ACS_10_1YR_S1601&prodType=table, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 179 Oficina del Censo de EEUU, American Community Survey Briefs – Native North American Languages Spoken at Home in the United States and Puerto Rico: 2006–2010 5 (Dec. 2011), en http://www.census.gov/ prod/2011pubs/acsbr10-10.pdf, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012; Para una mayor discusión sobre las comunidades indígenas a lo largo de la frontera, véase el Capítulo 3. 180 El IIRIRA de 1996 autorizó al DHS la movilización rápida para remover a ciertos inmigrantes inadmisibles a EEUU. La autoridad aplíca a los inmigrantes que son inadmisibles porque no tienen documentos de entrada o porque han usado documentos falsificados, alterados, o falsos en cualquier forma, o documentos inapropiados. La autoridad también aplica a inmigrantes que llegan, tratan de entrar, o han entrado a EEUU sin ser admitidos o puestos en libertad condicional por un agente de inmigración en un puerto de entrada. El DHS tiene la autoridad de ordenar la remoción, y la persona no es enviada ante un juez de inmigración excepto bajo ciertas circunstancias después de que ha hecho un pedido de entrada legal a EEUU, o demuestra un temor creíble de persecución si es enviado/a de vuelta a su país de origen. 181 CBS News, “Arizona shuttle bus human smugglers busted” 15 de abril de 2010, en http://www.cbsnews. com/stories/2010/04/16/national/main6402133. shtml, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012; J. Jordan, “ICE agents carry out military-style raids in Arizona”, Fight Back! News, 18 de abril de 2010, en http://www.fightbacknews.org/2010/4/18/ ice-agents-carry-out-military-style-raids-arizona, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012 (J. Jordan, “ICE agents carry out military-style raids in Arizona”); M. Marico, “Shuttle services are target of massive immigration raid”, Nogales International, 16 de abril de 2010, en http://www. nogalesinternational.com/articles/2010/04/16/news/ doc4bc88340c21f6127666120.txt, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. B. McCombs, “Border shuttles in Tucson raided in AZ immigration sweep”, Arizona Daily Star, 15 de abril de 2010, en http://azstarnet.com/news/local/border/ article_6d121a36-48b1-11df-ac5b-001cc4c002e0. html, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012; R. C. Archibold, “Immigration raids focus on shuttle vans“, The New York Times, 15 de abril de 2010,en http://www.nytimes.com/2010/04/16/ us/16raid.html, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012; ICE, “Commercial transportation companies implicated in sweeping ICE investigation targeting Arizona human smuggling networks”, 15 de abril de 2010, en http://www.ice.gov/news/ releases/1004/100415phoenix.htm, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 182 B. McCombs, “68 arrested in smuggling raid”, Arizona Daily Star, 16 de abril de 2010, en http://azstarnet. com/news/local/border/article_3ec9bf86-6f57-5a5baa6d-ccebc30e5344.html. 183 B. McCombs, “Border shuttles in Tucson raided in AZ immigration sweep”, Arizona Daily Star, 15 de abril de 2010, en http://azstarnet.com/news/local/border/ article_6d121a36-48b1-11df-ac5b-001cc4c002e0.html; C. Tactaquin, “Massive ICE sweep terrorizes Arizona communities following state passage of anti-immigrant profiling law”, Red Nacional para los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados, Comunicado de Prensa, 21 de enero de 2011, en http://www.nnirr.org/~nnirrorg/ drupal/node/81, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 184 P. Teitelbaum, “Anti-immigrant terror unleashed in Arizona”, International Action Center, 21 de abril de 2010, en http://www.iacenter.org/immigrants/arizonaterror042210/, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012 (P. Teitelbaum, “Anti-immigrant terror unleased in Arizona”). 185 Entrevista de Amnistía Internacional con Kat Rodríguez, Coalición de Derechos Humanos, 10 de noviembre de 2010. 186 P. Teitelbaum, “Anti-immigrant terror unleashed in Arizona”; V. Fernández, “Arizona ICE, tea parties panic immigrants”, New America Media, 16 de abril de 2010, en http://newamericamedia.org/2010/04/arizona-

ice-tea-parties-panic-immigrants.php, consultado por última vez el 18 de enero de 11; B. McCombs, “Border shuttles in Tucson raided in AZ immigration sweep”. 187 La Constitución de EEUU. Enmienda IV. 188 M. Newell, Law of Malicious Prosecution, False Imprisonment, and Abuse of Legal Process § 2, p 57 (1892) 189 Véase ICE, “Memorandum of Agreement template for Secure Communities”, en http:// www.ice.gov/doclib/foia/secure_communities/ securecommunitiesmoatemplate.pdf, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 190 Secure Communities, IDENT/IAFIS Interoperability Monthly statistics through 30 April 2011, US ICE, en http://www.ice.gov/doclib/foia/sc-stats/ nationwide_interoperability_stats-fy2011-feb28. pdf, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012; Para una descripción de ofensas en los niveles I, II y III , veáse, por ejemplo, Example of Secure Communities Memorandum of Agreement, en http:// www.ice.gov/doclib/foia/secure_communities/ securecommunitiesmoatemplate.pdf, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 191 “United States’ Investigation of the Maricopa County Sheriff ’s Office”, US Department of Justice, Civil Rights Division, 15 de diciembre de 2011, en http:// www.justice.gov/crt/about/spl/documents/mcso_ findletter_12-15-11.pdf, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 192 Entrevista de Amnistía Internacional con Maria Jiménez, CRECEN, 27 de septiembre de 2010. 193 Para una mayor discusión sobre el CAP, véase el Capítulo 2. ICE, Fact sheet: Criminal Alien Program, 29 de marzo de 2011, en http://www.ice.gov/news/ library/factsheets/cap.htm, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 194 T. Gardner and K. Aarti, “The C.A.P. effect”. Véase también, I. Menashe and D. Varma, We’re not feeling any safer, California Immigrant Policy Center, Verano de 2010, en http://www.caimmigrant.org/enforcement. html, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 195 Hampton v. Mow Sun Wong, 426 U.S. 88 (1976) 196 S.B. 1070, §2(B); §3; §5(A - C). R. Archibold, “Arizona enacts stringent law on immigration” 197 U.S. v. Arizona, 641 F.3d 339 (9th Cir. 2011). 198 U.S. v. Arizona, 641 F.3d 339 (9th Cir. 2011), cert. granted, Arizona v. U.S., 132 S. Ct. 845 (U.S. Dec. 12, 2011) (No. 10A1277, 11-82). 199 ACLU, “Frequently asked questions – Update on legal challenges to Arizona’s Racial Profiling Law (S.B. 1070)”, http://www.aclu.org/immigrants-rightsracial-justice/frequently-asked-questions-update-legalchallenges-arizonas-racial-, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 200 A. Valenzuela Jr., et al, On the corner: Day labor in the United States, UCLA, Los Angeles, 2006. 201 A.R.S. Sec. 13-2928(c). 202 United States v. Arizona, 703 F. Supp. 2d 980, 987 (D. Ariz. 2010) aff ’d, 641 F.3d 339 (9th Cir. 2011). 203 Comité de Jornaleros de Redondo Beach v. City of Redondo Beach, 623 F. 3d 1054 (Ct. of Apelaciones. 9no. Circuito). 204 Corte Inter-Americana de Derechos Humanos, Opinión de Asesoría Sobre la Condición Jurídica y los Derechos de los Inmigrantes Indocumentados, OC18/03 of 17 de septiembre de 2003. 205 UComité de la ONU Sobre los Derechos Económicos, Sociales, y Cuturales, Comentario General: El Derecho al Trabajo (Art. 6.), 22; 24 de noviembre 2005. 206 D. Smith, “Tens of thousands protest SB 1070 at Phoenix march”, Tucson Sentinel, 29 de mayo de 2010, en: http://www.tucsonsentinel.com/local/ report/052910_1070march/tens-thousands-protestsb-1070-phoenix-march/, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012;J. Hing, “Pima County Sheriff refuses to cooperate with SB1070”, Colorlines, 27 de abril de 2010, en http://colorlines.com/ archives/2010/04/breaking_pima_county_sheriff_ refuses_to_cooperate_with_sb1070.html, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012 ; M. Truelsen, “TPD chief criticizes AZ immigration law to AG Holder”, Tucson Sentinel, 26 de mayo de 2010, en: http://www. tucsonsentinel.com/local/report/052610_villasenor_ holder/tpd-chief-criticizes-az-immigration-law-agholder/, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012; N. Riccardi, “Both sides in Arizona’s immigration debate use crime argument”, Los Angeles Times, de mayo de 2010, en: http://articles.latimes.com/2010/may/03/ nation/la-na-arizona-crime-20100503, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 207 Entrevista de Amnistía Internacional con Roberto Villaseñor, TPD, 25 de abril de 2011. 208 Alabama H.B. 56 §12; §10.

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Alabama H.B. 56; Véase también, A. N. Sanchez, “Alabama governor signs SB-1070 on steroids into law”, Think Progress.com, 9 de junio de 2011, en http:// thinkprogress.org/justice/2011/06/09/240976/alabamaimmigration-arizona/, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 210 Alabama H.B. 56 §28; § 8; §30; §27; §13; §11. 211 Associated Press, “Man detained in Gadseden under new Alabama immigration law turns out to be legal”, 4 de octubre de 2011, en http://blog.al.com/ wire/2011/10/man_detained_in_gadsden_under.html, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 212 USA v. Alabama, Order for Injunctive Relief, 14 October 2011, en http://www.nilc.org/immlawpolicy/ LocalLaw/HICA-v-Bentley-and-US-v-Alabama-11thCir-inj.pdf, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 213 ACLU, Fact sheet on House Bill 87, “Show me your papers” legislation, http://www.acluga.org/ news/2011/03/02/aclu-of-georgia-fact-sheeton-house-bill-87-%e2%80%9cshow-me-yourpapers%e2%80%9d-legislation/, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012; Véase también Georgia Latino Alliance v. Deal, No. 1:11-CV-1804-TWT (N.D. GA, 27 de junio de 2011). 214 ACLU, “ACLU and Civil Rights Coalition file lawsuit against South Carolina’s anti-immigrant law”, 12 de octubre de 2011, en http://www.aclu.org/immigrantsrights/aclu-and-civil-rights-coalition-file-lawsuitagainst-south-carolinas-anti, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012; See US Department of Justice, Department of Justice Challenges South Carolina’s Immigration Law, Complaint Cites Conflict with Federal Enforcement of Immigration Laws, 31 October 2011, en http://www.justice.gov/opa/pr/2011/October/11ag-1429.html, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 215 Buquer v. City of Indianapolis, No. 1:11-cv-708-SEBMJD (S.D. IN, 24 June 2011). 216 ACLU, Court blocks implementation of Utah “Show me your papers” law, 10 May 2011, http://www.aclu.org/ immigrants-rights/court-blocks-implementation-utahshow-me-your-papers-law, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 217 Legisladores en Texas introdujeron un número de propuestas de ley conteniendo medidas antiinmigrantes durante 2011, incluyendo: H.B. 10; H.B. 11; H.B. 57; H.B. 58; H.B. 59; H.B. 1387. 218 Por ejemplo, algunos de los estados que han introducido legislación anti-inmigrante en 2011 pero no fue aprobada incluyen a Nuevo México, Oklahoma, Luisiana y Tennessee. 219 A. Sinha and R. faithful, “Issue Brief: State Battles Over Immigration: The Forecast for 2012,” Advancement Project, febrero de 2012, página 2, http://www. advancementproject.org/sites/default/files/publications/ Immigrant%20Rights%202012%20Legislative%20 Battles_FINAL%20Feb%201%202012_0.pdf, consultado por última vez el 10 de febrero de 2011. 220 J. Davenport, “South Carolina Governor signs illegal immigration police checks law”, Boston Herald, 27 de junio de 2011, en http://www.bostonherald. com/news/national/south/view/20110627sc_gov_ signs_illegal_immigration_police_checks_law/ srvc=home&position=recent, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 221 D. M. Weissman and R. C. Headen, The policies and politics of local immigration enforcement law: 287(g) program in North Carolina, ACLU of North Carolina Legal Foundation and Immigration and Human Rights Policy Clinic University of North Carolina at Chapel Hill, febrero de 2009, p41; R. Gabrielson and P. Gibline, “Reasonable doubt”, East Valley Tribune, 8 de julio, 2008, en http://www.eastvalleytribune.com/ page/reasonable_doubt, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012; R.L. Skinner, The Performance of 287g Agreements, DHS, OIG, March 2010, pp.14-15, 20, 25-29, en http://www.oig.dhs.gov/assets/Mgmt/ OIG_10-63_Mar10.pdf, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 222 El studio MPI cuestionó las metas del programa 287(g) y evaluó si, en la práctica, se enfoca en identificar y remover las prioridades de cumplimiento (enfoque dirigido) o si remueve la mayor cantidad de inmigrantes que sea posible (enfoque universal). MPI decidió no estudiar lugares donde se aplica el 287(g) en Arizona debido a la controversia legal y pública relacionada con las redadas de alto perfil desarrolladas por la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa, las cuales crearon un contexto altamente político que hubiera comprometido el ambiente para desarrollar la investigación. 223 Homeland Security Advisory Council, “Task Force on Secure Communities Findings and Recommendations”, septiembre de 2011, en http://big.assets.huffingtonpost.

85 REFERENCIAS

com/TaskForce.pdf, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 224 ACLU, “Leaked Secure Communities Task Force report shows program’s many flaws”, en http://www.aclu. org/blog/immigrants-rights/aclu-lens-leaked-securecommunities-task-force-report-shows-programs-many, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 225 A. L. Richards, US Immigration and Customs Enforcement identification of criminal aliens in federal and state custody eligible for removal from the United States, OIG, DHS, enero de 2011, en http://trac.syr. edu/immigration/library/P5234.pdf, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 226 Texas Criminal Code Annotated sec. 2.132. Véase también, Texas Criminal Justice Reform Coalition, Racial profiling: Texas traffic stops and searches, febrero de 2004, páginas 6-7, en http:// www.criminaljusticecoalition.org/files/userfiles/ publicsafety/2004_rp_report.pdf, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 227 Texas Criminal Justice Reform Coalition, Racial profiling: Texas traffic stops and searches, febrero de 2004, páginas 6-7, en http://www. criminaljusticecoalition.org/files/userfiles/ publicsafety/2004_rp_report.pdf, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 228 Texas Code of Criminal Procedure, Art. 2.132(b) Law Enforcement Policy on Racial Profiling. 229 See Settlement in Arnold v. Arizona Department of Public Safety, en http://www.aclu.org/files/FilesPDFs/ arizona%20dps%20settlement.pdf, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 230 ACLU of Arizona, Driving while black or brown (Manejándo mientras se es negro o café) 231 Arnold v. Arizona Department of Public Safety, 2006 U.S. Dist. LEXIS 53315 (2006). 232 Véase S.B. 1071, en: http://www.azleg.gov/ DocumentsForBill.asp?Bill_Number=1071&Session_ Id=102, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 233 ERPA 2001 – End Racial Profiling Act, HR2074/S.989/, (107th Congress, 1st Session) en http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-107s989is/pdf/ BILLS-107s989is.pdf, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 234 Véase Wrong then, wrong now: Racial profiling before & after September 11, 2001, The Leadership Conference on Civil Rights Education Fund, 2003, en http://www.civilrights.org/publications/wrongthen/racial_profiling_report.pdf, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012; El Acta 2001 fue copatrocinada por 95 miembros del Congreso y mujeres. Véase ERPA 2001. 235 Véase Restoring a national consensus: The need to end racial profiling in America, The Leadership Conference on Civil Rights and Education Fund, March 2011, en http://www.civilrights.org/publications/reports/racialprofiling2011/racial_profiling2011.pdf, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 236 S. 1670 End Racial Profiling Act 2011, en http:// www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=s112-1670, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 237 IAHCR, Report on immigration in the United States: Detention and due process, parás.18 and 426. 238 Entrevista de Amnistía Internacional con H. R, 28 de abril de 2011. 239 De acuerdo al estudio, aunque ninguna información fue obtenida sobre 22 de los ciudadanos detenidos y siete personas estuvieron bajo detención no más de una semana, 45 personas fueron detenidas por periodos de entre uno y seis meses, y ocho personas fueron detenidas por periodos de entre seis y 12 meses. J. Stevens, “U.S. government unlawfully detaining and deporting US citizens as aliens,” Virginia Journal of Social Policy and the Law, Fall 2011, 622, en los archivos de Amnistía Internacional 240 Art. 9(1), ICCPR. 241 Véase por ejemplo, Amnistía Internacinal , “Migration Related Detention: A research guide on human rights standards relevant to the detention of migrants, asylum seekers and refugees”, noviembre de 2007, AI Index: POL 33/005/2007, en: http://www.amnesty.org/en/ library/info/POL33/005/2007, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 242 Por ejemplo, la detención administrative no debería ser para castigar, sin embargo los detenidos por razones inmigratorias son frecuentemente detenidos en instalaciones carcelarias que tienen alambre de púas y celdas, conjuntamente con personas que están en la cárcel por penas criminales. Ellos no pueden usar sus propias ropas y en vez de eso usan uniformes de la prisión y están frecuentemente esposados. Para más información sobre el tema de la detención de inmigrantes de EEUU, por favor véase el Informe

de Amnistía Internacional, Jailed Without Justice: Immigration Detention in the USA 243 Art. 13 and 14(3), ICCPR. 244 See 8 U.S.C. §1325 and 8 U.S.C. §1326. Véase también J. Lydgate, “Assembly-line justice: A review of Operation Streamline”, The Chief Justice Earl Warren Institute on Race, Ethnicity & Diversity, University of California, Berkeley Law School, enero de 2010, pp. 1, 3, en http://www.law.berkeley.edu/files/Operation_ Streamline_Policy_Brief.pdf, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. (J. Lydgate, “Assembly-line justice”). 245 American Civil Liberties Union (ACLU) y National Immigration Forum, “Operation Streamline fact sheet”, 21 de julio de 2009, en http://www.immigrationforum. org/images/uploads/OperationStreamlineFactsheet.pdf, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012; J. Lydgate, “Assembly-line justice”, pp1, 4; El Panel del Acta Sobre Justicia Criminal consiste de abogados que tienen prácticas privadas y son nombrados para representar acusados criminals sin hogar en las cortes de distrito en EEUU. Véase 18 U.S.C. § 3006A; CBP, “DHS launches ‘Operation Streamline II’”, 16 de diciembre de 2005, en www.cbp.gov/xp/ cgov/newsroom/news_releases/archives/2005_press_ releases/122005/12162005.xml, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 246 Convención Referente al Estatus de Refugiados, G.A. Res. 429 (V), 189 U.N.T.S. 150, entró en efecto el 22 de abril de 1954. El Artículo 31 establece: “(1) Los Estados Partes no impondrán penas, debido a su entrada ilegal o presencia, a refugiados que, viniendo directamente del territorio donde sus vidas o libertad estaban amenazadas dentro del sentido del Artículo 1, entran o están presentes en su territorio sin autorización, con tal que se presenten sin demora ante las autoridades y muestren buena causa para su presencia ilegal o entrada. (2) Los Estados Partes no aplicarán restricciones a los movimientos de dichos refugiados aparte de las que sean necesarias y dichas restricciones no serán aplicadas hasta que su Estatus en el país sea regularizado o ellos sean admitidos a otro país. Los Estados Partes deberán permitir a dichos refugiados un periodo razonable y toda la asistencia necesaria para que obtengan admisión en otro país. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, UNHCR’s Revised Guidelines on Applicable Criteria and Standards relating to the Detention of Asylum-Seekers, 26 de febrero de1999, en http://www.unhcr.org/refworld/docid/3c2b3f844. html, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. Lineamiento 2 establece “Como un principio general los que buscan asilo no deberían ser detenidos.” El Lineamiento 3 establece …La detención de los que buscan asilo que es aplicada para propósitos otros que los indicados arriba, por ejemplo, como parte de un esfuerzo de disuadir a futuros refugiados, o disuadir a aquellos que han comenzado a hacer peticiones para obtenerlo, es contrario a las normas de la ley sobre refugiados. No debería usarse como medidas punitivas o disciplinarias por entrar ilegalmente o estar presente ilegalmente en el país.” Convención Referente al Estatus de los Refugiados, G.A. Res. 429 (V), 189 U.N.T.S. 150, puesta en efecto el 22 de abril de 1954. 247 Relator Especial Sobre los Derechos de los Migrantes, Report of the Special Rapporteur, p. 43, delivered to the Human Rights Council, A/HRC/7/12, 25 February 2008. Véase también, Special Rapporteur on the Human Rights of Migrants, Report of the Special Rapporteur on the Mission to the Border between Mexico and the United States of America, p. 43 and p. 73, E/ CN.4/2003/85/Add.3, 30 de octubre de 2002. 248 Entrevista de Amnistía Internacional con G.H. (nombre mantenido privado por Amnistía Internacional), 28 de abril de 2011. 249 Entrevistas de Amnistía Internacional con Valerie Hink y Mary Day, Southern Arizona Legal Aid, 10 de noviembre de 2010, y Hannah Hafter, No Más Muertes, 8 de noviembre de 2010. 250 Entrevista de Amnistía Internacional con C.F. (nombre mantenido privado por Amnistía Internacional), 28 de abril de 2011. 251 Convenio Internacional Sobre Derechos Civiles y Políticos, G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, puesto en efecto el 23 de marzo de 1976, art. 13. 252 Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos [OHCHR], Comité de Derechos Humanos, General Comment 15: The Position of Aliens under the Covenant, p. 9 y p. 10 (11 de abril de 1986). 253 Entrevistas de Amnistía Internacional con María Jiménez, CRECEN, 27 de septiembre de 2010, y Jennifer Long, Casa Marianella, 29 de septiembre de 2010.

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Entrevista de Amnistía Internacional con Eric Tijerina, RAICES, 28 de septiembre de 2010. 255 E. Butera, Torn apart by immigration enforcement: Parental rights and immigration detention, Women’s Refugee Commission, diciembre de 2010, pp2-3, en http://www.womenscommission.org/programs/ detention/parental-rights, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012 (E. Butera, Torn apart by Immigration Enforcement). 256 N. Rabin, Disappearing parents: A report on immigration enforcement and the child welfare system, Southwest Institute for Research on Women, University of Arizona, mayo de 2011, p2, en http://www.law. arizona.edu/depts/bacon_program/disappearing_ parents_report.cfm, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 257 Pedido bajo el Acta de la Libertad de Acceso a la Información (Freedom of Information Act ) al Departamento de la Ninez, Juventud, y Familias de Arizona, 20 de abril de 2011, en los archivos de Amnistía Internacional. 258 Entrevista de Amnistía Internacional con Bárbara Hines, Escuela de Leyes de la Universidad de Texas, 29 de septiembre de 2010. 259 Entrevista de Amnistía Internacional con Laurie Melrood, defensora de los derechos inmigrantes que trabaja con familias y niños en Tucson, Arizona, 8 de noviembre de 2010. 260 ICE, “Civil immigration enforcement: Priorities for the apprehension, detention, and removal of aliens”, Memorándum de Política, Subsecretario John Morton, 30 de junio de 2011, en http://www.ice.gov/doclib/ detention-reform/pdf/civil_enforcement_priorities.pdf, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 261 Véase, Acta de Inmigración de 1990, Pub. L. No. 101-649, 104 Stat. 4978. Antiterrorism and Effective Death Penalty Act, Pub. L. No. 104-132, 110 Stat. 1214. Véase también INA § 212(c) (1995). La Sección 212(c) fue subsecuentemente substituida por la Sección 304(b) del Acta para la Reforma de Inmigración y Responsabilidad Inmigrante de 1996, División C de Pub. L. No. 104-208, 110 Stat. 3009-546. 262 ICCPR art 17 263 Relator Especial para los Derechos de los Migrantes, Report of the Special Rapporteur on His Mission to the United States of America (30 de abril – 18 de mayo 2007), p. 17, pronunciado ante el Consejo de Derechos Humanos, A/HRC/7/12/Add.2, (5 de marzo de 2008). 264 UN CERD, General Comment 30: Discrimination Against Non-Citizens, p. 28 (10 de enero de 2004). 265 Entrevista de Amnistía Internacional con agente anónimo mexicano, 8 de febrero de 2011. 266 Anastasio Hernández-Rojas fue golpeado con bastones y “tasered” después de supuestamente resistirse a ser deportado Puerto de Entrada de San Isidro, California, el 29 de mayo de 2010. Él murió dos días después (“Man shot with Taser in fight at border dies,” San Diego Union Times, 1 de junio de 2010, en http://www.signonsandiego.com/news/2010/ jun/01/man-who-was-shot-with-taser-at-border-dies/, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. Amnistía Internacional frecuentemente ha expresado preocupaciones sobre las muertes causadas por el uso de tasers por agentes de la ley. Por ejemplo, véase Amnistía Internacional, Amnesty International, ‘Less Than Lethal?’ The use of stun weapons in US law enforcement, Diciembre de 2008, AMR 51/010/2008, en: http://www.amnesty.org/en/library/asset/ AMR51/010/2008/en/530be6d6-437e-4c77-851b9e581197ccf6/amr510102008en.pdf, consultado por última vez el 10 de febrero de 2011. 267 S. Dibble and D. Baker, “Border shooting reignites use of force debate”, San Diego Union Times, 22 de junio de 2011, en www.signonsandiego.com/ news/2011/jun/22/border-shooting-re-ignites-useforce-debate/, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012; Valencia and Martinez, Police: Border Patrol agent fatally shoots rock throwing migrant, CNN.com, 22 de junio de 2011, en http://www. nogalesinternational.com/articles/2011/01/07/news/ doc4d272fc9733a6461195366.txt, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 268 Amnistía Internacional, Carta a los Departamentos de Justicia y Seguridad Interna Sobre el Uso de Fuerza Letal por la Patrulla Fronteriza de EEUU, 26 de enero de 2012, AI Índex: TG AMR 51/002/2012, en los archivos de Amnistía Internacional. En respuesta a una carta anterior enviada por el Departamento de Justicia con respecto a los casos de Sergio Hernández Guereca and Anastasio Hernández, un vocero del FBI respondió que el FBI y el Departamento de Justicia limitan los comentarios públicos sobre temas bajo investigación. La respuesta está en los archivos de Amnistía Internacional.

86 EN TERRENO HOSTIL

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Anuncio para Presentarse, or “NTA,” (Form I-862) es un anuncio por escrito para los migrantes, la cual incluye información sobre los procedimientos legales y de deportación contra un migrante. Los procedimientos de remoción comienzan cuando DHS hace un NTA con una Corte de Inmigración después de habérsela entregado a un migrante. Véase 8 C.F.R. §§ 1003.13, 1003.14. 270 Agentes de ICE le permitieron a Dorotea pasar la frontera porque ella era de un país que no era México y no era elegible para la remoción inmediata a México. 271 Entrevista de Amnistía Internacional con Dorotea (su verdadero nombre es mantenido privado por Amnistía Internacional), 18 de octubre de 2011. Todos los nombres en este caso son seudónimos. 272 Asociación Internacional de Jefes de Policía, “Police chiefs guide to immigration issues”, 2007, en http:// www.theiacp.org/Portals/0/pdfs/Publications/ PoliceChiefsGuidetoImmigration.pdf, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 273 SPLC, Reporting crime: Key finding: Only 46% say they have confidence in police, April 2009, en http:// www.splcenter.org/publications/under-siege-life-lowincome-latinos-south/reporting-crime, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012; R. L. Cowell, “What rights do undocumented immigrants have when they become crime victims?”, Independent Weekly, 22 de septiembre de 2010, en http://www.indyweek. com/indyweek/what-rights-do-undocumentedmigrants-have-when-they-become-crime-victims/ Content?oid=1684579; Departamento de Justicia de EEUU, Buro de Estadísticas de Justicia, NCJ 234085: Hate crime, 2003–2009 6 (publicado en junio de 2011) en http://bjs.ojp.usdoj.gov/content/pub/pdf/hc0309. pdf; SPLC Intelligence Report, Hate crimes: Anti-Latino hate crime up for fourth year, edición No. 132 (2008) en http://www.splcenter.org/get-informed/intelligencereport/browse-all-issues/2008/winter/hate-crimes, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012; Leadership Conference on Civil Rights Education Fund, Confronting the new faces of hate: Hate crimes in America, 2009, p12 (2009) en http://www.protectcivilrights.org/ pdf/reports/hatecrimes/lccref_hate_crimes_report.pdf, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 274 Police Executive Research Forum, Police Chiefs and Sheriffs Speak Out on Local Immigration Enforcement, April 2008, p14, en http://www.policeforum. org/library/critical-issues-in-policing-series/ Immigration($25).pdf, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 275 SPLC, Under siege. 276 L. McCormack, J. Styczynski and K. Zraick, “Latinos recall pattern of attacks before killing”, The New York Times, 8 de enero de 2009; E. Londono and T. Vargas, “Robbers stalking Hispanic migrants, seeing ideal prey”, The Washington Post, 26 de octubre de 2007 277 National Human Trafficking Resource Center: Polaris Project, Human trafficking statistics (2010), en http:// www.polarisproject.org/resources/resources-by-topic/ human-trafficking, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012; A. Siskin and L. Sun Wyler, RL34317: Trafficking in persons: US policy and issues for Congress, Servicio de Investigación Congresional de EEUU, 23 de diciembre de 2010, p22, en http://www.fas.org/sgp/ crs/misc/RL34317.pdf, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 278 Coalition Against Trafficking, Houston, http:// homeofhopetexas.com/index.php/news/blog, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 279 El Honorable Ted Poe y la Honorable Leticia Van de Putte, “Eliminating modern-day slavery”, Journal of Applied Research on Children: Informing Policy for Children At Risk, 1:2, p2, 15 de marzo de 2011, en http://digitalcommons.library.tmc.edu/cgi/ viewcontent.cgi?article=1036&context=childrenatrisk &sei-redir=1#search=%22U.S.%20Department%20 Health%20Human%20Services%2C%20April%20 2004%20January%202006%2C%20Rescue%20 Restore%20Campaign%20Results%22, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 280 D. González, “Human trafficking targeted by ICE agents in Arizona”, azcentral.com, 2 de febrero de 2010, en http://www.azcentral.com/arizonarepublic/local/ar ticles/2010/02/02/20100202humantrafficking.html, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 281 Departamento de Estado de EEUU, Trafficking in persons Report 2011, pp7, 372. 282 C. M Ribando, RL30545: Trafficking in persons: US policy and issues for Congress, p5, Servicio de Investigación del Congreso de EEUU, 20 de junio e 2007, en http://www.humantrafficking.org/uploads/ publications/20070806_120229_RL30545.pdf, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012.

283

Véase el Articulo 2, ICCPR; Comité de Derechos Humanos, Comentario General No. 31; Comité CEDAW, Recomendación General No. 19. 284 Como Parte del Protocolo de la ONU para la Prevención, Supresión, y Castigo del Tráfico Humano, Especialmente de Mujeres y Niños, Suplementando la Convención de la ONU Contra el Crimen Transnacional Organizado, EEUU está obligado a combatir y prevenir el tráfico humano, y a proveer protección y ayuda a los sobrevivientes de dicho tráfico en completo respeto de sus derechos humanos. 285 TVPA sec. 102(a). La TVPA ha sido reautorizada y enmendada tres veces desde que fue promulgada por vez primera, más recientemente en 2008. Una reautorización de TVPA fue recientemente introducida en el Senado de EEUU el 29 de junio de 2011; Véase “Leahy, Brown, Kerry introduce bill to fight human trafficking”, Comunicado de Prensa de Patrick Leahy, 29 de junio de 2011, en http://leahy.senate.gov/press/ press_releases/release/?id=75fc72c4-5dbf-4efe-a5bef7673308d308, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 286 INA § 214(o); 8 U.S.C. § 1184(o) (2008). La duración del estatus fue agregado a la sección 214 después de la aprobación de la “Reautorización del Departamento de Justicia para el Acta de la Violencia Contra las Mujeres.” Pub. L. No. 109-162, 5 de enero de 2006. 287 DHS, Improving the process for victims of human trafficking and certain criminal activity, pp1, 5, 16. Para calificar para la residencia legal permanente, un solicitante debe demostrar: 1) admisión legal a EEUU como no-inmigrante T y continuación del estatus de visa T al momento de aplicar para el ajuste; 2) presencia continua de al menos 3 años desde la admisión como inmigrante de visa T o presencia continua durante la investigación o procesamiento legal; 3) ser admisible al momento del reajuste el estatus o de otra forma haber recibido una excepción por USCIS [Servicios e Inmigración y Naturalización] por cualquier motivo válido para la inadmisibilidad; 4) buen carácter moral; y 5) cumplimiento continuo con cualquier pedido razonable de ayuda en una investigación active para el procesamiento legal, o dureza extrema si se es removido/a de EEUU. Véase, Regla Final Interina de UCSIS, “Adjustment of status to Lawful Permanent Resident for aliens in T or U nonimmigrant status” 73 Fed. Reg. 75540, 12 de diciembre 2008. Puesta en efecto el 12 de enero de 2009. 288 “El tráfico severo incluye tres categorías: 1) las víctimas del tráfico sexual que son menores de 18; 2) las víctimas del tráfico sexual para quienes un “acto sexual comercial es inducido por fuerza, fraude, o coerción”; y 3) las víctimas del tráfico laboral, por medio de la fuerza, fraude o coerción con el propósito de causar “servitud involuntaria, peonaje, servitud por deuda, o esclavitud.” Acta de 2000 para la Protección de las Víctimas del Tráfico y la Violencia, 22 USCA § 7101, §103 (8) (a) y (b). 289 VTVPA of 2000, 22 USCA § 7101, § 107 (b)(1)(C) y (E). 290 DHS, Improving the process for victims of human trafficking and certain criminal activity, p15, en http:// www.dhs.gov/xlibrary/assets/cisomb_tandu_visa_ recommendation_2009-01-26.pdf, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 291 VTVPA of 2000, 22 USCA § 7101. La visa U fue reautorizada de Nuevo bajo la TVRA. 292 L. M. Saucedo, “A new “U”: Organizing victims and protecting immigrant workers”, 42 University of Richmond Law Review 891, 913, y 907 (2008). 293 8 C.F.R. § 214.14 (f ). 294 VTVPA of 2000, 22 USCA § 7101, § 1513 (b)(3). 295 La VAWA fue originalmente autorizada en 1994, como parte del Acta para el Control del Crimen Violento y el Cumplimiento de la Ley. S. Chen y K. Cunningham, “Violence Against Women Act”, 1 Georgetown Journal of Gender and the Law 711 (1999). A menos que el Congreso reautorice el acta, ésta expirará en 2011. Una Audiencia Congresional fue desarrollada el 13 de julio de 2011, en la cual el Congreso fue urgido a reautorizar la propuesta de ley y continuar su financiamiento. C. Wetzstein, “Senate panel is urged to renew domestic violence law”, The Washington Times, Wednesday,13 de julio de 2011. 296 A. Hanson, “The U-visa: Immigration law’s best kept secret”, Note, 63 Arkansas Law Review 177, 184 (2010). 297 8 U.S.C.A. §1154 Protections for Battered Immigrant Women and Children. 298 Attorney General’s Annual Report to Congress and Assessment of U.S. Government Activities to Combat Trafficking in Persons, FY 2009, publicado en julio de 2010, p63, en http://www.justice.gov/archive/ag/ annualreports/tr2009/agreporthumantrafficking2009. pdf, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012.

299

Entrevistas de Amnistía Internacional con Linda Brandmiller, Caridades Católicas, 28 de septiembre de 2010, y David Walding, Bernardo Kohler Center, 5 de mayo de 2011. 300 USCIS, National Stakeholder January Meeting, en http://www.uscis.gov/portal/site/uscis 301 Entrevista de Amnistía Internacional con Susana (su nombre verdadero es mantenido privado por Amnistía Internacional), 19 de octubre de 2011; Entrevistas de Amnistía Internacional con Anne Chandler, Tahirih Justice Center and Wafa Abdin, Centro Cabrini de las Caridades Católicas, 24 de enero de 2011; Departamento de Justicia de EEUU, Oficina del Fiscal General de EEUU, Distrito Sureste de Texas, Comunicado de Prensa, “Brothers sentenced for human trafficking and alien smuggling charges,” 28 de abril de2008, citando 18 U.S.C. 371, en http:// officialcoldcaseinvestigations.com/showthread. php?t=3442, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012; Departamento de Justicia de EEUU, Oficina del Fiscal General de EEUU del Distrito Sureste de Texas, Comunicado de Prensa, “Last defendant sentenced for human trafficking and alien smuggling charges,” 27 de abril de 2009, haciendo referencia del 18 U.S.C. 1324(a)(1)(A)(v)(I) y (B)(I), en http://www. justice.gov/usao/txs/1News/Archives/Archived%20 Releases/2009%20April/042709Mondragon.htm, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012; Departamento de Estado de EEUU, FY 2011 Performance Budget, División de Derechos Civiles, Congressional submission, p26, en http://www.justice. gov/jmd/2011justification/pdf/fy11-crt-justification. pdf, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. Departamento de Justicia de EEUU, Oficina del Fiscal General de EEUU del Distrito Sureste de Texas, Comunicado de Prensa,“Houston man sentenced for human trafficking and alien smuggling charges,” 27 de abril de2009, en http://houston.fbi.gov/dojpressrel/ pressrel09/ho042709.htm, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012; L. Olsen, “Details emerge from sex ring crackdown”, Houston Chronicle, 29 de junio de2008, en http://www.chron.com/disp/story.mpl/nb/ cyfair/news/5862358.html, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012; L. Olsen, “Sex trafficking victims’ lives in visa limbo”, Houston Chronicle, 24 de noviembre de 2008, en http://www.chron.com/ disp/story.mpl/special/immigration/6129019.html, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 302 Protocolo de la ONU Contra el Contrabando de Migrantes por Tierra, Mar, y Aire, Suplementando a la Convención de la ONU Contra el Crimen Transnacional Organizado (2000), Artículo 3(a). 303 Departamento de Estado de EEUU, Trafficking in persons report 2011, p372 (2011), en http://www.state. gov/j/tip/rls/tiprpt/2011/, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 304 Entrevistas de Amnistía Internacional con Jonathan Ryan, RAICES, 28 de septiembre de 2010, y Rebecca Koford, Cabrini Center – Catholic Charities, 24 de enero de 2011. 305 Entrevista de Amnistía Internacional con Eric Tijerina, RAICES, 28 de septiembre de 2010. 306 USCIS, Victims of human trafficking: T nonimmigrant status, en http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/ 307 Carolina, correspondencia con Amnistía Internacional, 29 de septiembre de 2011. 308 Entrevista telefónica de Amnistía Internacional con Dottie Laster, 6 de octubre de 2010; M. Swartz, “The lost girls”, Texas Monthly, abril de 2010, en http:// www.texasmonthly.com/2010-04-01/feature3.php, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 309 8 C.F.R. § 214.14 (2008). Agencias certificantes incluyen las agencias de la ley a niveles federal, estatal, o local, los fiscales y jueces. 310 Véase Human Trafficking and the T-Visa, Office on the Violence Against Women, Legal Momentum, 2010, en http://vaw.umn.edu/documents/humantrafficking/ humantrafficking.pdf, consultado por última vez en febrero de 2012. 311 Entrevista telefónica de Amnistía Internacional con Jodi Goodwin, abogada de inmigración, 12 de mayo de 2011. 312 Entrevistas de Amnistía Internacional con Wayne Krause, Isaac Harrington y Abby Frank, Proyecto de Derechos Civiles de Texas - Texas Civil Rights Project, 29 de septiembre de 2010; Alpha Hernandez, Ayuda Legal del Río Grande de Texas – Texas Rio Grande Legal Aid, 26 de enero de 2011; Wafa Abdin, Cabrini Center – Catholic Charities, 24 de enero de 2011; y David Walding, Bernardo Kohler Center, 5 de mayo de 2011. 313 Entrevistas de Amnistía Internacional con Wayne Krause, Proyecto de Derechos Civiles de Texas – Texas Civil Rights Project, 29 de septiembre de 2010; Anne

87 REFERENCIAS

Chandler, Centro de Justicia TAhirih – Tahirih Justice Center, 24 de enero de 2011; Jodi Goodwin, abogada de inmigración, 12 de mayo de 2011; y Valerie Hink, Ayuda Legal del Sureste de Arizona, 10 de noviembre de 2010. 314 Entrevista de Amnistía Internacional con Wayne Krause and Isaac Harrington, Proyecto de Derechos Civiles de Texas – Texas Civil Rights Project, 29 de septiembre de 2010. 315 Entrevista de Amnistía Internacional con el Segundo Jefe Roberto Villaseñor, TPD, 25 de abril de 2011. 316 En noviembre de 2011, el Centro de Servicio del USCIS en Vermont, el que procesa aplicaciones para la visa U, esaba procesando aplicaciones hechas en febrero de 2011. Véase, USCIS, Processing Time Information, en: https://egov.uscis.gov/cris/processTimesDisplayInit. do, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 317 Entrevista de Amnistía Internacional con Luis Gonzalez, Ayuda Legal del Río Grande de Texas – Texas Rio Grande Legal Aid, 26 de enero de 2011 318 Entrevistas de Amnistía Internacional con Elizabeth Crooks, Embassy of Hope, 6 de octubre de 2010; Linda Brandmiller, Catholic Charities, 29 de septiembre de 2010; y Dottie Laster, Laster Global, 6 de octubre de 2010. 319 Entrevista telefónica de Amnistía Internacional con Dottie Laster, Laster Global, 6 de octubre de 2010. 320 Entrevista telefónica de Amnistía Internacional con Elizabeth Crooks, Embassy of Hope, 6 de octubre de 2010. 321 Entrevista de Amnistía Internacional con Alpha Hernández, Diana Abrego and Luis González, Texas Rio Grande Legal Aid, 26 de enero de 2011. 322 Correo Electrónico de Erica Schommer, abogada, para Amnistía Internacional, 3 de agosto de 2011. 323 Entrevista de Amnistía Internacional con Montserrat Caballero, SACASA – Su Voz Vale, 9 de noviembre de 2010. 324 Instituto Nacional de Justicia – National Institute of Justice, Research in Brief, R. C. Davis and E. Erez, Immigrant populations as victims: Toward a multicultural criminal justice system, May 1998, p2, en https://www. ncjrs.gov/pdffiles/167571.pdf, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 325 “Legal momentum joins the court battle to overturn Arizona’s immigration law,” States News Service, 28 de junio de 2010. 326 G. Vidales, “Arrested justice: The multifaceted plight of immigrant Latinas who faced domestic violence“, Journal of Family Violence, Vol. 25, No. 6, August 2010, p533–44, 25.6 (2010): 533–44 (G. Vidales, “Arrested justice”). 327 M. Dutton, L. Orloff, and G. Aguilar Hass, “Characteristics of help-seeking behaviors, resources, and services needs of battered immigrant Latinas: Legal and policy implications”, Georgetown Journal on Poverty Law and Policy, 7(2), 2000. 328 S. Chen and K. Cunningham, “Violence Against Women Act”, 1 Georgetown Journal of Gender and the Law, 711, 722 (1999). 329 Entrevista de Amnistía Internacional con Isaac Harrington, Proyecto de Derechos Civiles de Texas – Texas Civil Rights Project, 29 de septiembre de 2010. 330 N. Riccardi, “Arizona immigration law tints neighborhood dispute”, Los Angeles Times, 26 de julio de 2010, en http://articles.latimes.com/2010/ jul/26/nation/la-na-immigration-arizona-20100726, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 331 M. Kiefer and M. Ferraresi, “Phoenix slaying now termed a hate crime”, Arizona Republic, 18 de junio de 2010, en http://www.azcentral.com/arizonarepublic/ local/articles/2010/06/18/20100618phoenix-murdercalled-hate-crime.html, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 332 Arizona v. Kelley, CR2010-123572-001 DT, Superior Court of Arizona, Maricopa County, 5 de julio de 2011, en http://www.courtminutes.maricopa.gov/ docs/Criminal/072011/m4797770.pdf, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012; B. Smith, “Phoenix man gets 27 years in neighbor’s death”, Arizona Republic, 5 July 2011, en http://www.azcentral.com/ news/articles/2011/07/05/20110705phoenix-manshoots-neighbor-sentence-abrk.html, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 333 US DOJ, Bureau of Justice Statistics, NCJ 234085: Hate crime, 2003–2009 3 (publicado en junio de 2011) en http://bjs.ojp.usdoj.gov/content/pub/pdf/hc0309. pdf, consultado por última vez el 19 de enero de 2011. 334 US DOJ, FBI, Uniform crime report: Hate crime statistics, 2008, Nov. 2009 en http://www2.fbi.gov/ucr/hc2008/ index.html, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012; US DOJ, FBI, Uniform crime report: Hate crime statistics, 2003, Nov. 2004 en http://www.fbi. gov/about-us/cjis/ucr/hate-crime/2003, consultado por

última vez el 11 de febrero de 2012. US Federal Bureau of Investigation, Hate Crimes Statistics, 2003 and Hate Crimes Statistics, 2008, Table 1, en http://www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr/hate-crime, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012; Leadership Conference on Civil Rights Education Fund, Confronting the new faces of hate: Hate crimes in America, 2009, p. 26, 2009, en http://www.protectcivilrights.org/ pdf/reports/hatecrimes/lccref_hate_crimes_report.pdf, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 336 US DOJ, Bureau of Justice Statistics, NCJ 234085: Hate crime, 2003–2009 3 (publicado en junio de 2011) en http://bjs.ojp.usdoj.gov/content/pub/pdf/ hc0309.pdf, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012; Leadership Conference on Civil Rights Education Fund, Confronting the New Faces of Hate, p.14. 337 SPLC Intelligence report, The year in hate and extremism, 2010, by M. Potok, Issue No. 141, 2010, en http://www.splcenter.org/get-informed/intelligencereport/browse-all-issues/2011/spring/the-year-in-hateextremism-2010, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012; Véase también, SPLC Intelligence Report, Hate crimes. Véase también, Leadership Conference on Civil Rights Education Fund, Confronting the New Faces of Hate. 338 Departments of Transportations and Housing and Urban Development, and Related Agencies Appropriations Act of 2010, House Report 111–366, 8 de diciembre de 2009, p679, en http://frwebgate. access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=111_cong_ reports&docid=f:hr366.111.pdf#page=683, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 339 US DOJ, Bureau of Justice Statistics, NCJ 234085: Hate crime, 2003–2009 6 (publicado en junio de 2011) en http://bjs.ojp.usdoj.gov/content/pub/pdf/hc0309. pdf, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 340 SPLC, Hate crimes; Leadership Conference on Civil Rights Education Fund, Confronting the New Faces of Hate: Hate crimes in America, 2009, p12, 2009, en http://www.protectcivilrights.org/pdf/reports/ hatecrimes/lccref_hate_crimes_report.pdf, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012; CW Harlow, U.S. Dept. of Justice, Bureau of Justice Statistics, “Hate Crimes Reported by Victims and Police,” noviembre de 2005, en http://bjs.ojp.usdoj.gov/content/pub/pdf/ hcrvp.pdf, consultado por última vez el 19 de enero de 2011. 341 M. Glenn, “Police to honor Mexican ID cards”, The Houston Chronicle, 8 de marzo de 2002, en http://www.freerepublic.com/focus/fr/643186/posts, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012; Entrevista de Amnistía Internacional con un agente anónimo de Houston, 15 de abril de 2011, y Francisco Arguellas, Colectivo Flatlander, 27 de enero de 2011. 342 A. Weilbaecher, Immigrant health care: Social and economic costs of denying access: First Annual Beazley Symposium on Access to Health Care, 17 Annals Health L. 337, 340 (2008). 343 Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos – UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Comité Sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales – Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Comentario General No. 13: El Derecho a la Educación – The Right to Education (Art. 13), E/C.12/1999/10, para.1, 8 de diciembre de 1999. 344 OHCHR, Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment 13: The Right to Education (Art. 13), E/C.12/1999/10, para.1 8 December 1999. 345 Véase Compulsory Education, National Conference of State Legislatures, en http://www.ncsl.org/default. aspx?tabid=12943, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012; Véase también, Education in the United States: A Brief Overview, US Department of Education at 13 (Septiembre de 2005), en http://www2.ed.gov/ about/offices/list/ous/international/edus/index.html, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 346 Véase el sitio de Internet del Departamento de Educación de EEUU – US Department of Education website, en http://www2.ed.gov/about/overview/fed/ role.html?src=ln, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 347 Lau v. Nicohols, 414 U.S. Reports 563 (1974). Este fue suspendido debido a la falta de servicios lingüísticos adecuados para los estudiantes con limitada proficiencia en ingles (LEP), negándole efectivamente a los LEP oportunidades educacionales equitativas – en violación del Título VI, el que prohíbe la discriminación por motivos de origine nacional. 348 Plyler v. Doe, 457 U.S. 202 (1982). 335

88 EN TERRENO HOSTIL

menos cinco años, se han graduado de la secundaria, han completado al menos dos años de Universidad o servicio militar y han demostrado buen carácter. 361 H.R. 1918, 107th Cong. (2001) and S. 1291, 107th Cong. (2001); See e.g. H.R. 1684, 108th Cong. (2003); S. 1545, 108th Cong. (2003); H.R. 5131, 109th Cong. (2006); S. 2075, 109th Cong. (2005); H.R. 1275, 110th Cong. (2007); S. 774, 110th Cong. (2007); S. 2205, 110th Cong. (2007); H.R. 6497, 111th Cong. (2010). 362 Para información relacionada a las barreras al acceso al cuidado de salud para las comunidades de color y gente viviendo en la pobreza en EEUU, por favor véase Amnistía Internacional, Deadly Delivery: The Maternal Health Care Crisis in the USA, AMR 51/019/2010, 12 de marzo de 2010, en http://www.amnestyusa.org/sites/ default/files/pdfs/deadlydelivery.pdf, consultado por última vez el 10 e febrero de 2012. 363 S. Lebedinski. “EMTALA: Treatment of undocumented aliens and the financial burden it places on hospitals”, 7 J.L. Society, 2005, pp146, 148. 364 Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act of 1996, and Title XIX of the Social Security Act. 365 Children’s Health Insurance Program Reauthorization Act of 2009 – Acta de 2009 para la Reautorización del Programa de Seguro de Salud a la Niñez. 366 C. DeNavas-Walt et al, Income, poverty, and health insurance coverage in the United States: 2008, US Census Bureau, Washington, DC, septiembre de 2009, en http://www.census.gov/prod/2009pubs/p60-236.pdf, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 367 J. Passel and D. Cohn, A portrait of unauthorized immigrants in the United States, Pew Hispanic Center, Kaiser Commission 14 April 2009, p18.
368 on Medicaid and the Uninsured, The uninsured: A primer: Key facts about Americans without health insurance, October 2007, p30, Table 1, en http://www. kff.org/uninsured/upload/7451-03.pdf, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 369 State Health Facts, Health Insurance Coverage of the Total Population, states (2009-2010), en http://www. statehealthfacts.org/comparetable.jsp?ind=125&cat=3, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012; J. Passel, “Unauthorized immigrant Population, National and State Trends, 2010”, Centro Hispano Pew – Pew Hispanic Center, 1 de febrero de 2011, página 14, en http://pewhispanic.org/files/reports/133.pdf, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 370 42 U.S.C. §1396b(v)(3) (2009); 42 C.F.R. § 440.255(b) (2009). 371 S. Kershaw, “US rule limits emergency care for immigrants.” 372 M. Greenspon, “The emergency medical treatment and Active Labor Act and sources of funding”, First Annual Beazley Symposium on Access to Health Care, 17 Annals Health L. 309 312 (2008). 373 Entrevistas de Amnistía Internacional con Montserrat Caballero, SACASA – Su Voz Vale, 9 de noviembre de 2010, y Mary Day, Southern Arizona Legal Aid, 10 November 2010, Kat Rodriguez, Coalicion de Derechos Humanos, 10 de noviembre de 2010. 374 Entrevista de Amnistía Internacional con Montserrat Caballero, SACASA – Su Voz Vale, 9 de noviembre de 2010. 375 B. R. Clark, “The immigrant health care narrative and what it tells us about the US health care system”, 17 Annals of Health L. 229, 237 (2008). 376 Arizona Senate Bill 1405, en http://www.azleg.gov/ legtext/50leg/1r/bills/sb1405p.pdf, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 377 Legislación similar que requiere que los hospitales recaben información sobre el estatus inmigratorio de los pacientes para la colección de datos antes de dar tratamiento fue introducida en Tennessee (H.B. 0943) y Georgia (H.B. 296). Sin embargo, ninguna de las propuestas de ley fue aprobada cuando las sesiones legislativas terminaron en ambos estados. The Tennessee House Bill 0943 está en http://wapp.capitol.tn.gov/ apps/BillInfo/Default.aspx?BillNumber=HB0943, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012, y la Propuesta de Ley 286 de Georgia – Georgia House Bill 296 está en http://www1.legis.ga.gov/legis/2011_12/ sum/hb296.htm, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 378 A.R.S. §§ 1-501, 1-502. In 2011, legislación similar requiriendo prueba de ciudadania para obtener beneficios estatales fue propuesta en Pensilvania (H.B. 355) y Louisiana (H.B. 59), en http://www.legis. state.pa.us/cfdocs/billinfo/billinfo.cfm?syear=2011& sind=0&body=H&type=B&BN=0355, consultado

por última vez el 11 de febrero de 2012, Louisiana H.B. 59, en http://www.mygov365.com/legislation/ view/id/4db6708249e51bd334500a00/tab/overview/, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 379 C. Newton, “Benefits law nets illegal immigrant suspects”, The Arizona Republic, 18 de diciembre de 2009, en http://www.azcentral.com/news/election/ azelections/articles/2009/12/18/20091218desrepor ts1218.html#ixzz16nUITUfY, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 380 J. Armin, and R. Reineke, “Expanding vulnerability: Health care, well-being, and Arizona’s immigration policies” Access Denied: A Conversation on Unauthorized Immigration and Health, 2010, en http://accessdeniedblog.wordpress.com/2010/07/11/ expanding-vulnerability-health-care-well-beingand-arizona%E2%80%99s-immigration-policies%E2%80%93-julie-armin-robin-reineke/, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 381 V. Fernandez, “New Arizona law rattles immigrant community,” New American Media, 30 de noviembre de 2009, en http://news.newamericamedia.org/news/ view_article.html?article_id=0b54cfcfc7f95adfe97e2e7 d2668a037, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 382 V. Fernández, “One year later, Arizona law keeps families from getting public benefits”, New American Media, 22 November 2010, en http:// newamericamedia.org/2010/11/one-year-later-arizonalaw-keeps-families-from-getting-public-benefits.php, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012 (v. Fernández, One Year Later). 383 V. Fernández, “One year later”. 384 Texto de H.B. 56, Sec. 7, en: http://alisondb.legislature. state.al.us/acas/searchableinstruments/2011rs/bills/ hb56.htm, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 385 US v. Alabama, (11-14532), en: http://www.ca11. uscourts.gov/unpub/ops/201114532ord.pdf, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 386 Véase Triagency Letter from US Department of Health and Human Services and the US Department of Agriculture to State Health and Welfare officials, en http://www.hhs.gov/ocr/civilrights/resources/ specialtopics/tanf/triagencyletter.html, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 387 Véase, por ejemplo, B. Gotbaum, “Hurdles to a healthy baby: Pregnant women face barriers to prenatal care at City Health Centers, Office of the New York City Public Advocate, mayo de2007, en http://publicadvocategotbaum.com/policy/ documents/HurdlestoaHealthyBaby.pdf, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012; I. Hill and A. Westpfahl Lutzky, Getting in, not getting in, and why: Understanding SCHIP enrollment, Urban Institute, Assessing the New Federalism, Occasional Paper No. 66, 16 de mayo de 2003, pp8–9, en http://www.urban. org/UploadedPDF/310793_OP-66.pdf, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 388 Véase, por ejemplo, A. Yamin, “How do courts set health policy? The Case of the Colombian Constitutional Court”, PLoS Med 6(2): E1000032. Doi:10.1371/journal.pmed.1000032, citing Corte Constitucional de Colombia (2008) Sala Segunda de Revision, Sentencia T-760, 31 de julio de 2008. 389 ICESCR, Art. 12.2; Comité de la ONU Sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales – UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), Comentario General No. 14, El derecho al nivel más alto posible en el estándar de salud –The right to the highest attainable standard of health, UN Doc.E/C.12/2000/4, para4,11, en http://www.unhchr. ch/tbs/doc.nsf/(symbol)/E.C.12.2000.4.En, consultado por última vez el 11 de febrero de 2012. 390 Comité de la ONU Sobre la Eliminación de la Discriminación Racial – UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination, General Recommendation 30: Discrimination against non-citizens, 2004, para 4, en: http://www.ohchr.org/english/bodies/ cerd/comments.htm, visitado por última vez el 10 de febrero de 2012.

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